El Tribunal 3° de Juicio de Mérida condena a Yolanda Rujano Bustamante por homicidio intencional calificado tras el hallazgo del cadáver de la neonata en las orillas del Río Canaguá.
El pasado jueves, el Tribunal 3° de Juicio del estado Mérida dictó sentencia contra Yolanda Rujano Bustamante, de 31 años de edad, por su responsabilidad en la muerte de su hija recién nacida. Tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la justicia determinó que Rujano Bustamante deberá cumplir una pena de 23 años de prisión por delitos tipificados como homicidio intencional calificado con alevosía por motivos fútiles.
Los hechos se remontan a la madrugada del 5 de febrero de 2016, cuando la acusada entró en labor de parto mientras se encontraba en su domicilio del barrio San Isidro, en la parroquia Canaguá, municipio Arzobispo Chacón. Una vez dio a luz a la menor, procedió a cortar el cordón umbilical y, de manera premeditada, utilizó una blusa elástica para asfixiar a la recién nacida, ocasionándole la muerte por asfixia mecánica.
Una vez cumplido su macabro propósito, Rujano Bustamante envolvió el cuerpo de la bebé en un costal junto con la ropa manchada de sangre y, en horas de la mañana, trasladó el cadáver hasta las inmediaciones del Río Canaguá, donde lo abandonó en las aguas. Minutos después, retornó a su residencia sin levantar sospechas.
Fue un habitante de la zona quien, al percatarse de la presencia de un paquete flotando en la orilla del río, alzó la voz de alarma y dio parte a las autoridades. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y trasladar el cuerpo de la víctima a la facultad de medicina forense.
Las pericias forenses revelaron que el material genético sanguíneo hallado en la escena correspondía a la madre, lo que permitió al Ministerio Público imputar a Rujano Bustamante por la comisión del delito de homicidio intencional calificado con alevosía. Durante la investigación, se recabaron testimonios de vecinos y se analizaron objetos y prendas de vestir usados en el suceso, elementos que resultaron determinantes para fundamentar la acusación.
En la fase de juicio, la Fiscalía 8ª de Mérida presentó un contundente volumen de pruebas documentales, periciales y testimoniales que demostraron la voluntad deliberada de la imputada de acabar con la vida de su hija. La representación fiscal subrayó la premeditación y la crueldad del método empleado, factores que justificaron la solicitud de una pena máxima conforme a la legislación vigente.
Tras deliberar, el Tribunal 3° de Juicio consideró que los elementos probatorios acreditaban la comisión del hecho con alevosía —ya que la víctima no tuvo posibilidad de defensa— y motivaron la imposición de la condena de 23 años de reclusión en la sede del CICPC en Mérida. Además, se ordenó que la sentencia sea notificada de inmediato y que la acusada ingrese al centro de detención para el cumplimiento de la pena.
Durante su intervención, la jueza presidenta del tribunal enfatizó que “la protección de la vida de los más vulnerables es un pilar fundamental del ordenamiento jurídico. Este tipo de conductas, ejecutadas con alevosía y motivadas por razones fútiles, merecen la máxima represión penal”. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades sanitarias y sociales para reforzar los protocolos de atención a mujeres en postparto, con el fin de prevenir tragedias similares.
Por su parte, la defensa de Rujano Bustamante anunció su intención de interponer un recurso de apelación, argumentando posibles vicios de forma en la recolección de pruebas. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que los procedimientos se ajustaron a la normativa procesal y que las evidencias clave fueron obtenidas con todas las garantías legales.
El caso ha reabierto el debate en la comunidad merideña sobre la necesidad de reforzar la asistencia y el acompañamiento psicológico a madres primerizas en situación de vulnerabilidad. Organizaciones de derechos de la mujer y de protección al infante han expresado su preocupación ante la posibilidad de casos de violencia neonatal derivados de trastornos postparto no atendidos.
En respuesta, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Familia anunció planes para coordinar con instancias regionales programas de prevención y apoyo a gestantes y madres recientes, que incluyan atención psicológica, social y médica. Asimismo, se evalúa la creación de líneas de comunicación directa con servicios de emergencia y hospitales para garantizar una ayuda oportuna.
Y.A.
