Pese al rechazo del Senado, el presidente Petro alista decreto para convocar a consulta popular. El registrador Hernán Penagos deberá decidir si procede, consulta al Consejo de Estado o espera un fallo judicial.
A pocos días de que el presidente Gustavo Petro firme el decreto que convoca una consulta popular, el país político y jurídico mira con atención la decisión que deberá tomar el registrador nacional, Hernán Penagos. El dilema no es menor: por un lado, un decreto presidencial que debe cumplirse, y por otro, un concepto negativo emitido por el Senado de la República, con una votación de 49 contra 47, en contra de dicha consulta.
La controversia nace de la interpretación de este rechazo senatorial. Mientras el Gobierno Nacional sostiene que este no tiene un efecto jurídico vinculante, varios sectores consideran que sí impide la realización de la consulta. En consecuencia, el registrador Penagos se encuentra en el centro del debate, con la responsabilidad de determinar si procede con la convocatoria o si debe abstenerse mientras se aclara el panorama jurídico.
Según se ha conocido, una de las alternativas que baraja Penagos es esperar un pronunciamiento del Consejo de Estado, a propósito de una demanda de nulidad interpuesta contra el acto administrativo del Congreso que selló el rechazo a la consulta. Otra opción que está sobre la mesa es elevar una consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que si bien no es vinculante, le daría argumentos para fundamentar su decisión.
El debate se enmarca en un escenario político tenso. Varios líderes políticos han advertido que la eventual firma del decreto por parte del presidente no obliga automáticamente al registrador a actuar. Así lo señaló el expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, quien afirmó que el funcionario debe esperar un fallo judicial: “El registrador nacional ya fue informado por parte del Congreso de la República, en cabeza de su presidente Efraín Cepeda, sobre el resultado negativo de la consulta popular propuesta por el presidente. Ante la posibilidad de la firma del decreto, el mismo registrador debe abstenerse de proceder y esperar un pronunciamiento judicial al respecto”.
Para Gómez, la actitud de Penagos será crucial, pero confía en su criterio: “Afortunadamente, Hernán Penagos es un hombre probo, defensor del Estado Social de Derecho y respetuoso de la Constitución Nacional”.
En la misma línea se expresó el senador Alejandro Chacón, quien considera que el camino correcto es institucional y debe pasar por el poder judicial: “Demandar el decreto es lo que corresponde dentro de la institucionalidad, y al registrador lo que le corresponde, de la misma manera, no es hacer de cuenta que no existiera un decreto del presidente. Puede pedir una consulta al Consejo de Estado para fundarse más en cualquier decisión que tome”.
Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa fue aún más tajante al afirmar que Penagos puede ignorar el decreto presidencial: “Hay una norma constitucional que exime a los empleados públicos de cumplir una determinada ley o acto administrativo, cuando es abiertamente en contravía de la carta política. Y eso va a ocurrir con ese llamamiento a la consulta populista”.
Motoa acusa al Gobierno de intentar forzar una consulta que contradice la separación de poderes: “Está desconociendo el principio constitucional de las autoridades judiciales. El registrador no está llamado a asumir ese cumplimiento del decreto porque abiertamente es inconstitucional”.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, se insiste en que el rechazo del Senado no tiene efectos jurídicos definitivos y que, por lo tanto, el decreto presidencial es plenamente válido. De ser así, el registrador tendría la obligación de proceder, salvo que un juez o una alta corte ordene lo contrario.
En este complejo cruce de poderes, lo que está en juego no es solo la viabilidad de una consulta popular propuesta por el Gobierno, sino la interpretación del equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y aunque aún no hay certeza sobre la fecha de expedición del decreto, se espera que este se haga público en los próximos días.
Lo que decida Hernán Penagos podría sentar un precedente sobre el alcance del poder presidencial en la convocatoria de mecanismos de participación ciudadana, en especial cuando estos han sido objetados por el Congreso de la República. Por ahora, el país está a la expectativa del paso que dará quien dirige la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Y.A.
