El presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez, advirtió que la decisión del Gobierno de suspender por tres años la regla fiscal pone en riesgo la economía colombiana, mientras la Contraloría cuestiona la falta de fundamentos técnicos para activar la cláusula de escape.
El anuncio del Gobierno Nacional de suspender la regla fiscal por tres años ha encendido las alarmas entre los gremios económicos del país y los organismos de control. El presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, confirmó que el gremio se encuentra en la etapa inicial de análisis para evaluar una posible acción legal contra el Ejecutivo, una decisión que se tomaría ante lo que consideran una medida irregular, injustificada y riesgosa para la estabilidad económica del país.
Según Sánchez, esta suspensión se hizo mediante la activación de la cláusula de escape, una herramienta legal prevista para momentos de crisis excepcionales, como la pandemia de COVID-19. Sin embargo, tanto el dirigente gremial como la Contraloría General de la República han señalado que no existen condiciones extraordinarias que justifiquen el uso de esta figura en la coyuntura actual.
“El impacto de esta decisión puede ser profundamente negativo. Se nos van a encarecer los créditos, nos van a bajar las calificadoras de riesgo nuestra calificación, y esto hace que el sector productivo, sin hacer nada malo, pierda rentabilidad”, explicó Sánchez.
El dirigente insistió en que medidas de este calibre no pueden tomarse de forma unilateral. “Esto debía ser tramitado a través del Congreso de la República, que es el que debe tomar decisiones tan importantes como esta”, sostuvo, cuestionando la legalidad del procedimiento seguido por el Gobierno.
¿Qué es la regla fiscal y por qué importa tanto?
La regla fiscal es una norma de carácter legal y técnico que establece límites al déficit fiscal y al endeudamiento público del Estado. En Colombia, fue consagrada en la Ley 1473 de 2011, y reformada en 2021, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y prevenir crisis fiscales que afecten a toda la economía.
Esta regla actúa como un mecanismo de autocontrol del gasto público, obligando al Gobierno a mantener el equilibrio entre ingresos y egresos. En otras palabras, impide que el Estado gaste mucho más de lo que recauda o que recurra constantemente al endeudamiento desbordado para financiar su funcionamiento.
El cumplimiento de la regla fiscal ha sido un factor clave en la estabilidad macroeconómica del país. Gracias a ella, Colombia ha logrado mantener una buena reputación ante los mercados internacionales, lo que se traduce en tasas de interés más bajas, mejor acceso al crédito externo y confianza de los inversionistas. Romper con esta norma podría tener consecuencias de largo alcance.
Una cláusula de escape para momentos de crisis… pero sin crisis
Dentro del marco de la ley, la cláusula de escape permite al Gobierno apartarse temporalmente del cumplimiento de la regla fiscal en caso de eventos extraordinarios. Ejemplos de ello pueden ser catástrofes naturales, crisis económicas severas o emergencias sanitarias como la del COVID-19, que justifiquen un aumento inusual del gasto público.
No obstante, en el caso actual, no se ha declarado ninguna crisis que amerite este desvío. Aunque la economía enfrenta desafíos como la inflación o el bajo crecimiento, no hay un evento externo de magnitud catastrófica que legitime el uso de la cláusula.
Desde el punto de vista del contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, la decisión es técnicamente insostenible. “Desde la Contraloría General de la República no hallamos los suficientes soportes, fundamentos y condiciones exógenas que ameriten esa decisión tomada por el Gobierno Nacional”, expresó.
Rodríguez también señaló que la entidad venía advirtiendo sobre los riesgos fiscales desde los presupuestos de 2023 y 2024, y que dichas observaciones hoy se reflejan en el escenario fiscal proyectado para 2025.
Tres factores preocupantes para la sostenibilidad
El contralor fue enfático al enumerar tres decisiones recientes del Gobierno que, combinadas, podrían tener efectos nocivos en las finanzas públicas:
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Suspensión de la regla fiscal.
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Anticipo del impuesto de renta a empresas.
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Ausencia de recortes presupuestales, especialmente en gastos de funcionamiento.
“Son tres circunstancias prácticamente contrarias a lo que hemos manifestado: el cumplimiento de la regla, el recorte presupuestal y la reducción del gasto público, especialmente en los gastos de funcionamiento”, dijo Rodríguez.
Además, subrayó que la ejecución del presupuesto debe priorizar la inversión pública —que impulsa la reactivación económica—, sin dejar de lado la necesidad de restringir los gastos de funcionamiento, es decir, aquellos destinados a nómina, burocracia y operación administrativa del Estado.
Consecuencias de una decisión polémica
Suspender la regla fiscal tiene implicaciones concretas en diferentes frentes. En el corto plazo, puede significar una mayor libertad para gastar, pero en el mediano y largo plazo puede deteriorar la calificación crediticia de Colombia, que ya se encuentra bajo observación por parte de agencias como Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s.
Un país con menor calificación paga intereses más altos para financiar su deuda. Esto implica que una mayor porción del presupuesto se destina al servicio de la deuda, en detrimento de la inversión social y en infraestructura. Además, los inversionistas internacionales podrían optar por retirar sus capitales ante un aumento del riesgo país, lo que afectaría la tasa de cambio y la estabilidad financiera.
El presidente del Consejo Gremial también advirtió sobre los efectos que esto tendría para el sector privado: “El sector productivo pierde rentabilidad sin haber cometido errores, porque el costo del dinero va a subir para todos: Estado, empresas y ciudadanos”.
¿Qué está en juego?
Más allá de los tecnicismos fiscales, la controversia por la suspensión de la regla fiscal pone en tela de juicio la seriedad con la que el Gobierno maneja las finanzas del país. La reputación fiscal no se construye de la noche a la mañana, sino que es el resultado de años de disciplina, reformas estructurales y decisiones responsables.
Romper esa trayectoria no solo pone en riesgo los equilibrios macroeconómicos, sino también la percepción internacional de Colombia como un país comprometido con las reglas de juego. Recuperar la confianza perdida puede tardar años y exigir sacrificios mucho mayores que los que se intentan evitar ahora.
Para Camilo Sánchez, el daño institucional es uno de los elementos más preocupantes. “Cuando usted hace una norma, tiene que ver cuál es el impacto que tiene sobre la economía y sobre la sociedad. En este caso específico, lo que estamos viendo es que es más negativo que positivo”, afirmó.
El Consejo Gremial avanza ahora en la preparación de un estudio técnico y legal para determinar las implicaciones de la medida y, si es del caso, interponer una demanda ante las instancias judiciales correspondientes.
Un llamado a la prudencia fiscal
El debate sobre la suspensión de la regla fiscal se inscribe en un contexto más amplio de preocupación por la sostenibilidad del gasto público. La disciplina fiscal es una herramienta clave para proteger a las futuras generaciones, asegurar la inversión y mantener la estabilidad social.
Aunque los desafíos económicos son reales y requieren soluciones flexibles, estas no pueden implicar el abandono de las normas que han permitido al país enfrentar con éxito las crisis pasadas. La cláusula de escape no puede convertirse en una puerta trasera para la improvisación fiscal.
La discusión, por tanto, no es solo legal o contable. Es una discusión sobre el modelo de desarrollo que Colombia quiere seguir, sobre la confianza que el Estado inspira en sus ciudadanos e inversionistas, y sobre el respeto a las instituciones democráticas.
Y.A.
