El presidente Gustavo Petro envía a los ministros de Defensa y Transporte al departamento tras el aumento de asesinatos, amenazas a líderes indígenas Awá y el posible paro de la Asociación Colombiana de Camioneros.
En un intento por contener la escalada de violencia que golpea al departamento de Nariño y frenar una nueva crisis en el sector del transporte de carga, el Gobierno nacional ha decidido actuar de manera urgente. A raíz de una reunión sostenida el pasado 3 de junio entre el gobernador Luis Alfonso Escobar y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, se definió la visita de dos ministros clave al departamento con el objetivo de adoptar medidas inmediatas ante la crítica situación.
El viaje de los ministros está programado para este jueves 5 de junio, día en el que se espera el desarrollo de un Consejo de Seguridad liderado por el ministro de Defensa, quien estará acompañado por la cúpula militar. Esta reunión busca abordar la creciente inseguridad que afecta a diversas comunidades, incluyendo los recientes asesinatos de líderes sociales y las amenazas contra el pueblo indígena Awá.
“Viene el Ministro de Defensa a un Consejo de Seguridad con la cúpula militar por la altísima importancia que tiene este caso para resolverlo. Como lo dijo el Presidente, debe haber una resolución clara y no dar pie a especulaciones”, declaró el gobernador Escobar a los medios.
La situación en el departamento ha alcanzado un punto crítico tras el asesinato de líderes sociales como Aurelio, miembro destacado del pueblo Awá, así como la aparición de nuevas amenazas contra integrantes de la organización indígena Unipa. La comunidad ha vivido más de 35 años de conflicto armado, lo que convierte esta nueva ola de violencia en una repetición de una tragedia prolongada.
“Entendemos la gravedad del conflicto armado en Nariño y el impacto del asesinato de líderes como Aurelio, así como las amenazas contra otros miembros del pueblo Awá Unipa. Por eso es urgente una mayor protección del Estado. Este pueblo ha sido martirizado por más de 35 años de conflicto”, sostuvo el mandatario departamental.
Además del contexto de violencia, el departamento se enfrenta a una potencial parálisis en el transporte de carga, pues la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha anunciado su intención de movilizarse debido al incumplimiento de compromisos gubernamentales. La posibilidad de un paro camionero nacional genera preocupación tanto en el gobierno regional como en el central, por el impacto que tendría en el abastecimiento y la economía del suroccidente del país.
En ese sentido, la visita ministerial también incluirá la participación de la ministra de Transporte, quien, junto con el ministro de Defensa, sostendrá una primera reunión con representantes de la ACC y otras organizaciones del sector logístico. El propósito es evaluar el estado actual del acuerdo firmado el 24 de junio de 2024 y los compromisos que aún están pendientes de cumplimiento.
“La ministra y el ministro de Defensa sostendrán una primera reunión con los líderes de la ACC y otras organizaciones. Se revisarán los avances del acuerdo firmado el 24 de junio de 2024 y se evaluarán los compromisos pendientes, para evitar que haya una movilización”, explicó el gobernador Escobar.
El acuerdo mencionado incluía una serie de medidas dirigidas a mejorar las condiciones laborales, la seguridad en las vías del sur del país y la estabilidad económica del sector transportador. Sin embargo, la falta de avances concretos ha generado malestar entre los gremios, quienes han advertido que la paciencia se agota y que las movilizaciones podrían iniciarse si no hay soluciones inmediatas.
La llegada de los ministros a Nariño representa no solo un gesto de atención del Gobierno nacional, sino también una oportunidad crítica para evitar un estallido social en una región históricamente golpeada por el abandono estatal, el narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales y la fragilidad institucional. La atención estará centrada en los resultados de los encuentros programados, de los cuales dependerá, en gran medida, la estabilidad del departamento en las próximas semanas.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos, comunidades indígenas y el sector transportador esperan que esta visita marque un punto de inflexión frente a años de promesas incumplidas y crisis acumuladas. La necesidad de acciones concretas no puede seguir postergándose.
Y.A.
