El fallo judicial exige al presidente del Senado formalizar la respuesta a la apelación de Pizarro por el cierre abrupto de la plenaria del 14 de mayo, avivando la controversia política y jurídica sobre la consulta popular impulsada por el Gobierno.
En un nuevo capítulo del pulso jurídico y político que rodea la consulta popular promovida por el Gobierno Nacional, una jueza de la República emitió un fallo que podría reconfigurar el debate institucional. El pasado 6 de junio, la jueza sexta del circuito de Bogotá resolvió una tutela presentada por tres ciudadanos que denunciaron posibles irregularidades en el trámite legislativo, en relación con la sesión plenaria del Senado del 14 de mayo, cuando fue archivada la iniciativa del Ejecutivo.
El fallo ordena al presidente del Senado, Efraín Cepeda, responder de forma oficial y formal la apelación radicada por la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, quien ha sostenido que sus derechos fueron vulnerados tras el abrupto cierre de esa sesión. La apelación fue presentada el 15 de mayo, un día después del archivo de la consulta, pero hasta ahora no había recibido respuesta formal por parte de la Mesa Directiva.
En efecto, según el pronunciamiento de la jueza, “los derechos fundamentales de varios senadores, y en particular los de la senadora María José Pizarro, podrían haber sido vulnerados”, por lo que ordenó a Cepeda responder oficialmente en un plazo máximo de 48 horas.
Desde la Presidencia del Senado se ha sostenido que la respuesta a la apelación ya fue emitida el pasado 21 de mayo, por medio de un oficio en el que se consideraba el recurso como improcedente, debido a que supuestamente fue presentado de manera extemporánea y no hacía referencia a una decisión directa de la mesa. Sin embargo, el fallo judicial exige que dicha actuación sea formalizada y notificada ante la justicia, lo cual no habría ocurrido hasta ahora.
En cumplimiento de la orden judicial, Cepeda envió una comunicación a la jueza, adjuntando el comprobante de envío del documento dirigido a Pizarro. En su misiva, manifestó: “La apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro fue respondida el 21 de mayo de 2025. Se considera hecho superado haber dado respuesta antes de la notificación del fallo”.
No obstante, la senadora Pizarro celebró el fallo judicial, asegurando que valida sus denuncias sobre violaciones al debido proceso legislativo. “La justicia nos da la razón. Efraín Cepeda violó el debido proceso legislativo, mis derechos fundamentales y los del pueblo colombiano. Ya pasaron los 30 días que tenía el Congreso para pronunciarse. Por lo tanto, el presidente puede convocar la consulta popular”, sostuvo.
La congresista también aprovechó sus redes sociales para rechazar las versiones que indican que su recurso ya habría sido votado en plenaria. Según ella, “lo que ocurrió fue la negación de su recurso frente a la decisión de Cepeda de no permitir la discusión de una proposición presentada por la senadora Isabel Zuleta”.
En palabras de Pizarro: “Efraín Cepeda, usted no ha tramitado mi apelación, es completamente falso. Esto no es así”. Asimismo, reiteró que el reglamento del Congreso establece que todas las apelaciones deben ser debatidas en el pleno, y acusó a la Mesa Directiva de omitir su obligación legal.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció sobre el fallo, respaldando a la senadora y lanzando duras críticas contra Cepeda. “No lo digo yo, sino un juez de la República: se vulneraron los derechos de la senadora. Desde el segundo cero dijimos que hubo fraude, jugaditas, espurias y trampas”, escribió en su cuenta en redes sociales.
La tutela fue interpuesta por Nixon Torres, Jorge Villadiego y Máximo Noriega, ciudadanos que argumentaron que durante el trámite legislativo de la consulta se transgredieron derechos fundamentales.
El Senado, por su parte, había sostenido inicialmente que no hubo irregularidades, pero este fallo judicial abre una nueva etapa de revisión jurídica, lo que podría derivar en consecuencias políticas e institucionales.
Esta nueva controversia se enlaza con la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo por la consulta popular, mientras el presidente Gustavo Petro insiste en su convocatoria como un mecanismo legítimo para respaldar sus reformas. No obstante, varios sectores del Congreso y expertos en derecho constitucional alertan sobre los límites jurídicos del Ejecutivo y la necesidad de respetar el debido trámite parlamentario.
Y.A.
