La participación de la niñez y adolescencia en hechos violentos es una grave vulneración a susderechos humanos. Por eso, deben ser protegidas y protegidos contra toda forma de vulnerabilidad en todos los escenarios donde se desenvuelve su vida, para garantizar que se desarrollen de manera integral y prevenir que ellas y ellos incurran en conductas contrarias a la ley, la convivencia y la paz.
Ante la presunta participación de un adolescente en estos hechos, el Bienestar Familiar recuerda que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y con el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), los menores de edad son sujetos plenos de derechos y gozan de protección especial y reforzada por parte del Estado, la sociedad y la familia.
En este sentido exhortamos a los medios de comunicación, a quienes difunden contenido a travésde redes sociales y plataformas digitales, y a lasociedad en general, abstenerse de revelar cualquier dato que permita la identificación del adolescente involucrado, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 1098 de 2006, que prohíbe expresamente divulgar su nombre, imagen, filiación, domicilio o cualquier otra información que atente contra su intimidad, dignidad y seguridad.
El Bienestar Familiar ha activado las rutas correspondientes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), y acompaña el proceso judicial y de restablecimiento de derechos del adolescente conforme a los protocolos establecidos.
Así mismo, hacemos un llamado urgente a todas las instituciones del Estado a reforzar las acciones de prevención frente al uso, utilización einstrumentalización de menores de edad por parte de estructuras criminales o de violencia política, hecho que constituye una vulneración grave y pluriofensiva de sus derechos fundamentales.
El Bienestar Familiar reitera su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia y tomará las medidas necesarias para garantizar que este caso sea tratado bajo los principios del interés superior de niños, niñas y adolescentes, la confidencialidad y la justicia restaurativa.
