Confeincol, la CCI, el Consejo Gremial Nacional y Analdex coinciden en que la violencia política se alimenta desde el poder con discursos ofensivos y polarizantes. Exigen protección para todos los candidatos.
El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha despertado una oleada de rechazo desde distintos sectores gremiales del país. Las principales asociaciones empresariales y de infraestructura han levantado su voz para condenar lo ocurrido y advertir sobre los efectos destructivos que pueden tener los discursos de odio y la polarización política en un contexto preelectoral tan delicado como el actual.
La Confederación Intergremial Colombiana (Confeincol) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) manifestaron de manera contundente su rechazo al ataque, relacionándolo directamente con el ambiente político que, según ellos, ha sido alimentado por mensajes de confrontación e intolerancia.
En un comunicado emitido por la CCI, se aseguró que el atentado “representa no solo un riesgo para la vida del precandidato, sino también una afrenta contra la democracia, el pensamiento diverso y el libre ejercicio político”. Además, advirtieron que lo ocurrido deja al descubierto “las profundas rupturas que por estos días vive la Nación”, subrayando la necesidad de que se privilegie el debate plural y el respeto mutuo.
La CCI también aprovechó su pronunciamiento para hacer un llamado al gobierno nacional con el fin de reforzar las medidas de protección para todos los aspirantes presidenciales, dado el actual clima de inseguridad que afecta directamente el proceso democrático.
Por su parte, Confeincol se sumó a las voces que exigen acciones contundentes frente a estos hechos. La entidad instó a defender la institucionalidad, la libertad de expresión y la seguridad nacional, y vinculó el atentado a un entorno crecientemente hostil. “La violencia genera violencia y es el momento para que quienes pretenden doblegar al país por las armas y el terror, cesen en su intento. Colombia es grande y los colombianos sabremos sobreponernos frente a quienes quieren el caos y la destrucción”, indicaron.
Ambos gremios coincidieron también en la necesidad de un esclarecimiento urgente de los hechos por parte de las autoridades, subrayando que la institucionalidad debe garantizar la vida y la integridad de todos los actores políticos, sin distinción alguna.
En línea con estas declaraciones, el Consejo Gremial Nacional expresó su “más enérgico rechazo y profunda preocupación” por el atentado. En su pronunciamiento, advirtió que este tipo de actos violentos “no solo atenta contra la vida de un líder político, sino que representa una grave amenaza a la democracia, al libre ejercicio de la política y a la seguridad de todos los candidatos que participan en el actual proceso electoral”.
El Consejo Gremial fue aún más incisivo al señalar responsabilidades en el ámbito presidencial. “Condenamos enfáticamente los discursos ofensivos, violentos y polarizantes que el Presidente de la República ha venido promoviendo, y que alimentan un clima de odio, intolerancia y división en la sociedad”, señalaron sin ambigüedades.
En la misma línea, el presidente de Analdex, Javier Díaz, respaldó la posición de los otros gremios y subrayó que el uso de un lenguaje violento desde las altas esferas del poder ha contribuido a un entorno político inestable. “El uso de un tono ofensivo por parte del gobierno abre espacio para que se normalicen agresiones en el escenario político”, afirmó.
Las declaraciones coinciden en que este tipo de violencia no debe ser tratado como un hecho aislado, sino como una manifestación del deterioro institucional y del peligroso aumento de tensiones promovidas desde el liderazgo político.
En este sentido, las organizaciones gremiales no solo rechazaron el atentado contra Miguel Uribe, sino que también lanzaron una advertencia colectiva sobre los riesgos que representa permitir que el discurso oficialista se mantenga en una línea de confrontación directa con la oposición.
El mensaje es claro: la democracia colombiana está en juego, y su defensa requiere no solo de investigaciones rápidas y eficaces, sino de un compromiso real por parte del gobierno nacional para bajar el tono de sus intervenciones públicas y garantizar un clima de respeto, seguridad y pluralismo en el país.
Y.A.
