Por: Orlando Andrade Gallardo.
La bola de candela y el aire contaminado por el veneno que producen los enfrentamientos diarios de la clase política colombiana mantienen intoxicado el país y los ciudadanos no encuentran espacios libres para respirar aire puro. Definitivamente, Colombia es un país politiquero y tóxico, sus dirigentes no saben cuál es el camino correcto, no tienen brújula, hoy rechazan las reformas que presenta el ejecutivo y tan pronto el contrario los aprieta, no pasan 48 horas para aprobar lo que desaprobaron. El desorden legislativo como consecuencia de un presidente sin dirección, que obedece órdenes de personajes siniestros, enemigo de la patria y jefes de tribus o colectivos con intereses mezquinos, ha creado pánico y zozobra en los colombianos. No entendemos como funcionarios con tanta responsabilidad, que se autocalifican de experimentados en el oficio parlamentario de tres décadas, sean tan débiles al momento de tomar decisiones trascendentales como la reforma laboral y la consulta popular, y permiten que los manipule su cacique politiquero. En el Congreso de la República se nota que la división no es ideológica, porque esta tendencia desapareció del recinto por las rencillas personales y el afán por el poder político y económico, el odio por el contrario y cuando contradicen sus posiciones son tildados de subversivos y populistas. El país padece crisis institucional por la irracionalidad del presidente del Senado quien aseguró públicamente, no permitir que las reformas presidenciales sean aprobadas, sin conocerlas en la mayoría de los casos y está cumpliendo su promesa. La pregunta no es cuánto le cuesta a los gremios los paros cívicos, sino cuánto le cuesta al erario público y trabajadores en términos económicos, la infame posición del presidente de la corporación, que origina las marchas y el desgaste en los trámites de las reformas, que se repiten dos y tres veces.
Es triste como desinforman algunos noticieros de televisión a la audiencia, mostrando imágenes del paro donde aparecen pocas personas y otras donde figuran cierta cantidad a quienes entrevistan para que se manifiesten contra el paro cívico y desprestigiar la movilización. En un mano a mano que presentó otro noticiero de Tv, entre el presidente del sindicato de trabajadores de vigilancia y seguridad con el representante del gremio, sobre la reforma laboral. El primero manifestaba lo que todos conocemos que desde el gobierno de Uribe en el 2002 cercenaron los derechos de los trabajadores y dejaron de pagar horas nocturnas, domingos, feriados y otras prestaciones, el pedido era que retornaran esos derechos. El ejecutivo se defendió argumentando que en esa época 2002 las empresas eran más pequeñas y tenían mejores utilidades, los gastos administrativos e impuestos no eran tan asfixiantes como el presente y las utilidades disminuyeron; agregó que son generosos porque pueden reemplazar al vigilante con instalación de cámaras y todo lo que brinda la tecnología. Sin el ánimo de polemizar, recordemos que el salario de un vigilante era el mínimo, pero la fuerte presión del sindicato mejoró algo, argumentando de ser una labor de alto riesgo, similar a las fuerzas públicas. En ese mismo estudio se comprobó que las empresas de vigilancia reciben por la prestación del servicio un poco más de siete millones de pesos por cada vigilante y los gastos integral suman tres millones de pesos, dejando utilidades por plusvalía, cuatro millones de pesos, y aun se quejan?. En el mercado laboral existen cientos de empresas con el mismo panorama de rentabilidad y los directores de Fenalco, Andi y Fedesarrollo con sevicia y arrogancia siempre afirman lo contrario para continuar desprestigiando al presidente Petro y tratar de ablandarlo, pero su discurso patético y desgastado ya no cala en la opinión pública. Uno de sus argumentos sobre la reforma laboral es que causaría desempleo e informalidad y muchas empresas desaparecerían, ni lo uno ni lo otro ha sucedido.
Para responder las negras afirmaciones e irresponsables de los dos personajes de marras que fomentan el terrorismo y siembran el odio entre los colombianos, la directora del Dane Piedad Urdinola les aclara la situación económica y laboral del país. El avance del gobierno del cambio en materia laboral fue favorable disminuyendo el desempleo a 8,8%, en los dos últimos años 700 mil colombianos encontraron puestos de trabajo, estos porcentajes no se registraban desde el 2001. Lo que representa un gran logro, la informalidad se mantiene y las empresas continúan invirtiendo nuevos capitales y aumentando el PIB cada a año. El Banco de la República aseguró que el dinamismo en el 2024 fue significativo en varias áreas de la economía; el presidente del banco Serfinanza, confirmó que el Caribe, su tejido empresarial se fortaleció con más de 40 mil nuevas medianas y micro empresas. De todos estos argumentos de entidades oficiales y particulares creíbles. ¿Quién tiene la razón, la oposición o el gobierno del cambio?
