Investigación revela graves irregularidades en el contrato de operación de los megacolegios Aluna y Quinto Centenario, alertando sobre la desviación de recursos que pone en riesgo la calidad educativa de la región.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
La ciudad de Santa Marta enfrenta hoy uno de los escándalos educativos más complejos de su historia reciente. El cambio abrupto de operador en los megacolegios Aluna y Quinto Centenario, impulsado por la administración distrital, removió a la ONG Fé y Alegría para adjudicar el contrato de operación a la Iglesia Emmanuel, una organización evangélica que, según denuncian padres de familia y veedurías ciudadanas, no cumplió con los parámetros mínimos de transparencia ni calidad. El concejal Wiston Vargas, luego de meses de visitas a las instituciones y de recopilar testimonios de padres y docentes, elevó la voz en el Concejo Distrital y forzó la atención de instancias de control superiores.
Hoy, la Procuraduría adelanta investigaciones por una posible desviación de recursos, mientras la Contraloría General de la Nación ha remitido copias a la Dian y a la UGPT, advirtiendo sobre un presunto detrimento patrimonial que supera los 291 millones de pesos sin sustento. Este reportaje, basado en la entrevista concedida a Noticias con LIBERTAD por el concejal Vargas y complementado con el trabajo de la veedora Departamental Diana Arias, devela cómo la falta de control político y los intereses de corte clientelista están afectando la calidad educativa de más de 3.000 estudiantes samarios.
Los antecedentes y el cambio de operador
En enero-febrero de 2024, la comunidad educativa de Santa Marta se enteró, con sorpresa y alarma, de la decisión de la alcaldía de relevar a Fé y Alegría del manejo de los megacolegios Aluna y Quinto Centenario, instituciones que habían funcionado durante varios años bajo la supervisión de esta reconocida organización sin ánimo de lucro. Sin embargo, sin mayor explicación pública, el Distrito adjudicó a la Iglesia Emmanuel el contrato de operación, un convenio de casi 12.000 millones de pesos (inicialmente presupuestado en 7.900 millones) para atender a cerca de 2.880 alumnos en 2023, cifra que hoy supera los 3.000.
El concejal Wiston Vargas, alertado por padres de familia a través de redes sociales, atendió las voces de inconformidad y comenzó, en marzo de 2024, a ejercer “controles políticos” en el Concejo Distrital. Durante casi diez meses, las comisiones de investigación internas del Concejo bloquearon los esfuerzos de Vargas para debatir el tema hasta que, el 15 de octubre de 2024, finalmente se llevó a cabo la sesión plenaria donde el concejal expuso una serie de irregularidades que motivaron la intervención de la Procuraduría. En palabras de Vargas:
“Recibimos la denuncia de los padres de familia, visitamos los colegios, hablamos con la veeduría y, cuando quisimos hacer el control político, la mayoría del Concejo no lo permitía. Fue hasta octubre que logramos poner en evidencia las anomalías en el manejo de recursos que sin duda afectan la educación de nuestros niños.”
Denuncias de docentes y falta de seguridad social
Desde el cambio de operador, los docentes de Aluna y Quinto Centenario comenzaron a padecer graves atrasos en el pago de salarios y la ausencia de aportes a la seguridad social y las prestaciones sociales. A través de un cruce de información en la plataforma ADRES, Vargas y su equipo detectaron que algunos profesores no habían recibido aportes desde 2023, pese a que su contrato para 2024 estaba vigente. El concejal relató el caso de un docente al cual se le despachó sin mayor trámite, presuntamente por “filtrar información” a la comunidad y a través de esos despidos generó un clima de temor que coartaba la libertad de denuncia:
“Investigamos a un profesor que, según evidencia en el ADRES, no recibía aportes desde hace meses. Aun así, la Iglesia Emmanuel solo le firmaba contratos por prestación de servicios, apropiándose de la parte correspondiente a la seguridad social. Cuando ese docente descubrió la anomalía, el colegio lo despidió, sin siquiera escucharlo. Nadie puede vivir de vocación; sin seguridad social, no hay educación decente.”
