La Superintendencia de Vigilancia detectó presuntas irregularidades en armamento, selección de personal y nexos con estructuras delictivas. Entre las empresas sancionadas figura una relacionada con el Clan Vega Daza.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión de licencias a cinco empresas de seguridad privada en Barranquilla, tras detectar graves irregularidades en sus operaciones. Según el organismo, las sanciones responden a cuatro causas principales, entre las que se destacan posibles vínculos de socios con estructuras delictivas, fallas en el control de armamento y omisiones en la selección de personal con antecedentes judiciales.
Una de las empresas más relevantes en este caso es Seguridad Privada Lost Prevention Ltda, cuyo nombre apareció en investigaciones contra el Clan Vega Daza. En marzo del año pasado, la representante legal de la compañía reconoció que tres miembros del Clan prestaron servicios a una persona protegida durante 2015 y 2016. “En ese entonces no existía ningún proceso judicial en su contra”, aseguró. También se mencionó a esta empresa en relación con Nicolás Petro, aunque su representante negó conocer al hijo del presidente Gustavo Petro.
Las otras empresas sancionadas son Maximus Seguridad Privada Ltda, Atenas Seguridad Privada Ltda, Blink Seguridad Privada Ltda y Ol Security Group Ltda. Todas mantenían una amplia operación en la Región Caribe, con un despliegue de 696 hombres en servicio, 21 vehículos y 483 armas (entre pistolas, revólveres y escopetas) en departamentos como Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena y La Guajira.
La Supervigilancia también identificó fallas en la trazabilidad de las armas, lo que podría haber facilitado su uso por parte de actores criminales. Además, se reportaron omisiones administrativas y contables, como una deuda con el Fondo de Vigilancia desde 2013 y la no presentación de estados financieros de 2019.
El organismo aseguró que estas decisiones se tomaron con base en hechos preliminares de relevancia, y advirtió que se intensificarán los controles sobre el sector, dada la creciente preocupación por la infiltración de estructuras delictivas en servicios de seguridad privada.
Y.A.
