El exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ha sido beneficiario de contratos por un total superior a los 840 millones de pesos con diversas entidades del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Estas contrataciones se han realizado a través de su empresa Economía, Derecho y Sociedad S.A.S., y han generado controversia debido a su vinculación con el gobierno actual y su rol en procesos judiciales contra figuras de la oposición.
Detalles de los contratos
Montealegre ha suscrito dos contratos con Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC). El primero, por 57.120.000 pesos, tiene como objeto la prestación de servicios jurídicos especializados en derecho constitucional, administrativo, responsabilidad fiscal, emisión de conceptos, definición de estrategias y acompañamiento jurídico en el proceso de rediseño institucional. El segundo contrato, con un plazo de ejecución de 11 meses y 8 días, asciende a 268.146.667 pesos, con un pago mensual de 23.800.000 pesos.
Además, Montealegre ha sido contratado por Positiva Compañía de Seguros en 2023 por un valor de 480.000.000 pesos. También se ha identificado un contrato con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) por 37.500.000 pesos. En total, estos contratos suman 842.766.000 pesos.
Controversia y críticas
La revelación de estos contratos ha generado críticas por parte de sectores políticos opositores. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático, ha calificado a Montealegre como un «vampiro del presupuesto público», cuestionando la asignación de recursos a su empresa mientras él lidera procesos judiciales contra figuras de la oposición.
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Además, se ha señalado que Montealegre ha estado involucrado en denuncias contra líderes opositores, incluyendo la reciente apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación contra figuras como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros miembros del Centro Democrático, por su presunta participación en el hostigamiento judicial al periodista Hollman Morris, gerente de RTVC.
La Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación para esclarecer si ha existido un uso indebido de recursos públicos en procesos judiciales dirigidos a silenciar voces críticas. La situación ha generado un debate sobre la utilización de recursos públicos en procesos judiciales que podrían estar dirigidos a silenciar voces críticas.
Este caso pone de manifiesto las tensiones entre el poder judicial, el ejecutivo y la oposición política en Colombia, y plantea interrogantes sobre la transparencia y la imparcialidad en la asignación de contratos públicos.
