Tras huir del país, se confirma que González se encuentra en Managua, protegido por el régimen de Daniel Ortega, mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en su imputación por desfalco y sobornos a congresistas.
La imputación contra Carlos Ramón González estremeció los cimientos del gobierno del presidente Gustavo Petro: señalado como el determinador del mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) habría orquestado la malversación de fondos públicos para sobornar a legisladores a cambio de impulsar las reformas clave del gobierno.
Según lo confirmado por un reconocido medio de comunicación nacional y la Fiscalía General de la Nación, donde reposan los audios y testimonios que implican directamente a González, el modus operandi incluyó la entrega de tres mil millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, y mil millones de pesos al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El propósito: asegurar el trámite de las reformas del Ejecutivo, entre ellas la reforma pensional, y garantizar la elección de aliados políticos en órganos clave, como la Corte Constitucional.
Antecedentes del caso y rol de González
El origen del escándalo se remonta al proceso de estructuración presupuestal de la UNGRD, entidad creada para coordinar la atención de emergencias y desastres naturales en todo el territorio nacional. Durante el primer año de la administración Petro, un grupo de altos funcionarios diseñó un plan para desviar parte de los recursos asignados a la entidad, valiéndose de contratos ficticios y de facturación irregular.
En este contexto, el nombre de Carlos Ramón González cobró relevancia después de que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, señalara en su declaración ante la Fiscalía que fue González quien —en reuniones previas a los Consejos de Ministros— ordenó desviar partidas para entregar incentivos ilícitos a congresistas. Según López, “nos reuníamos dos horas antes. Llego yo a Palacio y nos reunimos con el doctor Carlos Ramón González en el despacho… Él me da dos nombres: para el doctor Name, sesenta mil; y para el doctor Calle, cerca de diez mil como apoyo. Luego se cambia por tres mil y mil millones de pesos” .
La Fiscalía sustenta que González, hombre de confianza del presidente Gustavo Petro y antiguo miembro del M-19, aprovechó su posición privilegiada en la Casa de Nariño para ordenar la contratación irregular de servicios de consultoría y otras supuestas ayudas humanitarias, cuyo verdadero fin era financiar el pago de sobornos. El total de las apropiaciones ilícitas asciende a 70 mil millones de pesos en contratos, de los cuales cuatro mil millones fueron entregados en efectivo.
La fuga y su refugio en Nicaragua
Mientras los primeros capturados por el caso enfrentaban audiencias preliminares, Carlos Ramón González desapareció sin dejar rastro. Un informe de Migración Colombia, al que tuvo acceso el mencionado informativo, revela que el 2 de noviembre de 2024, González salió del país desde el aeropuerto internacional El Dorado, en el vuelo 698 de Avianca con destino a San José, Costa Rica, y desde entonces no ha regresado. Según la investigación periodística, el exfuncionario realizó 23 movimientos migratorios desde enero de 2023, pero fue su viaje a Costa Rica el que marcó su huida definitiva.
Días después, fuentes diplomáticas confirmaron que González habría ingresado de manera clandestina a Nicaragua, país liderado por Daniel Ortega, con quien el M-19 mantuvo históricas simpatías durante la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza Debayle. Este respaldo mutuo, forjado en la clandestinidad de los años ochenta, explicaría el acogimiento del exdirector del Dapre como persona protegida por el régimen sandinista.
La versión fue corroborada por el Ministerio Público durante la audiencia de definición de medida de aseguramiento: la fiscal a cargo mencionó que existe “una posible conexión de Carlos Ramón González desde Managua”, en referencia a comunicaciones interceptadas por organismos de inteligencia y a la imposibilidad de ubicarlo en territorio nacional. Este escenario podría llevar a que el exfuncionario sea declarado oficialmente prófugo de la justicia.
Testimonios y audios reveladores
En el transcurso de la audiencia, la Fiscalía 8ª de Mérida presentó audios y chats que evidencian la participación directa de González en los delitos de corrupción. Entre los archivos revelados se encuentran conversaciones de WhatsApp entre la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y el expresidente del Senado, Iván Name, donde se menciona un desayuno en la oficina de Name en el Congreso, al que asistieron también el entonces diputado Vladimir Fernández y el propio González.
La revelación de estos mensajes fue clave para demostrar cómo se planificó el pago de tres mil millones de pesos a Name “para impulsar las reformas del Gobierno Petro” y, de paso, agilizar la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional en octubre de 2023. Según relató Ortiz en su testimonio, “eso no solo garantizaba el respaldo a las iniciativas legislativas, sino que al mismo tiempo servía para nombrar a los aliados de Palacio en cargos de alta relevancia”.
Por su parte, Olmedo López detalló en su indagatoria: “Era un acuerdo entre ellos con mi presencia. En las reuniones posteriores tenía que ver con el direccionamiento del doctor Carlos Ramón González” . Este testimonio reforzó la tesis de la Fiscalía de que el exdirector del Dapre no fue un mero intermediario, sino el artífice de la trama corrupta.
Reacción oficial y contexto político
La confirmación de la presencia de González en Managua generó inmediata reacción de la Presidencia de la República. Un comunicado oficial de la Casa de Nariño se limitó a señalar que “el gobierno rechaza cualquier acto de corrupción y respeta la independencia de las instituciones encargadas de la investigación”, sin referirse puntualmente al paradero del exdirector ni a su relación directa con el presidente Petro.
Mientras tanto, la oposición ha aprovechado el escándalo para cuestionar la transparencia de la administración actual. Varios congresistas del Centro Democrático y del Partido Conservador han exigido la creación de una comisión de investigación en el Congreso para indagar posibles responsabilidades políticas. “No podemos permitir que quienes están señalados de robarse el presupuesto para atención de desastres huyan impunes al extranjero”, declaró la senadora María del Pilar Gómez.
