El superintendente Yanod Márquez descarta por ahora la entrega inmediata de la ESSMAR, argumentando que debe ser fortalecida antes. La Superintendencia adelanta obras de gran impacto en agua potable, saneamiento y turismo.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD
En una declaración firme y sin espacio para interpretaciones, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), bajo la dirección de Yanod Márquez Aldana, anunció durante una rueda de prensa sobre la Conmemoración del Quinto Centenario de la ciudad, realizada este jueves 5 de junio, que la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar ESP) no será devuelta al Distrito, al menos por ahora.
En su lugar, el organismo nacional pondrá en marcha una serie de inversiones y obras estratégicas con el objetivo de superar las deficiencias que motivaron la intervención estatal. “La necesidad de devolver la empresa existe, fue una de las primeras orientaciones que me dio el presidente Gustavo Petro, pero no podemos entregar una empresa en las mismas condiciones. Debe ser una empresa mejorada, que supere las causales de intervención y que aporte soluciones reales a la ciudad”, afirmó Márquez en su intervención.
Según el superintendente, ya se están desarrollando seis proyectos clave con recursos y ejecución directa de la Superservicios, en alianza con el Gobierno Nacional y otras entidades:
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Montaje de plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona sur, lo que permitirá aliviar la sobrecarga en la Ebar Norte y evitar vertimientos al mar, además de facilitar el uso de agua tratada para el turismo, la hotelería e incluso la agricultura.
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Mejoramiento de la conducción de agua desde El Roble, sustituyendo un tubo poroso que limita la capacidad de distribución. Este cambio busca mejorar la eficiencia y garantizar mayor cobertura.
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Ampliación de la capacidad de tratamiento de agua potable en la zona de Mamatoco, con lo que se aumentará el volumen disponible de agua potable para el consumo ciudadano.
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Actualización de sistemas de bombeo, excluyendo la Ebar Norte, que ya está bajo la tutela del Ministerio de Vivienda. Este componente es esencial para mejorar la presión y continuidad del servicio en varias zonas de la ciudad.
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Apoyo al proyecto de planta desalinizadora, en coordinación con el Ministerio, aprovechando la capacidad contractual de la Superservicios para ejecutar de forma rápida y eficaz.
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Habilitación de playas con servicios de saneamiento básico, en conjunto con la Dimar y el Distrito, para que tanto ciudadanos como turistas puedan acceder a espacios limpios y seguros.
“Esperamos que estos proyectos marquen un antes y un después en la calidad del servicio. Estamos comprometidos con una transformación estructural, no con soluciones parciales”, puntualizó Márquez.
Un convenio bajo la sombra de la desconfianza
Este anuncio se da en medio de la creciente polémica por el convenio de Asociación Público-Privada (APP) entre la Alcaldía de Santa Marta, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Vivienda, del cual poco se conoce.
Tal como lo denunció DIARIO LA LIBERTAD el pasado 1 de junio, el contenido de este acuerdo se ha mantenido en reserva, generando alarma entre concejales, líderes sociales y la ciudadanía. La falta de transparencia llevó al Concejo Distrital a aprobar la Proposición 145, con el fin de exigir información detallada sobre el contrato y sus implicaciones reales.
En contexto: El «misterioso» convenio del agua en Santa Marta sigue sin ver la luz: Concejo aprueba proposición 145 para exigir claridad.
Preguntas como “¿Qué se está negociando a puerta cerrada?”, “¿Por qué tanto misterio?” y “¿Qué intereses están detrás de la privatización del agua?” han sido recurrentes en los sectores críticos del proceso. Se teme que se esté pactando una entrega del servicio a operadores privados, sin consulta ni control público.
A esto se suma el llamado a la Procuraduría General de la Nación para que realice una vigilancia preventiva, ante posibles violaciones a los principios de participación ciudadana, control político y transparencia. El temor es que se estén comprometiendo recursos públicos a largo plazo, con impacto en tarifas y en el acceso al servicio por parte de las familias más vulnerables.
La controversia no parece disminuir. Mientras la Superservicios avanza con obras necesarias, el manto de dudas sobre la APP sigue sin despejarse. Y aunque se aplauden los proyectos anunciados, la comunidad exige que no se desatiendan los reclamos sobre el convenio que podría definir el futuro del recurso más vital para Santa Marta.
Y.A.
