«No tendría ningún sentido seguir hablando de presentar una consulta popular que ya el Senado negó, pero que está pendiente de que la justicia dé la última palabra y a eso tenemos que atenernos. Ese cumplimiento será una tarea en la que me voy a empeñar»: Procurador General pic.twitter.com/9o1r1Z3GBr
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 6, 2025
Desde la Convención Bancaria en Cartagena, el jefe del Ministerio Público criticó la intención del Gobierno Petro de insistir con una consulta popular tras el rechazo del Senado, y pidió respeto por las instituciones democráticas.
Durante su intervención en la Convención Bancaria celebrada en Cartagena, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, sorprendió al desviar el foco de su discurso —originalmente destinado a abordar temas del sistema financiero— hacia la crítica de una de las propuestas más controversiales del actual Gobierno: la consulta popular con la que el presidente Gustavo Petro busca salvar la reforma laboral, luego de que esta fuera negada por el Senado.
“El Gobierno ya presentó su iniciativa y fue rechazada por el Senado. No tendría ningún sentido seguir hablando de presentar una consulta popular que ya fue negada”, declaró Eljach con firmeza, ante una audiencia que incluía a precandidatos presidenciales y representantes del sector financiero.
Su pronunciamiento ocurre en un contexto de alta tensión política, en el que el presidente Petro insiste en llevar adelante su agenda de reformas del Gobierno, a pesar de los bloqueos institucionales. Tras el hundimiento del proyecto en el Congreso el pasado 14 de mayo, el Ejecutivo ha contemplado implementar los cambios mediante un “decretazo”, lo que ha despertado críticas sobre un posible desbordamiento de funciones presidenciales.
El procurador fue enfático en su llamado al respeto por el orden institucional. “El cumplimiento de lo que diga la justicia será una tarea en la que el Procurador se va a empeñar”, afirmó, en alusión a la demanda que actualmente estudia el Consejo de Estado, la cual podría anular la votación del Senado. En ese sentido, Eljach exhortó a los actores políticos y ciudadanos a esperar con prudencia la decisión judicial: “Dejémoslos trabajar en tranquilidad. En su serenidad. En su augusta capacidad de resolver nuestros problemas jurídicos”.
Más allá de su rechazo a la insistencia del Gobierno, Eljach enfatizó la necesidad de priorizar el diálogo institucional sobre el enfrentamiento político. “Invito a la sensatez, al diálogo, a que utilicemos los escenarios que la democracia nos brinda para dirimir nuestras diferencias. No para terminar matándonos unos a otros a punta de discursos descalificativos”, dijo, criticando la creciente polarización en el país.
El jefe del Ministerio Público también se refirió a las implicaciones económicas e institucionales de este tipo de disputas. Afirmó que, pese a las dificultades actuales, Colombia no está al borde del colapso: “No caigamos en la tentación catastrofista. Esta sociedad no está en su mejor momento económico e institucional, pero tampoco está para desbaratarse. Está firme”.
La reforma laboral ha sido una de las banderas del presidente Petro, que insiste en su aprobación pese a la resistencia en el Congreso y las alertas de diversos sectores productivos y académicos. La propuesta, según sus críticos, podría afectar el empleo y la estabilidad económica. El Gobierno, por su parte, argumenta que busca dignificar las condiciones laborales en el país.
Frente a la posibilidad de que finalmente se convoque una consulta popular, Eljach aseguró que la Procuraduría General de la Nación está preparada para ejercer vigilancia a través de su delegada para asuntos electorales, con un equipo de más de 40 profesionales. Esta declaración pone en evidencia el papel activo que piensa jugar la entidad para asegurar la legalidad del proceso, si llegara a materializarse.
Con su intervención, Eljach deja clara la postura del órgano de control frente a la coyuntura: defensa del equilibrio de poderes, respaldo al fallo judicial pendiente y rechazo a lo que considera maniobras políticas que deslegitiman al Congreso. Así, su pronunciamiento suma una voz institucional de peso al debate sobre los límites del Ejecutivo y la validez de sus estrategias para impulsar reformas estructurales.
En un país donde las tensiones entre los poderes del Estado se agudizan, y donde la crisis institucional amenaza con socavar la confianza pública, la posición del procurador resalta como un llamado a preservar el Estado de derecho, más allá de las urgencias políticas del momento.
Y.A.
