El equilibrio entre los poderes del Estado atraviesa una de sus etapas más frágiles en los últimos años. El ambiente político se torna cada vez más tenso en Colombia, mientras se profundiza la brecha entre la Presidencia de la República y las altas cortes. Esta semana, dos hechos marcaron un giro simbólico y jurídico que sacude la ya volátil relación entre las instituciones.
La primera señal provino del Palacio de Justicia. A pocas horas de la posesión del nuevo magistrado de la Sala Laboral, Usme Perea, la Corte Suprema de Justicia fue convocada de forma extraordinaria a una Sala Plena para decidir un punto no menor: si el presidente Gustavo Petro debía o no asistir a la ceremonia.
Aunque durante décadas ha sido costumbre que el jefe de Estado presida estas posesiones como gesto de respeto entre poderes, esta vez la Corte optó por cortar esa tradición. Con 14 votos a favor y solo 2 en contra, los magistrados tomaron una decisión inédita: no invitar al presidente.
La medida, cargada de simbolismo, fue interpretada como una afirmación de autonomía institucional. Aunque no se ha emitido un pronunciamiento oficial, fuentes cercanas al alto tribunal aseguran que la decisión buscó enviar un mensaje claro en un contexto donde las tensiones con el Ejecutivo han escalado.
Mientras tanto, en el Congreso…
Simultáneamente, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se desarrolla otra trama con tintes explosivos. El representante Carlos Alberto Cuenca, investigador en el caso que involucra al presidente Petro —a partir de las cartas enviadas por el excanciller Álvaro Leyva—, ha definido una hoja de ruta con decisiones sin precedentes.
En medio de un ambiente ya caldeado, Cuenca planteará cuatro pasos clave:
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Apertura formal de investigación contra el presidente, lo que dejaría atrás la fase reservada del caso y lo llevaría al escrutinio público.
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Citación bajo juramento de Álvaro Leyva, para que ratifique o precise sus afirmaciones sobre el presidente.
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Solicitud de un examen toxicológico al presidente Petro, medida altamente controvertida que ha generado reacciones encontradas en sectores políticos y jurídicos.
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Petición de un informe oficial a las autoridades francesas, con el fin de esclarecer las circunstancias del viaje del presidente a París, durante el cual su paradero fue desconocido por al menos 48 horas.
Lo que parecía una semana administrativa más en el calendario institucional ha dado paso a una nueva etapa de confrontación abierta entre el Ejecutivo y los demás poderes del Estado. Entre gestos simbólicos y decisiones judiciales, Colombia entra en un terreno inédito de tensión institucional, donde el equilibrio democrático se pone a prueba.
