Andrés Julián Rendón cuestionó la asignación de escoltas a personas que no los necesitan, mientras figuras en riesgo como Miguel Uribe Turbay enfrentan atentados. Gobernadores exigen medidas al Gobierno para proteger la institucionalidad y frenar el uso de menores en la violencia.
En medio de la creciente tensión por los hechos de violencia política en Colombia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó un contundente llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que se revisen con urgencia los esquemas de seguridad de varios funcionarios públicos, incluidos mandatarios regionales. El mandatario antioqueño cuestionó que actualmente existen numerosas personas, a quienes calificó como «corbatas», que gozan de protección oficial sin estar realmente en riesgo, mientras otras, expuestas a peligros reales, no cuentan con la protección necesaria.
“Hay personas que no requieren escoltas, pero los tienen, y otras que sí lo necesitan, están en total desamparo frente a la grave situación de orden público que vive el país”, afirmó Rendón. Sus declaraciones se dieron tras el reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá, hecho que ha encendido las alarmas sobre la necesidad de reforzar la seguridad de líderes políticos.
Rendón fue enfático al señalar el caso de Uribe Turbay, quien, según el gobernador, cuenta con un esquema de seguridad robusto desde hace más de 15 años, aunque esto no fue suficiente para evitar el ataque. «Es momento de mantener la sensatez y la mesura, incluso en medio de las investigaciones que se adelantan por lo ocurrido con el senador», agregó el mandatario departamental, en un llamado a la calma institucional.
El pronunciamiento de Rendón fue respaldado en el marco del más reciente encuentro de la Federación Nacional de Gobernadores, en el que los mandatarios departamentales expresaron un rechazo unánime al atentado perpetrado contra el senador Miguel Uribe Turbay. En un comunicado conjunto a la opinión pública, los gobernadores manifestaron su solidaridad con Uribe y su familia, y elevaron oraciones por su pronta recuperación.
“El país no puede tolerar este tipo de ataques. Exhortamos a todos los colombianos, especialmente a los funcionarios públicos y actores políticos, a asumir con responsabilidad y respeto un diálogo de país donde el centro sea la unidad institucional”, expresa el comunicado oficial, que reitera el compromiso de los gobiernos regionales con la defensa de la democracia y la institucionalidad.
La preocupación no se limita solo a los esquemas de seguridad. En el mismo comunicado, los mandatarios hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que implemente medidas efectivas que impidan el uso de menores de edad en actos de violencia. Los gobernadores advierten sobre la creciente preocupación por la instrumentalización de la niñez por parte de estructuras criminales, una situación que, aseguran, socava profundamente el tejido social del país.
El tema de los esquemas de protección ha sido objeto de múltiples controversias en el pasado. La UNP ha enfrentado críticas por presuntos abusos en la asignación de escoltas, así como por la falta de respuesta oportuna ante amenazas verificadas. El caso de Uribe Turbay vuelve a poner en la agenda pública la necesidad de evaluar y depurar los esquemas existentes, garantizando que quienes realmente se encuentren en riesgo cuenten con medidas adecuadas y eficaces.
La seguridad de los líderes políticos, en especial en contextos electorales y de polarización creciente, no solo es una cuestión de protección personal, sino de garantía para el ejercicio democrático. Los recientes hechos violentos, sumados a amenazas e intimidaciones reportadas en distintos puntos del país, obligan a repensar las estrategias de seguridad desde un enfoque integral y no clientelista.
La solicitud del gobernador Rendón y el respaldo de la Federación de Gobernadores configuran una voz de alerta institucional que exige respuestas concretas. Es imperativo, afirman, que el país priorice la protección de la vida y la garantía de los derechos civiles y políticos, frente a cualquier otro interés.
Mientras tanto, sectores como el Partido Conservador también han elevado su voz para exigir garantías de seguridad en el marco del diálogo con el Gobierno Nacional, una demanda que se suma a la creciente presión sobre las autoridades para responder de manera contundente ante el deterioro del orden público.
En un clima donde la reconciliación y la desescalada de la violencia política se presentan como caminos urgentes, la revisión de los esquemas de seguridad, la protección de los menores y el respeto al debate democrático aparecen como elementos inaplazables para garantizar la estabilidad del país.
Y.A.
