El gremio asegura que el Decreto 572 de 2025 perjudica la liquidez de las empresas del sector y vulnera la sostenibilidad fiscal. Pide su derogación inmediata.
La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) lanzó una dura advertencia contra el Decreto 572 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, el cual incrementa la retención en la fuente para más de 30 actividades económicas. Según el gremio, esta decisión traerá serias consecuencias para el transporte de carga en Colombia y afectará la estabilidad del tejido empresarial en general.
El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo Aguilera, fue enfático al calificar la norma como una medida desproporcionada que debilita la liquidez de las empresas transportadoras. “Esta medida equivale a adelantar el recaudo de impuestos correspondientes al año 2026, en un contexto en el que muchas compañías enfrentan dificultades con su flujo de caja”, expresó el dirigente.
Según Cuervo Aguilera, la decisión gubernamental es un intento de tapar un hueco fiscal anticipado, lo cual vulnera principios fundamentales de sostenibilidad y transparencia en la política económica. “El Gobierno utiliza este decreto como una herramienta de ajuste fiscal encubierto, sin considerar el impacto devastador que tiene en sectores como el nuestro”, aseguró.
En el caso particular del transporte de carga, el aumento en la retención es del 218%, una cifra que Fedetranscarga considera insostenible y sin precedentes. Este ajuste, advierte el gremio, se suma al impacto de la reforma laboral, que implicaría un incremento del 25% en los costos laborales para las empresas del sector. La combinación de ambas medidas representa un cóctel nocivo que compromete el cumplimiento de obligaciones financieras y laborales.
“Estamos hablando de compromisos como el pago de nómina, proveedores y créditos, que se ven amenazados por una política tributaria desconectada de la realidad económica del país”, afirmó Cuervo.
Otro de los puntos críticos señalados por Fedetranscarga es el aumento de los saldos a favor en la DIAN, que cada vez tardan más en ser devueltos. “En 2024, la devolución de estos recursos cayó un 23% frente al año anterior, lo que refleja la ineficiencia del sistema y agrava la situación financiera de las empresas”, alertó el dirigente gremial.
Para Cuervo, esta situación no solo tiene un impacto económico, sino que también genera un grave daño a la seguridad jurídica. “Cambiar las reglas del juego en mitad del año genera inestabilidad y desconfianza en los inversionistas. De nuevo, la seguridad jurídica queda en entredicho”, subrayó.
El dirigente también cuestionó la falta de diálogo entre el Gobierno y los sectores productivos antes de tomar una decisión de tal magnitud. “Una norma de esta naturaleza no puede imponerse sin una consulta previa. Se está afectando a todo el aparato productivo del país sin ofrecer canales reales de concertación”, reclamó.
Además, Fedetranscarga puso en tela de juicio la justificación técnica del decreto, señalando que la economía nacional no atraviesa por un buen momento. “En 2023, el crecimiento del PIB fue de apenas 0,6% y en 2024 se ubicó en un 1,7%. No hay condiciones macroeconómicas que justifiquen esta carga tributaria adicional”, sostuvo Cuervo.
Frente a este panorama, el gremio pidió al Ministerio de Hacienda y al Gobierno Nacional que deroguen el Decreto 572, argumentando que su aplicación no solo carece de fundamento técnico, sino que fue implementado de manera unilateral. “Instamos al Ejecutivo a rectificar esta decisión y a abrir espacios reales de concertación con los sectores afectados”, concluyó.
Fedetranscarga advierte que lo que está en juego no es solo la estabilidad del transporte de carga, sino la salud del sector productivo colombiano en su conjunto. El gremio teme que este tipo de medidas puedan acelerar la desaceleración económica y contribuir al cierre de pequeñas y medianas empresas, afectando el empleo y la competitividad nacional.
Y.A.
