Karim Sefair Calderón fue atacado a tiros tras retirar dinero de un cajero automático en un centro comercial. La Fiscalía no descarta que el crimen esté vinculado a su labor judicial.
En un hecho que ha causado conmoción en el ámbito judicial y político del país, fue asesinado en las últimas horas Karim Sefair Calderón, quien se desempeñaba como coordinador de fiscalías de la Seccional Cundinamarca. El crimen ocurrió en el municipio de Fusagasugá, cuando el funcionario salía de un establecimiento en el centro comercial Las Palmas, luego de realizar un retiro de dinero en un cajero automático.
Según versiones preliminares entregadas por fuentes de la Fiscalía General de la Nación, el ataque se habría producido alrededor de las 12:30 del mediodía. Sefair Calderón, de 49 años, fue abordado por hombres armados que le dispararon en al menos dos ocasiones, causándole heridas de extrema gravedad. Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital San Rafael de Fusagasugá, llegó al centro asistencial sin signos vitales.
Las autoridades manejan como primera hipótesis que se trató de un caso de fleteo, dado que la víctima había retirado dinero momentos antes de ser atacado. Sin embargo, esta línea de investigación no descarta que el homicidio esté relacionado con su función como fiscal especializado, dada la naturaleza sensible de los procesos que manejaba en su jurisdicción, la cual incluía Fusagasugá y la región del Sumapaz.
La Fiscalía de Cundinamarca, liderada por el investigador Hugo Andrés Infante Gómez, ya ha iniciado los actos urgentes y recopilación de pruebas para esclarecer los hechos y dar con los responsables, tanto materiales como intelectuales del crimen. “Estamos desplegando todos los recursos necesarios para identificar a los autores del homicidio. Este es un ataque directo no solo contra una persona, sino contra la institucionalidad”, señalaron desde el ente acusador.
Por su parte, la Alcaldía de Fusagasugá, a través de un comunicado oficial, lamentó el asesinato y anunció la convocatoria urgente de un consejo de seguridad. El alcalde William García ordenó a las autoridades judiciales y de Policía adelantar las investigaciones con la mayor celeridad y rigurosidad. “De manera preliminar, se pudo indagar que la persona fallecida no habría solicitado acompañamiento de las autoridades. Sin embargo, todos los detalles son materia de investigación”, señaló la administración municipal.
En ese mismo comunicado, la Alcaldía expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del funcionario asesinado. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y al equipo de trabajo que acompañó a este funcionario en su labor”, indicó.
El cuerpo de Karim Sefair Calderón será trasladado en las próximas horas a la sede de Medicina Legal en Bogotá, donde se realizarán los procedimientos forenses correspondientes. Su muerte ha generado múltiples reacciones de rechazo en redes sociales y entre sectores del sistema judicial colombiano, que demandan mayor protección para quienes enfrentan la delincuencia desde los estrados judiciales.
Este hecho pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la seguridad de los funcionarios judiciales y la vulnerabilidad a la que están expuestos, especialmente en regiones donde confluyen dinámicas delictivas como el narcotráfico, el microtráfico y el crimen organizado. La región del Sumapaz, históricamente afectada por la violencia, ha sido en los últimos años escenario de operaciones contra estructuras criminales, muchas de las cuales eran dirigidas desde los despachos que coordinaba Sefair Calderón.
La Fiscalía ha reiterado su compromiso con el esclarecimiento del caso y pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier información que permita avanzar en la investigación. «No descansaremos hasta encontrar a los responsables de este crimen. La memoria del fiscal Calderón exige justicia», afirmaron voceros del ente investigador.
Mientras tanto, la comunidad de Fusagasugá permanece en estado de alerta ante el incremento de los casos de fleteo y delitos de alto impacto. El asesinato de este alto funcionario judicial representa un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de reforzar los esquemas de seguridad en zonas urbanas intermedias y garantizar la protección de quienes luchan contra la criminalidad en Colombia.
Y.A.
