La tragedia ocurrida en la vereda Los Trozos pone de relieve la grave crisis humanitaria en el nordeste antioqueño, donde la disputa entre grupos armados y la presencia de campos minados cobra vidas inocentes.
La tragedia sacudió nuevamente al municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia, tras la confirmación de la muerte de dos menores de edad —de 15 y 17 años— quienes perdieron la vida al activar una mina antipersonal mientras realizaban actividades de minería artesanal en la vereda Los Trozos. El hecho ha generado una fuerte reacción por parte de las autoridades locales y departamentales, así como un llamado urgente a la comunidad internacional.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su profundo pesar y rechazo ante este hecho que, según él, evidencia la crítica situación de seguridad que se vive en la zona. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario señaló: «Antioqueños, es muy doloroso contarles la pérdida de dos menores de 15 y 17 años por causa de una mina antipersonal en la vereda Los Trozos de Anorí. Es la cosecha de contemporizar con bandidos. Esta es la paz total del Gobierno @petrogustavo.»
El gobernador también hizo un enérgico llamado a los organismos internacionales de derechos humanos y cooperación humanitaria para que presten atención a lo que calificó como una «tragedia en curso» en este sector del departamento, donde las comunidades rurales viven en condiciones de confinamiento forzado, producto del conflicto armado y la constante amenaza de los campos minados.
La zona donde se presentó el incidente está siendo disputada por varios grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y unidades del ELN, quienes luchan por el control del territorio, estratégicamente importante para las rutas del narcotráfico y actividades extractivas ilegales.
El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, también lamentó el fallecimiento de los menores, subrayando que estos hechos no son aislados. «Es que esa región, toda la zona de Anorí, de Dos Bocas, en lo que corresponde, la zona de Los Tenche, que son varios sectores, Los Trozos, Tacamocho, todo este sector es zona donde han querido incursionar estos grupos y entonces toda esa zona se encuentra altamente minada», explicó.
Silva advirtió que la presencia de artefactos explosivos no solo impide el avance de la fuerza pública, sino que también obstaculiza la movilidad de los habitantes y sus animales. “Los campesinos no pueden trabajar sus tierras, y el ganado apenas se mueve en los potreros por temor a que pisen una mina”, agregó.
La instalación de minas antipersonal es una práctica prohibida por el derecho internacional humanitario, lo que hace aún más alarmante la situación que viven los habitantes del nordeste antioqueño. Organizaciones como el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y la ONU han alertado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de fortalecer las acciones de desminado humanitario en Colombia, especialmente en regiones donde los acuerdos de paz han sido frágiles o inexistentes.
Según cifras de organismos defensores de derechos humanos, Antioquia sigue siendo uno de los departamentos con más afectaciones por este tipo de artefactos explosivos. La población civil —y en particular los niños y adolescentes rurales— continúa siendo la principal víctima de una guerra que no da tregua, a pesar de los múltiples esfuerzos por alcanzar una paz total.
El clamor de Rendón y Silva no es solamente una reacción emocional ante una tragedia local, sino una alerta de que el conflicto armado sigue activo en muchas partes del país. Mientras se siga ignorando la situación en territorios como Anorí, seguirán cayendo víctimas inocentes, y la esperanza de una paz duradera se diluirá entre el dolor, el miedo y la desesperanza.
Y.A.
