consulta popular irá por decreto: Petro pide firma a ministros

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

El presidente busca viabilizar preguntas sobre la reforma laboral y de salud en agosto o septiembre. 

Este viernes, 6 de junio de 2025, durante la ceremonia de ascenso de nuevos subtenientes y tenientes de Corbeta de la Armada y de la Infantería de Marina en Cartagena, el presidente Gustavo Petro informó que un juez ordenó repetir la votación sobre la consulta popular en el Senado de la República en un plazo de 48 horas. El mandatario subrayó la relevancia de llevar adelante este proceso con absoluta transparencia y libertad para los congresistas, garantizando así el ejercicio pleno del mecanismo de participación ciudadana.

En su intervención, Petro explicó que la tutela presentada por el Gobierno Nacional había sido admitida, pues el magistrado reconoció la violación del derecho al debido proceso y estableció que existieron irregularidades que afectaron el trámite legislativo de la consulta popular. “Debo informarle al país, a través de los medios de comunicación, que un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular. Determinó que hubo fraude en el Senado y ordena repetir la votación en las próximas 48 horas”, señaló el jefe de Estado.

Acto seguido, el presidente reveló que había citado a todos sus ministros a la Casa de Nariño para que firmaran el denominado “decretazo” que oficializa la convocatoria a la consulta popular, desconociendo la decisión parlamentaria previa. Con esta medida, el Ejecutivo busca garantizar que el mecanismo de participación ciudadana no quede supeditado a posibles irregularidades en el proceso legislativo, reafirmando su compromiso con la voz popular.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, difundió un video explicativo en el que detalló la esencia del fallo. “Un juez de la República acaba de decir que a María José Pizarro se le vulneró el derecho al debido proceso (…) Efraín Cepeda hizo trampa, está diciendo el juez”, afirmó Benedetti, en referencia al recurso de apelación interpuesto por la senadora del Pacto Histórico.

La controversia se originó cuando la senadora solicitó aclaraciones sobre el cierre de la votación para aprobar la consulta popular. Su recurso de apelación, presentado el 20 de mayo, cuestionaba la forma en que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, condujo la plenaria. Sin embargo, en el documento de respuesta publicado por la Secretaría del Senado, Cepeda descartó la procedencia de la apelación al considerar que no se alegó actuación alguna de su parte en términos claros y oportunos.

En la misiva, el líder del Partido Conservador señaló que “la apelación interpuesta por la Senadora María José NO es clara con respecto a la actuación que se pretende apelar, cabe recordar que en el citado artículo 44 de la ley 5 de 1992, así como en el Reglamento del Congreso, solamente se permite apelar a decisiones de los Presidentes de la Corporación”. Con base en ese razonamiento, concluyó que la votación fue legítima y carente de vicios.

A pesar de la defensa de Cepeda, el fallo judicial no se limitó a resolver la apelación; ordenó garantizar el derecho de la senadora a un proceso justo, lo que se traduce en la obligación de repetir la votación en el Senado. Así, el Gobierno Nacional introdujo un decreto que, de firmarse, marcaría un precedente en el uso del decretazo para adelantar un mecanismo de participación ciudadana sin demoras.

Analistas políticos opinan que este episodio podría intensificar la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuestionando la independencia de poderes y el equilibrio institucional. Al mismo tiempo, sectores sociales aplauden la medida al considerarla un ejercicio de defensa de la democracia directa, en tanto los ciudadanos podrán expresar su opinión sobre la convocatoria al constituyente primario sin trabas parlamentarias.

El proceso de firma por parte de los ministros en la Casa de Nariño se prevé concluido en las próximas horas, y el Gobierno espera que el nuevo proceso de votación en el Senado se realice antes del 8 de junio de 2025. Con ello, se busca asegurar que la consulta popular 1.0 avance conforme a los tiempos establecidos y sin nuevos contratiempos.

Y.A.