Esa dinámica afectó directamente la calidad educativa, pues casi 10% de la planta docente solicitó su retiro por falta de garantías laborales, lo que incrementó la rotación de profesores y generó discontinuidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Padres de familia, entrevistados de forma anónima por el equipo veedor, aseguraron que muchos profesores abandonaban los salones por falta de motivación y por la incertidumbre de sus condiciones. La consecuencia inmediata: alumnado desdibujado, clases irregulares y un evidente deterioro en el rendimiento académico.
La veeduría Departamental y la revelación de inconsistencias
Conscientes de la gravedad del problema, padres de familia fundaron la Veeduría Departamental, cuya vicepresidenta es Diana Arias. Esta instancia, que nació literalmente a la par con los megacolegios, asumió la tarea de recolectar pruebas, cuestionar al rector y exigir rendición de cuentas a la Secretaria Distrital de Educación. Diana Arias explicó el proceso:
“Armamos la veeduría con personería jurídica, porque no queríamos una veeduría de papel. Presentamos derechos de petición, cartas y solicitudes, pero no obtuvimos respuesta. El rector se evadía, el pastor Ángel Flórez nunca nos dio la cara. Solo cuando la Contraloría General de la Nación abrió una auditoría más profunda en Aluna, se empezaron a evidenciar las irregularidades.”
La veeduría se centró en desglosar el contrato de operación de 7.900 millones de pesos (que luego ascendió a 12.000 millones), repartido entre Aluna y Quinto Centenario. Según los datos recabados, por cada alumno se destinaban aproximadamente 1.400.000 pesos anuales, cifra que contrasta con el promedio de 260 millones que recibe un colegio distrital tradicional. Esa disparidad obligó a cuestionar la forma en que se distribuían los recursos, pues un monto tan elevado debería garantizar alimentación, transporte, infraestructura y condiciones laborales dignas para todos los docentes.
La veeduría recabó el derecho de petición que el pastor Ángel Flórez (máxima autoridad de la Iglesia Emmanuel) entregó como única respuesta a las solicitudes de información. En ese documento se evidenciaba, por ejemplo, cuántos docentes eran contratados, cuánto se debía en seguridad social y cuántas prestaciones pendientes existían. A raíz de esos datos, la veeduría presentó un informe preliminar ante la Contraloría, señalando que al menos 291 millones de pesos no contaban con soporte documental. Arias puntualizó:
“Los hallazgos de la Contraloría fueron contundentes: 291 millones sin sustento. Y eso es solo la punta del iceberg. Es dinero de los impuestos de todos los colombianos. ¿Cómo es posible que no exista ningún tipo de soporte para ese gasto? El clientelismo está premiando a quienes deterioran el patrimonio de la ciudad.”
Vínculo familiar y clientelismo
Diana Arias denunció que el pastor Ángel Flórez, representante de la Iglesia Emmanuel —operador de los megacolegios Aluna y Quinto Centenario— es consuegro del actual presidente del Concejo Distrital de Santa Marta. Este parentesco, aseguró Arias, explicaría cómo se adjudicó un contrato millonario (superior a los 12.000 millones de pesos) sin garantizar los controles necesarios:
“No es una simple coincidencia: llega ese contrato a manos de la Iglesia Emmanuel por clientelismo y no por méritos técnicos. El pastor Flórez está emparentado con el presidente del Concejo, y eso facilita que se privilegien intereses políticos sobre el bienestar educativo de los niños samarios.”
Según la veedora, este nexo familiar ha sido determinante para bloquear revisiones rigurosas y favorecer la permanencia de una administración opaca que reparte recursos sin rendir cuentas.
Involucramiento de la Contraloría General de la Nación, la Dian y la UGPT
La auditoría de la Contraloría General de la Nación no se limitó a revisar los pagos a profesores. Su investigación abarcó la infraestructura, la calidad de los espacios educativos y si las instalaciones cumplían con los estándares exigidos para un megacolegio.
Además, la Contraloría compulsó copia a la Dian, entidad que debe investigar la posible desviación de recursos y un eventual fraude tributario al no reportar gastos o subvalorar contratos. Al mismo tiempo, remitió antecedentes a la UGPT (Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales del Trabajo), para que verifique el incumplimiento en los aportes a seguridad social. Estas acciones pintan un cuadro donde varias instancias nacionales coinciden en señalar un presunto clima de corrupción. El proceso, hasta la fecha, registra:
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291 millones de pesos sin sustento en pagos (hallazgo de la Contraloría).
