Por: Jaime Santamaría
Tras el presunto atentado contra Miguel Uribe en Fontibón, algunos sectores han salido a señalar al presidente Gustavo Petro como responsable indirecto, acusándolo de “promover el discurso del odio”. Más allá del impacto mediático de esta acusación, conviene examinar por qué este tipo de señalamientos son no solo irresponsables, sino peligrosos para la salud democrática del país.
Primero, usar el término “discurso de odio” de forma ligera banaliza un concepto grave. Según organismos internacionales y expertos como Jeremy Waldron o Susan Benesch, el discurso de odio no es simplemente una crítica fuerte o una opinión radical: implica incitación directa o indirecta a la violencia, la discriminación o la deshumanización de un grupo. Aplicar esta etiqueta sin fundamentos a un adversario político es una distorsión que debilita la capacidad de identificar y sancionar los discursos que verdaderamente ponen vidas en riesgo.
Segundo, en el caso de Gustavo Petro, no hay evidencia de que haya incitado a la violencia. Ha sostenido posiciones críticas y polarizantes, sí, como muchos líderes en escenarios de confrontación democrática. Pero ninguna declaración suya justifica un atentado ni promueve la agresión. Lo que sí hay es una operación simbólica para construirlo como “sembrador de odio”, sin más sustento que el prejuicio y la manipulación.
Tercero, estas acusaciones cumplen una función política: desplazar responsabilidades reales. En lugar de investigar con seriedad los móviles del atentado, se acude a una explicación conveniente que convierte al presidente en culpable simbólico. Esto no solo es injusto, sino que impide analizar las condiciones estructurales de violencia y seguridad que afectan a todos los actores políticos en Colombia.
Cuarto, esa narrativa puede alimentar escenarios de violencia real. En un país con antecedentes de eliminación física del adversario, poner a un líder político en la categoría de “enemigo del orden” o “sembrador de odio” no es un juego retórico. Es abrir la puerta a que otros se sientan justificados para atacarlo, a él o a quienes lo respaldan.
Quinto, y más importante aún, este tipo de discurso profundiza la polarización y daña la democracia. Convertir la diferencia política en odio, y la crítica en amenaza, desarma el espacio público y cancela el debate. Lo que necesitamos no es menos controversia, sino más argumentos. No más etiquetas vacías, sino más responsabilidad en el uso de la palabra.
Criticar a Petro —o a cualquier gobernante— es legítimo y necesario. Pero usar el miedo, el odio y la mentira como herramientas políticas no fortalece la democracia: la dinamita desde adentro. Y eso sí que es verdaderamente peligroso.
