Por JOSÉ G. MEJÍA J.
“¡Lo logró!”, exclamó con alivio María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe, tras confirmar que la compleja cirugía a la que fue sometido en la madrugada de hoy había finalizado con éxito. Hizo un llamado a la oración nacional y pidió acompañar la lucha por la vida de su esposo. Las próximas horas, advirtió Tarazona, serán determinantes. Uribe recibió tres disparos, dos en la cabeza y uno en la pierna.
Cuando la estigmatización política vulnera derechos fundamentales
Petro podrá decir que “condena la violencia”. Pero no basta con lamentos oportunistas. La palabra la convirtió en arma, la usa como herramienta de violencia, la carga de odio, la deforma hasta volverla resentida. Infunde agresividad al lenguaje y lo instrumentaliza para autovictimizarse, sin responderle a nadie a pesar de las diferentes, inhumanas y delicadas acusaciones que ponen en riesgo personas, colectivos, empresas y agremiaciones
El odio no mata solo. Lo hace en compañía de la palabra. Lo hace después de muchos discursos, de muchas estigmatizaciones, de muchas veces repetir que el otro no es solo adversario, sino enemigo. Eso es lo que ha pasado en Colombia bajo el mandato de Gustavo Petro. Y hoy tenemos a un joven (39 años), senador y precandidato a la presidencia, Miguel Uribe, entre la vida y la muerte por atreverse a pensar diferente cuyo supuesto sicario capturado se llama Juan Sebastián Rodríguez Casallas con solo 14 años de edad.
Miguel Uribe en una UCI y Petro en X (Twitter), manifestando odio
Mientras el senador lucha por su vida tras un atentado, Gustavo Petro ataca su linaje: “¿El nieto de un presidente que ordenó torturas hablando de ruptura institucional?”
No es solo insensibilidad. Es violencia simbólica sicopática, es decir no siente el dolor ajeno. Su lema, definitivamente es Colombia potencia mundial de la muerte. Tenemos un Presidente de Colombia que es un incendiario digital sin alma.
El verbo como arma de persecución política
La retórica del presidente no ha sido accidental. Ha sido sistemática, personalizada y violenta. Ha comparado a sus opositores con parásitos, los ha llamado “pelagatos codiciosos”, “chusma”, “bastardos de Bolívar”. Ha acusado a la prensa de ser parte de una conspiración del «Mossad». Ha tachado a congresistas de «enemigos del pueblo» y ha gritado que “no pasarán”, mientras desde su cuenta oficial incendia cada día las redes sociales contra todo aquel que no se arrodille.
La misoginia política. Mujeres con voz, blanco de ataques y Miguel Pinto.
No es coincidencia que los miembros de la Comisión Séptima del Senado, que votaron en contra de su reforma laboral, hayan sido objeto de campañas de desprestigio. Angélica Lozano, senadora verde y aliada crítica, denunció haber sido hostigada con recursos públicos. María Jimena Duzán, Vicky Dávila, María Andrea Nieto, y otras mujeres periodistas han sido vilipendiadas en redes sociales tras ser estigmatizadas directamente por el presidente. A todas ellas se les ha atacado no solo por sus ideas, sino por ser mujeres con voz.
La senadora Nadia Blel fue acosada frente a su casa por simpatizantes del gobierno tras votar en contra de la reforma a la salud. Plantones hostiles, gritos e intimidación rodearon su espacio familiar. Ella misma denunció: “No es democracia cuando te rodean la casa por pensar distinto.”
Por su parte, el senador Miguel Ángel Pinto fue señalado por el propio presidente como “traidor al pueblo trabajador” y, de forma aún más grave, responsabilizado simbólicamente de la muerte de un militante: “a Alberto lo matan por Pinto”. Ambos casos revelan cómo desde el poder se ha convertido la disidencia política en blanco de escarnio público, estigmatización y riesgo físico.
Los señalamientos internacionales que Petro ignora
Lo han denunciado la FLIP, Reporteros Sin Fronteras, la SIP, la Defensoría del Pueblo, el Círculo de Periodistas de Bogotá, y hasta Human Rights Watch: el presidente Petro no gobierna, arenga. No protege: señala. No lidera: divide. Ha atacado al Congreso, al Consejo de Estado, a la Procuraduría, a la prensa, a la Registraduría, a los sindicatos independientes que no marchan con él, a las Cortes, a exministros, gobernadores y alcaldes en ejercicio. Cada institución y persona que no se somete, es enemiga.
El veneno del lenguaje: constante psicológica del discurso estigmatizante de Petro
Los más de 30 calificativos estigmatizantes que Gustavo Petro ha usado contra opositores, periodistas, empresarios, instituciones y ciudadanos no son improvisados. Siguen un patrón psicológico claro que responde a una lógica de confrontación radical. Estos son los cinco ejes centrales:
Deshumanización del otro
Adjetivos como “parásitos”, “vampiros del erario”, “sicarios morales” o “neonazis criollos” no se limitan a criticar ideas, sino que niegan la condición humana del otro. Así se justifica su exclusión y hostigamiento. El adversario es presentado como una plaga o amenaza biológica, no como un ser humano con derechos.
Moralización del conflicto
Términos como “cómplices del genocidio social”, “guardianes de privilegios” o “sociópatas del poder” convierten el debate en una lucha entre el bien y el mal. No hay críticos legítimos: solo traidores al pueblo. Esta moralización radical impide cualquier diálogo democrático.
Agresividad simbólica sostenida
La constante repetición de insultos tiene un propósito: erosionar la legitimidad del contradictor y mantener el conflicto encendido. Psicológicamente, esto fortalece la conexión emocional entre el líder y sus seguidores, al compartir un enemigo común.
No se puede descartar, además, una hipótesis aún más perturbadora: que desde gobiernos extranjeros aliados —como Cuba, Rusia, Venezuela, Irán y Nicaragua se aliente o respalde un proceso de desestabilización institucional para justificar una conmoción interior en Colombia. El caos no sería entonces un efecto colateral del desgobierno, sino una pieza premeditada del guión. La victimización del poder, los llamados a la calle, la persecución a la oposición y los discursos de enemigo interno convergen en un escenario alarmante: un país empujado al abismo por quienes deberían sostenerlo. ¿Ese es el camino que nos espera? ¿Una democracia deshecha para justificar su reemplazo por un régimen de fuerza?
Colombia aún está a tiempo de responder democráticamente y dentro de los conductos legales
