El Confis suspendió por tres años la regla fiscal mediante una figura legal diseñada para emergencias, pese al rechazo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y a las advertencias sobre el deterioro estructural de las finanzas públicas.
En una decisión que ha generado amplio debate en los círculos económicos y políticos del país, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) anunció la activación de la cláusula de escape para suspender, durante los próximos tres años, el cumplimiento de la regla fiscal. Esta determinación fue adoptada a pesar de las recomendaciones contrarias expresadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), órgano técnico que en su concepto no vinculante sugirió abstenerse de utilizar esta herramienta legal.
La cláusula de escape, contemplada en la Ley 1473 de 2011 e incorporada tras la reforma de 2021, fue ideada como un mecanismo de flexibilidad fiscal frente a eventos extraordinarios e imprevisibles, como fue el caso de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. Su activación temporal permitió en aquel momento sortear la crisis sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.
No obstante, la coyuntura actual es distinta. Para numerosos analistas, entre ellos el experto en hacienda pública Henry Amorocho, el uso de esta figura en el presente contexto carece de justificación legal y técnica. “Esta cláusula fue diseñada para situaciones inesperadas, no para atender un desequilibrio estructural como el que enfrentamos hoy”, declaró Amorocho.
El diagnóstico es preocupante: el déficit fiscal se ubica en el 6,3%, una cifra superior incluso a la registrada durante la pandemia, cuando alcanzó el 5,6%. Esta tendencia, en lugar de mostrar señales de reversión, refleja un deterioro paulatino de las finanzas públicas, en contravía del mandato constitucional que exige avanzar hacia su corrección.
Amorocho también resaltó que el país enfrenta un rezago presupuestal de 30 billones de pesos y un déficit de caja de 19 billones, según el Plan Financiero publicado el 7 de febrero. Este panorama ya era previsible, afirmó el experto, desde la elaboración del presupuesto 2025, en el que se aprobaron apropiaciones por 523 billones de pesos, pese a que los ingresos estimados se calcularon en 511 billones. La diferencia se proyectaba cubrir con una reforma tributaria que, finalmente, no logró ser aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado.
En su análisis, el economista subraya que el argumento del Gobierno tampoco encuentra sustento en el desempeño económico del país. El Producto Interno Bruto (PIB) ha mostrado señales de recuperación: creció 0,6% en 2023, ascendió a 1,7% en 2024 y se espera que alcance el 2,7% en 2025. A la par, el recaudo tributario, aunque con crecimiento moderado, continúa en alza.
“Recurrir a la cláusula de escape en este contexto no sólo es legalmente cuestionable, sino que podría agravar la situación fiscal del país”, advirtió Amorocho. En efecto, el aumento del déficit implicaría una expansión de la deuda pública, lo que elevaría el costo del crédito tanto a nivel interno como externo. Esta presión adicional se traduciría en mayores tasas de interés, afectando la inversión, el consumo y, por ende, la recuperación económica.
Las críticas a la decisión del Confis provienen también de sectores políticos, académicos y gremiales, que ven con preocupación que el Gobierno recurra a mecanismos extraordinarios para enfrentar problemas previsibles y estructurales. Según estos sectores, esta maniobra representa una forma de eludir la disciplina fiscal sin abordar de fondo las causas del desequilibrio: el desajuste entre los compromisos de gasto y la insuficiencia de ingresos permanentes.
Para algunos analistas, el mensaje que envía la activación de la cláusula de escape es negativo para los mercados y para la confianza de los inversionistas, ya que refleja una falta de voluntad política para avanzar en reformas estructurales que fortalezcan el marco fiscal del país.
Mientras tanto, queda en el aire la duda sobre si el uso reiterado de esta figura legal podría erosionar su legitimidad y transformar una herramienta excepcional en una válvula de escape recurrente ante los errores de planificación presupuestal.
En suma, la decisión del Gobierno nacional, más allá de su validez formal, plantea interrogantes sobre el manejo responsable de las finanzas públicas y el compromiso con una senda de sostenibilidad fiscal que no sacrifique el futuro por la urgencia del presente.
Y.A.
