No hay que negar que la historia política de Colombia se ha desarrollado en medio de una permanente tensión, la que siempre se ha mantenido entre la guerra y la búsqueda de la paz; una situación que se presenta desde el mismo origen de nuestro Estado Social de Derecho. No se puede negar que los conflictos y la violencia, siempre han sido –desde hace muchos años– los elementos constitutivos de la identidad de nuestra nación.
Tampoco hay que desconocer que el conflicto armado se ha caracterizado por ser el más antiguo de América, el que ha dejado miles de víctimas a su paso y que la búsqueda de la paz ha sido en diferentes momentos y escenarios históricos el principal objetivo.
Indiscutiblemente la paz se constituye en uno de los más importantes anhelos históricos del pueblo colombiano, seguramente que esa fue una de las obsesiones de los constituyentes que intervinieron en la redacción de la actual Carta Magna –promulgada el 4 de julio de 1991– la misma que contiene un incólume mandato, el cual quedó condensado en su artículo 22 que nos enseña que “La paz es un derecho y al mismo tiempo un deber de obligatorio cumplimiento”.
De ahí que nuestra Constitución Nacional esté llamada a ser un tratado de paz entre los colombianos y al servicio de esa causa dedicaron una gran parte de sus esfuerzos los constituyentes que la redactaron y que ellos se hubieran empeñado en materializar ese ideal tan esquivo de la paz, en una artículo que lo objetivara en un derecho y al mismo tiempo en un deber de obligatorio cumplimiento.
Las dificultades que implican más de 70 años de violencia en Colombia reclaman que las conversaciones avancen y comiencen a producir positivos resultados, ojalá se obtengan pronto, para evitar que ese esfuerzo siga cayendo en el descrédito que ha sepultado todos los intentos anteriores.
Es por eso que la meta de Colombia tiene que ser la paz en el más riguroso sentido de lo esencial; la paz que además del abandono de las armas por parte de los diferentes grupos subversivos tanto en el campo como en las ciudades, representa la construcción de una nación libre de factores que puedan exponerla a nuevas confrontaciones de muerte y frustraciones; creemos que no hay causa más prioritaria para Colombia que un punto final a los conflictos ya conocidos.
Tal como se ha venido dilucidando en los últimos meses, ya perdieron vigencia las resoluciones que dieron vida a posibles ceses al fuego por parte de varios grupos armados que a pesar de los obstáculos existentes han dado pequeñas luces de la posibilidad de un acuerdo que se compadezca con la paz en Colombia, en aras de consolidar un verdadero proceso que ponga punto final.
Sin lugar a dudas el marco jurídico contemplado en la Carta Magna y la ley, en lo relativo al desmonte de las organizaciones criminales en Colombia, han originado un gran debate que se le agrega al de la reforma tributaria, al actual sistema de salud, la laboral, la reforma política, al desmonte de los subsidios a la gasolina, y otras muchas más, que todavía siguen en análisis y discusión.
