Cepeda alerta a la ONU, la OEA y la CIDH por consulta popular sin Congreso: «Riesgo crítico para la democracia»

Efraín Cepeda

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, presentó una alerta internacional por lo que considera una ruptura del orden constitucional tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de impulsar una consulta popular vía decreto.

En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha elevado una alerta internacional dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que advierte sobre un supuesto intento del presidente Gustavo Petro de romper el orden constitucional colombiano mediante la ejecución de una consulta popular sin el respaldo del Congreso de la República.

La alerta, presentada formalmente a través del bufete Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados, denuncia una presunta vulneración de la separación de poderes y el intento de sustituir la voluntad del Congreso por decisiones unilaterales del Ejecutivo. “El principio de separación e independencia de los poderes públicos constituye un elemento esencial de toda democracia representativa”, sostiene el documento entregado a los organismos multilaterales.

El senador Cepeda señala que la iniciativa presidencial de adelantar una consulta popular vía decreto presidencial, pese a haber sido negada por el Senado con 49 votos contra 47, representa una amenaza directa a las reglas democráticas y al funcionamiento equilibrado del Estado. El documento resalta además que las declaraciones públicas del presidente Petro, en las que ha afirmado que la consulta “va porque va”, ignoran completamente los canales institucionales, como el trámite legislativo o el control de la Corte Constitucional.

“El Presidente omitió toda referencia a un nuevo trámite legislativo o a la intervención de la Corte Constitucional. Por el contrario, anticipó una decisión inmediata, de carácter unilateral, contraria al orden constitucional previamente activado”, se lee en la comunicación enviada a los entes internacionales.

La alerta también refiere expresamente uno de los episodios más tensos entre el mandatario y el jefe del Legislativo. El 4 de diciembre de 2024, el presidente Petro acusó públicamente a Cepeda de intentar un “golpe de Estado”, y de haber incurrido en delitos como tráfico de influencias, delitos contra el régimen constitucional y traición a la patria, lo cual fue interpretado por el Congreso como un acto de persecución y deslegitimación del control político.

La denuncia recoge textualmente un mensaje publicado por Petro en su cuenta de X (antes Twitter), en el que afirmó: “Buscan el golpe porque no quiero ser presidente de los ricos”, haciendo alusión directa a Cepeda y su papel como presidente del Senado.

Ante este contexto, Cepeda pidió que los organismos internacionales soliciten información directa a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior sobre las presuntas irregularidades denunciadas en la votación del Senado. También instó a que estas entidades emitan pronunciamientos preventivos respecto a la actual coyuntura política que enfrenta el país, a la luz del posible quiebre de las normas democráticas.

“El escenario es crítico. Estamos ante una situación sin precedentes donde el Ejecutivo busca sustituir de forma deliberada las funciones del Congreso. Es un hecho que merece la atención y vigilancia de la comunidad internacional”, afirmó un vocero del equipo jurídico que acompañó la radicación del informe.

Mientras tanto, desde el Gobierno no se ha emitido una respuesta oficial a esta alerta. Sin embargo, fuentes cercanas al Palacio de Nariño han reiterado que la consulta popular busca “empoderar al pueblo colombiano” y que cualquier acción del Ejecutivo se hará “en el marco de la legalidad”.

Lo cierto es que el conflicto entre los poderes del Estado se agudiza y el país se enfrenta a un debate de fondo sobre los límites institucionales y el respeto a los procedimientos constitucionales. La intervención de actores internacionales podría marcar un nuevo rumbo en esta disputa que ya ha escalado más allá de las fronteras del país.

Y.A.