Por su parte, sectores de la sociedad civil han convocado manifestaciones pacíficas frente a la Fiscalía y la Procuraduría para exigir una investigación profunda que incluya la participación de altos funcionarios de la Casa de Nariño. Organizaciones defensoras de la transparencia y de los derechos humanos han denunciado que la huida de González revela la existencia de redes de impunidad y alianzas de poder que trascienden lo meramente administrativo.
Implicaciones internacionales y antecedentes históricos
El apoyo encubierto de Daniel Ortega a Carlos Ramón González remite a un pasado de cooperación entre el M-19 y la revolución sandinista. En la década de 1980, exguerrilleros del M-19 participaron en entrenamiento y logística para la lucha contra el régimen de Anastasio Somoza, contribuyendo a fortalecer el movimiento liderado por Ortega. Con el paso del tiempo, muchos de esos excombatientes se integraron a la política colombiana, alcanzando puestos de poder. El regreso de esa alianza en circunstancias de corrupción pone en evidencia las complejas relaciones entre grupos insurgentes hoy convertidos en actores políticos convencionales.
A nivel regional, la presencia de un exdirector presidencial prófugo y protegido por un dictador cuestiona la credibilidad de los mecanismos de cooperación judicial internacional. Colombia cuenta con tratados de extradición con Nicaragua, pero la negativa del régimen de Ortega a cooperar con procesos que involucren a sus simpatizantes históricos complica la entrega de González. Este escenario podría prolongar la impunidad y obstaculizar la justicia para las víctimas del desfalco a la UNGRD.
Expertos en derecho internacional y en cooperación judicial destacan que, para asegurar el retorno de González, será necesario activar mecanismos multilaterales, incluyendo la Interpol, y presentar ante la Corte Penal Internacional las pruebas de la participación de altos cargos en crímenes de corrupción masiva. Sin embargo, advierten que este es un proceso complejo, que podría tardar años y requerir garantías de un cambio político en Nicaragua.
La audiencia de aseguramiento y pasos siguientes
La jornada de la audiencia alcanzó momentos de alta tensión cuando la fiscal presentó ante el juez las 23 actuaciones migratorias de González y solicitó su declaratoria de prófugo de la justicia, con la orden de captura internacional. El juez, ante la imposibilidad de ubicar al imputado en el territorio nacional, aplazó la medida de aseguramiento hasta evaluar las solicitudes de la defensa y las diligencias de verificación consular.
La defensa de González, según fuentes judiciales, argumentó que la ausencia de su cliente responde a “una situación de fuerza mayor, dada su relación histórica con Nicaragua y su condición de persona protegida”. No obstante, la Fiscalía insistió en que todo el proceso de huida fue premeditado y busca eludir la acción de la justicia colombiana.
De declararse oficialmente prófugo, González se sumaría a la lista de exfuncionarios requeridos por la justicia en el extranjero, junto a casos como los de los exgobernadores de La Guajira y de Norte de Santander implicados en corrupción. Su situación se torna particularmente delicada por la magnitud de los recursos desviados y porque el caso involucra el manejo de fondos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales, sectores prioritarios para la seguridad y el bienestar de la población.
Impacto en la UNGRD y la confianza ciudadana
La magnitud del saqueo a la UNGRD genera no solo un enorme perjuicio económico, sino también un grave daño a la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la gestión del riesgo. Los 70 mil millones de pesos desviados representaban recursos para fortalecer la capacidad de respuesta ante inundaciones, deslizamientos y otras calamidades que azotan con frecuencia a Colombia.
Tras el estallido del escándalo, la actual dirección de la UNGRD anunció auditorías internas y la revisión de todos los contratos suscritos entre 2022 y 2024. Asimismo, se puso en marcha un plan de transparencia que incluye la publicación de la ejecución presupuestal en tiempo real y la firma de convenios con organizaciones independientes de control social.
El objetivo es recuperar la credibilidad perdida y garantizar que los recursos públicos destinados a salvar vidas no sean instrumentalizados para intereses políticos. Sin embargo, analistas advierten que la restauración de la confianza llevará tiempo y dependerá de resultados concretos: capturas, sentencias y la devolución de los recursos malversados.
Hacia la transparencia y la rendición de cuentas
El caso de Carlos Ramón González marca un antes y un después en la historia de la lucha anticorrupción en Colombia. La implicación de un exdirector del Dapre, hombre clave en la administración de Gustavo Petro, revela la fragilidad de los controles internos en la Casa de Nariño y la facilidad con que ciertos funcionarios pueden pervertir el propósito de entidades vitales como la UNGRD.
La confirmación de su presencia en Managua, bajo la protección de Daniel Ortega, añade una dimensión geopolítica al escándalo y pone en evidencia la persistencia de viejas alianzas políticas que trascienden la frontera y el tiempo. El desafío ahora radica en que las autoridades colombianas logren la cooperación internacional necesaria para traer a González ante los tribunales y procesarlo por sus crímenes.
Mientras tanto, la sociedad civil y los ciudadanos afectados por las emergencias esperan justicia y la restitución de los recursos robados. La reparación de la confianza en las instituciones dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para investigar con rigor, procesar con celeridad y sancionar con severidad a quienes pongan en riesgo el bienestar colectivo. El desenlace de esta trama de corrupción tendrá un impacto profundo en la política nacional y en la percepción de la lucha contra el desfalco de los dineros públicos.
Y.A.
