La imputación contra el exjefe de Función Pública lo señala como parte de una “empresa criminal” que operó dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desviando millonarios recursos públicos mediante contratos amañados.
César Manrique, exjefe de Función Pública, fue imputado este miércoles por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en un entramado de corrupción que operó dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La audiencia, presidida por el Juzgado 66 de Garantías de Bogotá, marca un nuevo capítulo en el escándalo que ha sacudido los cimientos del actual gobierno y ha dejado al descubierto una presunta red criminal que habría desviado recursos públicos por medio de contratos fraudulentos.
Según la fiscal del caso, María Cristina Patiño, Manrique habría formado parte de una “empresa criminal” que, aprovechándose de la capacidad de la UNGRD para declarar calamidades, diseñó un sistema para direccionar la contratación pública a ciertos beneficiarios previamente elegidos. Estos contratistas, previamente contactados desde distintas entidades, recibían información detallada sobre los futuros proyectos para que presentaran propuestas ajustadas a los requisitos, asegurando así la adjudicación de los contratos. A cambio, entregaban coimas o sobornos.
La imputación contra Manrique ocurre mientras este enfrenta otra condena en primera instancia por contratación ilegal durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Esta nueva acusación lo pone en el centro de uno de los escándalos más grandes de corrupción del actual gobierno, en el que ya se han visto implicados otros altos funcionarios como Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); y, recientemente, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda.
Junto a Manrique, también fueron imputadas otras personas presuntamente involucradas en la red: Édgar Riveros, Sonia Rocío Romero Hernández, Ana María Riveros, Édgar Echeverri, Francisco Estupiñán y Óscar Enrique Cárdenas. Muchos de ellos están relacionados con beneficios ilegales derivados de contrataciones vinculadas a la Fundación Yapurutú, otra de las entidades investigadas en este complejo entramado.
La Fiscalía ha señalado que desde mayo de 2023 hasta mayo de 2024, estas personas actuaron de manera coordinada con Olmedo López y Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, para sustraer dineros públicos mediante la manipulación de procesos contractuales. Se les imputarán cargos por concierto para delinquir, entre otros delitos asociados al manejo irregular de fondos estatales.
Este caso no solo revela una sofisticada red de corrupción administrativa, sino que también ha generado una fuerte crisis política para el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien hasta ahora no se ha pronunciado directamente sobre la implicación de tantos funcionarios cercanos a su administración. Sin embargo, sectores políticos y de la opinión pública ya exigen una depuración profunda dentro del Ejecutivo y un compromiso real con la lucha contra la corrupción.
La gravedad de las acusaciones ha llevado a que se especule sobre nuevas imputaciones en los próximos días. La fiscal Patiño ha dejado entrever que las investigaciones podrían alcanzar a más funcionarios activos y exfuncionarios, lo que sugiere que la red operativa dentro de la UNGRD podría haber sido aún más amplia de lo que inicialmente se pensaba.
Mientras tanto, la defensa de César Manrique ha negado todas las acusaciones y ha advertido que su cliente es víctima de una persecución política. No obstante, la Fiscalía asegura contar con pruebas documentales, testimoniales y registros de comunicaciones que comprometerían directamente al exfuncionario en el direccionamiento de contratos y la recepción de beneficios indebidos.
El país seguirá atento al desarrollo de este proceso judicial, que promete revelar detalles cruciales sobre el funcionamiento interno de una estructura que, bajo la fachada de la gestión de riesgos y desastres, habría servido como plataforma para uno de los desfalcos más vergonzosos de la historia reciente de Colombia.
Y.A.
