Cuando ya han transcurrido tantos años del ejercicio democrático de la elección popular de alcaldes se deberían estar produciendo gobiernos municipales transparentes, no que den muestras de su incapacidad para manejar los destinos de sus municipalidades, como ocurre en la mayoría, cuyo alto porcentaje de su población padece de las más elementales necesidades básicas insatisfechas.
El programa de gobierno que obligatoriamente deben aportar los candidatos en el acto de inscripción ante la Registradora Nacional del Estado Civil, se convierte en “letra muerta” porque no existe un procedimiento que los obligue a su cumplimiento, ni durante su gobierno ni al final de este.
Es importante que por mandato de la ley o voluntariamente –que sería lo ideal– los alcaldes municipales den cuenta a la ciudadanía, sobre la gestión que vienen desarrollando durante lo que va corrido de su mandato.
Consideramos que un mecanismo muy apropiado es que estos funcionarios presenten los correspondientes balances cada seis meses, para que así exista claridad en la ciudadanía respecto a la manera como están invirtiendo los dineros aportados por los contribuyentes durante los cuatro años de sus mandatos.
Cada vez que aparece un informe en torno al mal funcionamiento de algunas administraciones municipales –lo cual ocurre con mucha frecuencia– la ciudadanía no deja de pensar que algo no está funcionando en el mecanismo de la elección popular de alcaldes.
Las malas actuaciones administrativas de muchos alcaldes municipales –no todos– conducen es al despilfarro de los recursos que termina siendo asumido por los contribuyentes, por eso se hace necesario que los ciudadanos sepan con claridad y con cifras exactas cuáles fueron los costos de su decisión el día de su elección; esto conlleva a la inevitable necesidad que algunos alcaldes de municipios del Atlántico, de otros departamentos de la Costa y de Colombia, den a conocer sus balances, para que los contribuyentes se enteren en qué se gastaron los dineros aportados por el pago de los impuestos.
Es inconcebible que ya avanzado el tercer milenio todavía encontremos muchos municipios en la Región Caribe, que carecen de los más elementales servicios básicos y en donde sus habitantes viven en las más paupérrimas condiciones, en medio de toda clase de necesidades, sin que se vislumbre la más mínima posibilidad de solución para sus múltiples problemas.
Lamentablemente esa es la radiografía social que se puede observar con toda claridad en el sector rural de muchos municipios que de manera ancestral han padecido de un inquietante olvido de las administraciones municipales.
En todos estos años nos han mostrado: o que la mayoría de los alcaldes municipales no tienen preparación para ejercer el cargo, o que son unos inescrupulosos especializados en el ‘tape tape’ de los entuertos de su antecesor, por aquello de que pertenecen al mismo grupo político.
Las cifras de alcaldes encartados con la justicia en Colombia son contundentes; en cada cuatrienio, más del cincuenta por ciento de alcaldes han tenido que responder ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, por sus actos ilegales, muchos de ellos han cometido errores inducidos por sus más inmediatos colaboradores, que hacen parte de los mandos medios y por eso se les denuncia, pero otros han actuado por su propia iniciativa.
Lo malo de los electores es que repiten sus equivocaciones el día de las elecciones, porque no existe un procedimiento que obligue a los alcaldes a la entrega de balances que permitan establecer en qué invirtieron los dineros aportados por los contribuyentes durante su mandato.
