Más de 40 clínicas fueron denunciadas ante la Fiscalía por facturar servicios inexistentes relacionados con accidentes de tránsito. La Adres reveló que algunas no tienen ni siquiera infraestructura física.
En una grave revelación que expone la fragilidad de los controles institucionales sobre el sistema de salud colombiano, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) denunció ante la Fiscalía General de la Nación a más de 40 clínicas por realizar cobros irregulares por servicios médicos supuestamente prestados a víctimas de accidentes de tránsito protagonizados por lo que se conoce como vehículos fantasma.
El anuncio fue realizado por el director de la Adres, Félix León Martínez, quien informó que de las 70 instituciones inicialmente identificadas por prácticas sospechosas, 40 ya tienen procesos penales en curso. “Empezamos con un anuncio de que encontramos 70 clínicas extrañas que estaban facturando, que no veíamos las condiciones adecuadas de servicio, no las encontrábamos en las visitas, no las encontrábamos por satélite”, afirmó el funcionario.
El hallazgo más alarmante radica en que varias de estas clínicas simplemente no existen. Algunas no cuentan con instalaciones físicas, mientras que otras presentan direcciones falsas o ubicaciones donde deberían operar áreas como cirugía o urgencias, pero en su lugar se encontraron potreros o tiendas de barrio.
“Cuando fueron a ver las firmas auditoras, nuestros equipos concurrentes encontraron que donde decía sala de cirugía había un potrero, donde decía urgencias había una tienda, no existían y todas las cuentas eran falsas”, detalló Martínez, subrayando que las irregularidades incluyen la fabricación de pacientes, tratamientos ficticios y documentación fraudulenta.
La Adres ha iniciado además investigaciones adicionales para enviar a la Fiscalía otras 12 clínicas involucradas en este mismo esquema de corrupción. Según el funcionario, se trata de una estructura organizada que opera en varias regiones del país y que estaría detrás del montaje de estas entidades falsas con el fin de defraudar recursos públicos.
“Creo que son gente organizada que detrás de los aparentes dueños de estos negocios, que está persiguiendo la Fiscalía, debe haber alguna organización que utiliza y que crea clínicas falsas para pasar cuentas al sistema de salud”, indicó.
Martínez también hizo un fuerte llamado a la responsabilidad de los entes territoriales, en especial a la Secretaría de Salud del Atlántico, señalando una falta de control y vigilancia sobre el registro y habilitación de las clínicas. “Ahí hubo una falta de gestión de la Secretaría de su tiempo, porque esto viene de unos años”, denunció.
El director de la Adres reconoció que será difícil recuperar los recursos perdidos en este esquema, ya que muchas de las instituciones implicadas están representadas por testaferros sin patrimonio. “No me interesa mucho la recuperación de recursos por más que sean importantes, me interesa que pare el robo”, enfatizó, subrayando que el objetivo es desmantelar la mafia detrás de estas acciones.
Otro de los puntos críticos abordados por Martínez fue la llamada “guerra del centavo”, una competencia desleal entre servicios de ambulancias que, además de contribuir al caos vial, se suma a las irregularidades del sistema. Según el funcionario, algunas ambulancias no cuentan con SOAT ni revisión técnico-mecánica, y en ocasiones provocan accidentes mientras compiten por ganar pacientes.
“El sistema de ambulancias nacional es una vergüenza para el país”, declaró, agregando que hay clínicas que incluso pagan comisiones por llevar pacientes, sin importar la gravedad de su estado ni la distancia del recorrido. “Hemos conocido casos en los que llevan los pacientes a la clínica sin vergüenza, que les da comisión”, denunció.
Esta serie de irregularidades pone en evidencia la urgencia de reformas estructurales en los mecanismos de vigilancia y control del sistema de salud en Colombia, así como la necesidad de fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la atención médica.
La denuncia de la Adres ya está en manos de la Fiscalía, que deberá investigar a fondo y determinar los responsables de uno de los mayores fraudes al sistema de salud conocidos en los últimos años. Mientras tanto, miles de ciudadanos siguen expuestos a un sistema que, en muchos casos, está siendo saqueado desde adentro.
Y.A.