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Posible desviación de recursos por omisión de documentos y facturas.
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Falta de aporte a seguridad social y prestaciones sociales para más de 30 docentes en 2024.
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Infraestructura deficiente que contraviene las normas de calidad educativa.
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Amenazas a veedores y docentes que intentaron denunciar irregularidades.
El papel del concejal Wiston Vargas y la obstrucción política
La insistencia del concejal Wiston Vargas para abrir espacios de debate en el Concejo Distrital chocó reiteradamente con bloqueos de bancadas mayoritarias que, presuntamente, respondían a intereses políticos. Como Vargas explicó, durante casi diez meses, las solicitudes para discutir los temas de los megacolegios fueron sistemáticamente aplazadas o desestimadas.
Su labor incluyó visitas a los dos planteles educativos, reuniones con padres y docentes y la recopilación de pruebas. Gracias a ese esfuerzo, la Procuraduría inició las indagaciones correspondientes, las cuales hoy forman parte de un expediente que podría derivar en sanciones disciplinarias para los funcionarios distritales que autorizaron el contrato y para los directivos de la Iglesia Emmanuel.
Impacto del cambio de modalidad educativa
En el megacolegio Aluna, la pérdida de la figura de “jornada única” es un síntoma evidente del abandono. Tras el relevo de operador, se determinó que el plantel no podía sostener la atención de todos los alumnos en un solo turno, por lo que se implementó un esquema de dos jornadas (mañana y tarde). Esto, además de generar incomodidades logísticas para familias de escasos recursos (quienes dependían del almuerzo y del transporte proporcionado por la institución), implica un debilitamiento de las garantías que ofrecía como megacolegio. Diana Arias señaló:
“Pasamos de un megacolegio con jornada única a uno que apenas puede atender en dos turnos. Esto pone en riesgo la alimentación y el acompañamiento integral que antes tenían los niños. Es un retroceso en la calidad educativa y una clara señal de que el proyecto original fue un engaño.”
Amenazas, hostigamiento y clima de temor
El clima que vive la comunidad educativa no se limita a la falta de recursos o la ineficiencia administrativa. Tanto Diana Arias como varios docentes y padres relataron haber sufrido amenazas y campañas de desprestigio en redes sociales. La veedora Departamental, por ejemplo, fue blanco de comentarios difamatorios que pretendían desacreditar su labor:
“En redes sociales me llamaron de todo. Incluso recibí amenazas directas para que me callara. Esto no solo afecta mi buen nombre, sino que busca silenciar a quienes defendemos el derecho de los niños a una educación digna.”
Consecuencias sobre los estudiantes y la comunidad
Los principales afectados en este entramado de clientelismo y malversación son, sin duda, los 3.000 estudiantes de los megacolegios. La falta de continuidad de los docentes, sumada a la fragmentación de las jornadas, impacta negativamente en el aprendizaje y el desarrollo socioemocional de los niños. Padres de familia entrevistados explicaron cómo la desmotivación docente se traduce en clases meramente “de relleno”.
Ese vacío pedagógico se alimenta de la ruptura de la relación entre comunidad educativa y administración. La ausencia de espacios de participación genuina –más allá de protestas esporádicas– deja a los padres con desconfianza y sin vías efectivas de diálogo. El me conduce directamente a cuestionar si el modelo de megacolegio, concebido para ofrecer educación de calidad a poblaciones vulnerables, ha servido únicamente como fachada para canalizar dineros públicos sin entregar resultados tangibles.
El rol de la Procuraduría y las expectativas de sanción
Con las denuncias documentadas por Vargas y la veeduría, la Procuraduría tiene hoy en sus manos un expediente lo suficientemente sólido para abrir proceso disciplinario contra quienes autorizaron y ejecutaron el contrato de operación. Esta entidad, encargada de preservar la moral administrativa y la defensa del patrimonio público, podría imponer sanciones que incluyan destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos:
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Funcionarios distritales que firmaron el contrato sin verificar las condiciones de la Iglesia Emmanuel.
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Directivos de la Iglesia Emmanuel por omisión de pagos a seguridad social y prestaciones sociales para los docentes.
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Administradores locales que hayan permitido el desembolso de recursos sin soporte documental.
