El 70 % de los diputados del departamento han recibido amenazas y denuncian falta de protección por parte del Estado, en medio de una creciente ola de violencia en el Catatumbo y la frontera.
En el departamento de Norte de Santander, la situación de orden público y derechos humanos se torna cada vez más crítica. La región del Catatumbo, históricamente golpeada por el conflicto armado, se enfrenta hoy a una nueva oleada de amenazas contra funcionarios públicos, líderes sociales y autoridades territoriales. En este contexto, la Asamblea Departamental ha lanzado una alerta urgente: al menos el 70 % de los diputados ha recibido amenazas por parte de grupos armados ilegales, sin contar con garantías efectivas para su protección.
El presidente de la Asamblea, Gregorio Correa, reveló que las intimidaciones se han intensificado en las últimas semanas. “Podemos hablar de un 70 por ciento de los diputados del departamento que hemos recibido amenazas, a través de nuestros celulares, diciéndonos que no hagamos presencia en algunas zonas del departamento o de la ciudad de Cúcuta, y esto es preocupante”, denunció Correa.
Estas amenazas, provenientes de distintos actores armados que se disputan el control territorial en la zona, han generado un clima de zozobra e incertidumbre, no solo para los diputados, sino también para funcionarios del Ministerio Público, líderes políticos y sociales, y comunidades enteras.
Correa aseguró que la situación fue puesta en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero la respuesta institucional ha sido, en sus palabras, “lamentable”. “Lo único que han dispuesto para los diputados es un chaleco. Con lo que está ocurriendo con la UNP, con su director y todas las denuncias de negligencia, es difícil poder avanzar en esto”, expresó el presidente de la corporación, haciendo referencia al escándalo que envuelve al actual director de la entidad, Augusto Rodríguez.
A pesar del clima de inseguridad, la Asamblea ha decidido mantener su agenda institucional. Correa anunció que se tienen programadas dos sesiones descentralizadas para el mes de junio en los municipios de Ocaña y Chinácota, aunque dejó claro que estas se llevarán a cabo solo si se garantizan condiciones mínimas de seguridad para los diputados, el gobernador William Villamizar, y los secretarios de despacho que acompañarán las jornadas.
“No queremos paralizar las funciones de la Asamblea, pero necesitamos garantías. Estamos en estudio de las condiciones de seguridad para poder seguir adelante con estas sesiones”, puntualizó Correa.
Esta situación no es aislada. En todo el departamento de Norte de Santander, líderes sociales, personeros municipales, y precandidatos han reportado amenazas similares, así como obstáculos burocráticos por parte de la UNP para evaluar su nivel de riesgo y otorgar esquemas de protección adecuados.
Uno de los casos más representativos es el del personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, quien denunció que desde hace más de cinco meses está solicitando una evaluación de riesgo debido a su presencia constante en una zona altamente conflictiva. Hasta la fecha, no ha recibido respuesta.
El creciente número de denuncias llevó a la Procuraduría General de la Nación a abrir una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por presunta omisión y demoras en la asignación y fortalecimiento de esquemas de seguridad. Las demoras, en zonas tan sensibles como el Catatumbo, la frontera con Venezuela y la provincia de Ocaña, podrían tener consecuencias fatales para quienes hoy están en la primera línea de defensa institucional.
En un país que atraviesa una coyuntura de violencia compleja, con grupos armados ilegales cada vez más empoderados en regiones estratégicas, la desprotección de los representantes democráticamente electos refleja una profunda crisis del Estado en su capacidad para garantizar derechos fundamentales.
Las advertencias de los diputados de Norte de Santander se suman a un clamor generalizado por atención, garantías y respuestas inmediatas. La falta de acción oportuna no solo pone en riesgo vidas humanas, sino que socava la institucionalidad y debilita la presencia del Estado en territorios históricamente abandonados.
Y.A.
