Por años, la distribución de medicamentos a entidades públicas en Colombia estuvo en manos de un silencioso pero lucrativo convenio: un acuerdo entre el Estado, Audifarma y una empresa de la familia Char, uno de los clanes políticos y empresariales más poderosos del Caribe colombiano.
La historia revelada por la revista Cambio deja ver cómo a partir del acuerdo firmado en 2022, durante el gobierno de Iván Duque, el contrato garantizaba la exclusividad en la distribución de medicamentos esenciales, y movía cifras multimillonarias. Hoy, ese negocio llegó a su fin.
Pero no fue una decisión institucional fría ni una revisión técnica interna lo que sepultó el acuerdo. Fue un trino del presidente Gustavo Petro el que encendió la chispa que llevó al derrumbe. Con su característico tono directo, el jefe de Estado no solo criticó el contrato, sino que lo calificó como una “marranada” armada por el gobierno anterior en beneficio de un grupo político. Las consecuencias no se hicieron esperar: el escándalo emergió, y con él, detalles hasta entonces desconocidos que comprometen la legalidad y la ética del convenio.
El contrato del silencio
El acuerdo se había firmado con poca visibilidad pública. Fue una estrategia diseñada para centralizar la entrega de medicamentos en una sola red de distribución. En el papel, parecía un esfuerzo para optimizar procesos. En la práctica, significó que durante tres años, una alianza entre Audifarma y una empresa vinculada a los Char controló buena parte del suministro farmacéutico a entidades del Estado.
Durante ese tiempo, los informes financieros de las compañías involucradas mostraron un crecimiento acelerado. Las ganancias fueron considerables, y, según fuentes consultadas por la revista Cambio, la operación no solo generó utilidades económicas sino también poder político e influencia territorial, especialmente en la Costa Atlántica.
Las fallas salen a flote
La ruptura del acuerdo no solo se debe a una señal política del Gobierno Petro. Detrás hay investigaciones en curso que descubrieron prácticas preocupantes. Entre ellas, la retención injustificada de medicamentos vitales —como insulina, antihipertensivos y tratamientos para enfermedades crónicas— en bodegas que no estaban habilitadas para acopio prolongado.
El hallazgo más grave: más de 113.000 unidades de insulina fueron encontradas almacenadas en Bogotá, mientras usuarios del sistema público de salud denunciaban escasez y negación del medicamento en clínicas y hospitales. Para el Ministerio de Salud, esto no solo representó un problema logístico, sino una posible violación penal por acaparamiento de insumos médicos esenciales.
La Superintendencia Nacional de Salud intervino y decretó medidas cautelares contra Audifarma. Días después, el Ministerio presentó una denuncia penal formal por el presunto delito de acaparamiento. Para entonces, el daño ya estaba hecho.
La historia de este acuerdo refleja un patrón conocido en Colombia: la estrecha conexión entre política, grandes contratos públicos y redes empresariales con capacidad de influencia nacional. Lo que comenzó como una estrategia para garantizar el abastecimiento eficiente, terminó convirtiéndose en un monopolio farmacéutico enmascarado.
El trino de Petro no fue la causa, sino el acelerador. La inconformidad dentro del sector salud ya era evidente desde 2023, cuando comenzaron a documentarse demoras, fallas en la trazabilidad de medicamentos y quejas masivas de usuarios. Pero con la llegada del escándalo a la esfera pública, se abrieron las compuertas de las investigaciones.
El Gobierno ahora se enfrenta a una tarea titánica: reorganizar el sistema de distribución de medicamentos sin causar un colapso en el suministro. Al mismo tiempo, deberá garantizar que los responsables de las irregularidades sean investigados, mientras resiste la presión política de quienes ven esta movida como una “persecución” al empresariado de la Costa.
Por su parte, la familia Char y los directivos de Audifarma aún no se han pronunciado con profundidad sobre el asunto. Solo han defendido la legalidad del convenio inicial y han asegurado que están dispuestos a colaborar con cualquier investigación.
Lo cierto es que, una vez más, la salud pública quedó atrapada en la red de intereses privados. Esta vez, sin embargo, con las cámaras encendidas y la indignación ciudadana en alza.
