Ataque a Miguel Uribe: menor habría recibido transferencia por Nequi minutos antes, dice Petro

El presidente denunció infiltraciones en la Policía Nacional y narró que el menor de 14 años, presunto autor del ataque, rondó por más de 4 horas la zona antes de disparar contra el senador Uribe Turbay.

Las revelaciones del presidente Gustavo Petro sobre el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay han generado una nueva ola de debate en la opinión pública. En una extensa publicación realizada en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el jefe de Estado detalló aspectos inéditos del caso, destacando que el menor de edad, señalado de perpetrar el ataque, solicitó una transferencia de 3.500 pesos por Nequi minutos antes de accionar el arma.

El ataque se produjo el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá, cuando un joven de 14 años disparó contra el congresista. Desde entonces, las autoridades han avanzado en la investigación, pero han surgido versiones contradictorias y señalamientos que complican aún más el esclarecimiento del hecho.

Uno de los puntos más controvertidos es el contenido de un supuesto chat hallado en el celular del menor. Algunos medios lo vincularon directamente con el atentado; sin embargo, Petro desmintió categóricamente esta versión. “Lo que manejó un medio acerca de un chat del celular del niño/asesino, es absoluta mentira: el chat tiene que ver con una banda de Medellín que iba a hacer un atraco ese día”, aseguró el mandatario.

El presidente también reveló que el adolescente permaneció por más de cuatro horas rondando el parque donde se encontraba Uribe Turbay, lo cual fue registrado por cámaras de seguridad. “Llegó en moto, habló con gente en una camioneta”, relató Petro, insinuando que podría tratarse de un acto premeditado con posibles cómplices aún no identificados.

Uno de los datos más impactantes compartidos por el presidente fue la solicitud del joven para que le consignaran 3.500 pesos a Nequi, algo que, aunque parece un detalle menor, podría dar pistas sobre la forma de operar de estos jóvenes sicarios y la posible existencia de una estructura detrás del ataque. “Efectivamente tenía un celular, en donde pidió a alguien que le consignaran por Nequi. Es posible que pudo entregar su celular antes del atentado, pero es hipótesis”, puntualizó.

Petro aprovechó también su intervención para denunciar nuevamente que el esquema de seguridad de Miguel Uribe había sido reducido recientemente, y lanzó una grave acusación: la Policía Nacional está fuertemente infiltrada, sin precisar si esa supuesta infiltración tendría alguna conexión con este atentado.

El mandatario manifestó además su preocupación por el estado del joven capturado, quien, según dijo, fue golpeado violentamente por civiles antes de ser detenido. “He ordenado que se le cuide al máximo, porque fue capturado relativamente bien, pero durante la captura fue golpeado y llegó fue a UCI”, explicó, asegurando que se deben respetar los derechos del menor, incluso en el marco de un hecho tan condenable.

En medio de la controversia, Petro también expresó su apoyo a la víctima del atentado: “Yo quiero y he pedido a todo el gobierno y simpatizantes que piensen al máximo en el bienestar del senador Miguel Uribe. Quiero que viva, se abrace con su familia y ayudo con eficiencia en saber quiénes son los autores del atentado”, afirmó.

La declaración del presidente, aunque respaldada por algunos sectores que valoran la transparencia con que ha manejado la información, también ha generado críticas, especialmente por quienes consideran inapropiado que detalles tan específicos del caso sean difundidos públicamente mientras la investigación sigue su curso.

Entretanto, las autoridades continúan recabando pruebas que permitan esclarecer el contexto del atentado, identificar a los autores intelectuales —si los hay— y garantizar que hechos como este no se repitan en medio de una creciente tensión política de cara a los próximos comicios presidenciales. La ciudadanía, por su parte, observa con preocupación cómo la violencia vuelve a irrumpir en el escenario electoral colombiano, esta vez con el uso de menores de edad como sicarios, un fenómeno que evidencia la urgente necesidad de una política pública integral en materia de seguridad y prevención del delito juvenil.

Las próximas semanas serán clave para determinar si las hipótesis del presidente se confirman y si las instituciones del Estado estarán a la altura de garantizar justicia en uno de los episodios más delicados del presente ciclo político.

Y.A.