Silencio, sospechas y un atentado: Efraín Cepeda exige respuestas al gobierno Petro por ataque contra Miguel Uribe

El presidente del Senado denuncia omisiones del Ejecutivo y un clima de odio que recuerda los años más oscuros de la violencia política. “Estos son días aciagos para la democracia”, advierte tras atentado contra Miguel Uribe.

Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD. 

En una entrevista que rápidamente ha encendido el debate político nacional, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, lanzó una severa crítica al manejo del gobierno frente al atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, cuestionando el silencio del presidente Gustavo Petro y denunciando un clima de creciente odio político que podría estar alimentando nuevas formas de violencia política en Colombia.

En conversación con el periodista y analista político Jacobo Solano Cerchiaro para Noticias con LIBERTAD, Cepeda no se guardó nada: “Estos días son aciagos para la democracia”, dijo al iniciar su intervención. Comparó la actual situación con los peores momentos del narcoterrorismo, cuando las mafias atentaban contra líderes políticos para intimidar y desestabilizar.

“Estamos viviendo los mismos momentos de cuando los narcotraficantes atentaban contra candidatos presidenciales”, lamentó. La declaración, cargada de simbolismo y temor, plantea un inquietante paralelismo con una Colombia que aún intenta cerrar heridas abiertas por la violencia política del pasado.

El atentado contra Miguel Uribe, joven senador cuya madre fue asesinada por la guerrilla, se convierte, en palabras de Cepeda, en un punto de inflexión. Y lo que más le preocupa no es solo la agresión, sino la forma en que el Gobierno Petro ha reaccionado: con silencio, con indiferencia, con un discurso que para él alimenta los extremos.

“A casi ya 23 horas de ese atentado, no tenemos un solo pronunciamiento del presidente de la República, ni de los organismos de seguridad, sobre quiénes son los responsables”, denunció con vehemencia. “Ese silencio gubernamental, a mí me parece, sin duda, casi que sospechoso”.

Pero el cuestionamiento va más allá de las declaraciones. Cepeda puso en el centro del debate a la Unidad Nacional de Protección (UNP), dirigida por Augusto Rodríguez, y señaló directamente su ineficiencia o, peor aún, una posible intención política de desproteger a figuras de la oposición política.

“No me siento seguro con nada, después de lo que sucedió con Miguel Uribe, a cualquiera de nosotros puede pasarnos”, confesó. Según Cepeda, Uribe contaba con una esquema de seguridad deficiente, con apenas dos escoltas activos, a pesar de haber solicitado reforzamiento ante la UNP, solicitud que fue negada.

Esto abre una pregunta crucial: ¿existe una política deliberada de debilitamiento de la protección a la oposición? ¿Se busca dejar expuestos a los contradictores del gobierno actual? Aunque Cepeda evita afirmarlo de manera directa, deja la duda sembrada con fuerza.

“Sé que han intentado quitarle la seguridad a otros congresistas muy expuestos y a presidentes de partidos”, afirmó. “Que nos digan a qué juegan”. Un llamado urgente a que las instituciones estatales cumplan su función de proteger a todos los ciudadanos, sin distinción ideológica.

La entrevista también abordó el papel del presidente Petro en la creación de un ambiente político enrarecido. Cepeda fue enfático al señalar que “este discurso de odios es el que nos está llevando a los hechos violentos”. Para el senador, el uso de una retórica confrontacional y constante estigmatización del adversario genera un entorno propicio para la agresión física.

“Petro nos ha graduado de enemigos todo el tiempo, twittea contra nosotros, ¿quién es el próximo?”, se preguntó con una mezcla de angustia y advertencia. La frase encierra no solo una denuncia sino también un grito de alarma ante un contexto que se vuelve cada vez más hostil para quienes se oponen al Ejecutivo.

La polémica también se intensificó cuando Cepeda criticó al mandatario por dedicar parte de su discurso a defender al presunto atacante, a quien calificó como “el niño asesino”. “Niño que para mí no tiene cara de niño, parece mayor de edad y la manera como accionó esa pistola demuestra mucha destreza”, expresó con dureza.

Esta intervención sugiere una desconfianza profunda hacia la narrativa oficial y plantea dudas legítimas sobre la veracidad de la versión inicial entregada por las autoridades.

Cepeda también cuestionó el manejo comunicacional del gobierno: “¿Cómo así que luego ya de 23 horas no hay ningún resultado que el Gobierno Nacional pueda decirle a los colombianos?”. Exige no solo resultados, sino una actitud clara, firme y transparente por parte del Estado.

Cuando Solano le preguntó directamente si cree que hay un plan del gobierno para eliminar a la oposición, Cepeda no dio una afirmación categórica, pero sí dejó entrever que la situación es extremadamente grave: “No me iría a ese extremo, pero me parece que hay omisiones… y que realmente no les duele lo que ha sucedido”.

En este contexto, las preguntas que quedan abiertas son muchas y todas inquietantes: ¿Por qué no se ha aclarado quiénes estuvieron detrás del atentado? ¿Qué papel juegan las declaraciones del presidente en la escalada de violencia política? ¿Por qué la UNP desatendió los pedidos de refuerzo para Miguel Uribe? ¿Cuántos más podrían estar en la mira?

La situación ha generado una ola de reacciones. Desde distintos sectores se ha pedido que el gobierno se pronuncie, que se investigue a fondo y que se garantice la seguridad de todos los actores políticos. Pero más allá de las respuestas oficiales que puedan llegar, lo cierto es que el clima de crispación política en Colombia ha alcanzado un nuevo nivel.

Efraín Cepeda no es cualquier senador. Es el presidente del Congreso, un actor clave en el equilibrio institucional del país. Sus palabras, lejos de ser solo una opinión, tienen el peso de quien representa uno de los tres poderes del Estado. Y su denuncia, por tanto, no puede ser ignorada ni minimizada.

Lo que plantea Cepeda no es solo una crítica al gobierno de turno; es una advertencia sobre el rumbo que está tomando la nación. Es una señal de alarma sobre la erosión de las garantías democráticas, la normalización del odio como estrategia política y la pérdida de los mínimos consensos que hacen posible la convivencia en un Estado de derecho.

Si el ataque contra Miguel Uribe queda en la impunidad, si el Estado no reacciona con firmeza, si el presidente sigue alimentando un discurso polarizante, Colombia podría estar entrando en un nuevo ciclo de intolerancia y violencia política, del que costará mucho salir.

El país exige respuestas. Pero también exige mesura, responsabilidad y liderazgo. Porque, como advirtió Efraín Cepeda, aquí no se trata solo de proteger a un senador: se trata de proteger la democracia colombiana.

Y.A.