La comunidad educativa espera que, tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría actúe con celeridad y rigurosidad. De lo contrario, el riesgo de impunidad se traduciría en un precedente nefasto para la ciudad, alentando a otros proyectos de fachada que busquen lucrarse con la educación pública. Como advierte Vargas:
“Si la Procuraduría no aplica las sanciones correspondientes, estaremos confirmando que la corrupción en Santa Marta no tiene límites. No podemos permitir que el detrimento patrimonial se convierta en una norma silenciosa.”
Reflexiones sobre clientelismo y futuro de la educación distrital
A futuro, Santa Marta enfrenta dos escenarios:
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Reforma profunda y rendición de cuentas: Si la Procuraduría, la Contraloría General de la Nación, la Dian y la UGPT actúan de manera coordinada y con transparencia, imponiendo sanciones ejemplares y obligando a una nueva licitación justa, se podrá reconstruir la confianza en el sistema educativo distrital. Las lecciones aprendidas permitirían establecer mecanismos de supervisión más efectivos, con participación real de la comunidad y evaluación constante de los contratistas.
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Impunidad y reproducción del modelo: Si los procesos se dilatan o se archivan sin consecuencias, se consolidará una cultura de impunidad. El siguiente contrato podría recalcar los mismos defectos: contratos con operadores sin experiencia, falta de veedurías activas y ausencia de controles rigurosos. Los ciudadanos resignados verán cómo la educación se degrada y el patrimonio público se desvanece en manos equivocadas.
Recomendaciones y llamado a la movilización ciudadana
Frente a este panorama, resulta indispensable activar una ruta de acción ciudadana:
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Fortalecer la veeduría: La experiencia de la veeduría Departamental demuestra que solo la presión desde la comunidad puede desatar los nudos de la burocracia. Es urgente crear veedurías en otros colegios y exigir que cuenten con personería y acceso a la información.
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Monitoreo continuo de contratos: Los procesos de contratación deben transmitirse en tiempo real por plataformas digitales con seguimiento ciudadano. Cualquier cambio de operador o adición presupuestal debe estar amparado por informes técnicos que certifiquen la viabilidad y la experiencia de los oferentes.
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Protección a denunciantes: Fomentar un entorno seguro para padres, docentes y funcionarios que decidan denunciar irregularidades. Las amenazas deben ser investigadas por la Fiscalía y sancionadas como delitos de intimidación.
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Participación en audiencias públicas: Animar a los ciudadanos a asistir a las audiencias del Concejo Distrital y a las sesiones de la Procuraduría que traten este caso. La visibilidad pública es un antídoto contra la corrupción.
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Presión electoral: En próximas elecciones locales, evaluar el historial de los candidatos en materia de educación. La elección de mandatarios y concejales comprometidos con la transparencia puede desterrar el clientelismo de los procesos educativos.
Así las cosas, el escándalo que sacude actualmente a Santa Marta con los megacolegios Aluna y Quinto Centenario va más allá de un simple cambio de operador. Revela un entramado de clientelismo y falta de control político que ha permitido la desviación de recursos, la violación de normativas laborales (ausencia de seguridad social y prestaciones sociales para docentes) y el deterioro de la calidad educativa de miles de estudiantes vulnerables. La intervención de la Procuraduría, motivada por las denuncias del concejal Wiston Vargas, y los hallazgos de la Contraloría General de la Nación –que ya remitió pruebas a la Dian y la UGPT– abren la puerta a la posibilidad de sanciones ejemplares. Sin embargo, la historia ha demostrado que la impunidad acecha cuando las estructuras de poder se cierran en círculo.
Este reportaje evidencia que, si no se fortalece la vigilancia ciudadana y no hay consecuencias reales para quienes pactan en las sombras, se normalizará un modelo de “negocio educativo” que, a la larga, condena a las nuevas generaciones a recibir una formación deficiente.
La veeduría liderada por Diana Arias y la labor política de Vargas son luz en la oscuridad, recordatorio de que la única manera de proteger el derecho fundamental a la educación es mediante la unidad colectiva, la exigencia constante y la rendición de cuentas sin excepciones. Santa Marta merece más que un sistema educativo convertido en botín político: exige transparencia, calidad y justicia para sus hijos.
Y.A.
