La Procuraduría abrió investigación contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por presuntas omisiones en la seguridad de Miguel Uribe, víctima de un atentado. Familia del senador también denunció ante la Fiscalía.
Las alarmas se encendieron en el espectro político colombiano luego de que la Procuraduría General de la Nación decidiera abrir una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La decisión se toma tras el atentado sicarial sufrido por el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, ocurrido el pasado sábado durante un evento político, donde recibió varios impactos de bala y debió ser internado en la Clínica Santa Fe.
La Procuraduría, bajo la dirección de Gregorio Eljach, ha iniciado el proceso contra Rodríguez por presuntas omisiones en el cumplimiento de sus funciones relacionadas con la seguridad del dirigente del Centro Democrático. Este paso se da tras múltiples advertencias hechas por la colectividad sobre los riesgos que enfrentaban sus líderes y la aparente indiferencia institucional ante estos llamados.
Según informó el órgano de control en un comunicado oficial difundido este lunes, Gabriel Jaime Vallejo, director nacional del partido, había solicitado desde 2023 a la UNP una revisión y fortalecimiento urgente de los esquemas de protección para todos sus líderes políticos. Sin embargo, al parecer, “no se atendieron dichos requerimientos”, lo que habría dejado expuesto a Uribe y a otros miembros del partido.
En este sentido, la Procuraduría indicó que con el auto de apertura de investigación se solicitarán pruebas a la UNP para determinar con claridad qué medidas se adoptaron en favor de Miguel Uribe antes del atentado. El objetivo es establecer si existió una negligencia institucional que haya permitido la vulnerabilidad del senador, hoy convaleciente tras el ataque.
A la par de esta investigación disciplinaria, la familia de Uribe también presentó una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de Rodríguez, sustentada en las omisiones identificadas por el Ministerio Público. La acción fue anunciada por el abogado Víctor Mosquera, quien representa a la familia y estuvo presente esta mañana en la clínica donde se encuentra el senador.
Mosquera reveló que en 2023, la propia UNP determinó que Uribe requería un esquema de seguridad extremo, pero esa calificación no fue actualizada ni fortalecida en 2024, pese a que desde octubre era candidato oficial a la Presidencia de la República. “Esto es muy grave, porque tenemos que investigar si fue por omisión que sucedieron estos hechos”, advirtió el jurista.
El abogado también criticó la falta de respuestas efectivas por parte de la entidad. “Desde el 5 de junio del presente año se sabía que al candidato había que reforzarle la seguridad. Lo más grave es que simplemente recibía respuestas de copy y paste de todo lo que le habían contestado antes”, enfatizó Mosquera.
Estas declaraciones reafirman la gravedad de la situación y colocan en entredicho el papel de la UNP como garante de la seguridad de los líderes políticos en Colombia, especialmente en contextos electorales tan polarizados como el actual.
Rodríguez, quien ha sido una figura cercana al gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta ahora un proceso disciplinario que podría impactar tanto su futuro político como la imagen del Ejecutivo, debido a las altas responsabilidades de su cargo y su proximidad al poder.
El caso ha generado un amplio debate nacional sobre la eficacia y la transparencia de la UNP, además de reabrir cuestionamientos sobre la selectividad política con la que se otorgan y refuerzan los esquemas de protección. Desde diferentes sectores, incluso algunos ajenos al Centro Democrático, se ha pedido una revisión estructural de la entidad y una investigación a fondo que permita establecer responsabilidades individuales.
Mientras tanto, la salud de Miguel Uribe sigue siendo monitoreada por los médicos en la Clínica Santa Fe, donde permanece en recuperación. Su equipo político ha manifestado su intención de continuar con la campaña presidencial, pero exigieron garantías claras y eficaces para que el atentado no se convierta en una señal de impunidad o desprotección estatal frente a la violencia política.
La apertura de esta investigación por parte de la Procuraduría marca un precedente importante, y pone en el centro del debate la responsabilidad institucional frente a la protección de la vida de los líderes políticos, especialmente en momentos de alta tensión democrática.
Y.A.
