La Alerta Temprana 001-25 advierte sobre bloqueos, amenazas a líderes y violaciones al DIH por parte de frentes disidentes en el corregimiento de Charras Boquerón; cientos de estudiantes y docentes fueron evacuados por riesgo inminente.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 001-25 advirtiendo sobre la crítica situación que enfrenta la población del corregimiento de Charras Boquerón, en el municipio de San José del Guaviare, debido a la creciente presencia de disidencias de las Farc. Los grupos armados ilegales que actúan en esta zona pertenecen a las estructuras lideradas por alias ‘Calarcá’ y los Frentes 1 y 44 del Bloque Amazonas, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.
De acuerdo con el organismo de control, estas facciones insurgentes han venido desarrollando acciones que han derivado en bloqueos, confinamiento de civiles, y enfrentamientos armados con las Fuerzas Militares, dejando a la comunidad local —incluyendo a niños, niñas, adolescentes, y docentes— en un alto riesgo humanitario. La vereda La Paz, una de las más afectadas, permanece cerrada desde el pasado domingo 8 de junio, lo que ha provocado la suspensión de clases y la evacuación de estudiantes, quienes no han recibido la mínima atención humanitaria.
“La imposibilidad de acceso de los docentes a sus lugares de trabajo impidió el cumplimiento de la jornada académica. Esto obligó a movilizar a los menores de edad a zonas más seguras, en condiciones críticas, sin acompañamiento institucional ni garantías básicas”, advirtió la Defensoría del Pueblo.
En paralelo, el informe señala que las amenazas sistemáticas contra líderes comunitarios también se han incrementado en la zona. Los enfrentamientos con patrullas militares han derivado en la exposición directa de la población civil al fuego cruzado, situación que la entidad cataloga como “una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.
“Estos hechos constituyen violaciones al DIH, que prohíbe expresamente poner en riesgo a la población civil y utilizar su presencia para fines de guerra”, se lee en el comunicado emitido por el ente de control.
El Ministerio Público ha solicitado medidas urgentes al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para garantizar la protección de los habitantes del corregimiento, que hoy se encuentran en condiciones de confinamiento e incertidumbre ante la presencia armada. La Defensoría ha insistido en la necesidad de activar de inmediato rutas de atención humanitaria y evacuación segura para las comunidades más afectadas.
En medio de esta situación, se ha evidenciado un patrón de expansión territorial de los grupos armados ilegales, con una estrategia orientada a controlar corredores estratégicos del sur del país. Esta dinámica ha puesto en riesgo la vida, la integridad y el desarrollo de comunidades enteras, particularmente en territorios con débil presencia institucional.
La Defensoría del Pueblo también exhortó al Gobierno a convocar un diálogo urgente entre entidades territoriales y nacionales, con el fin de diseñar e implementar una respuesta coordinada y sostenible que proteja los derechos fundamentales de los habitantes del Guaviare.
“La articulación estatal es fundamental para garantizar una respuesta humanitaria integral y sostenida. No basta con operativos puntuales o declaraciones; se requieren acciones concretas que prevengan la repetición de estos hechos”, reiteró el defensor delegado para los Derechos Humanos.
Por su parte, líderes locales han expresado su preocupación por la creciente desprotección de los territorios rurales frente a la presencia de grupos armados ilegales. “El miedo se ha vuelto parte de la vida diaria. No podemos trabajar, nuestros hijos no pueden estudiar, y no hay nadie que venga a protegernos”, denunció un vocero comunitario que pidió reserva de su identidad por seguridad.
Este escenario se suma a una serie de hechos recientes atribuidos a las disidencias de las Farc, incluyendo ataques en Cali y el Cauca, y el atentado contra el senador Miguel Uribe. La Defensoría del Pueblo ha advertido que existe un patrón de violencia en expansión que exige una respuesta urgente y multidimensional por parte del Estado colombiano.
Y.A.
