El exregistrador nacional aseguró que sería ilegal convocar una consulta popular sin concepto favorable del Senado y afirmó que un decreto presidencial en ese sentido expondría a Gustavo Petro a una denuncia por prevaricato.
La controversia jurídica y política en torno a la convocatoria de una consulta popular por decreto continúa creciendo, luego de que el exregistrador nacional Alexander Vega Rocha advirtiera que la Registraduría Nacional del Estado Civil no puede fijar un calendario electoral si no se cumplen los procedimientos constitucionales y legales exigidos.
Las declaraciones de Vega surgen luego de que el Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, planteara la posibilidad de convocar una consulta popular por decreto presidencial, bajo el argumento de que el Senado de la República no emitió un pronunciamiento válido sobre la iniciativa de consulta presentada por el presidente Gustavo Petro.
“El señor ministro del Interior está mal asesorado desde el punto de vista del procedimiento de la consulta popular, y no hay limbo jurídico”, afirmó el exregistrador, quien lideró la entidad entre 2019 y 2023. Según Vega, sí existió una decisión del Senado, por lo que cualquier intento de ignorarla sería una tergiversación del proceso legislativo.
Alexander Vega fue enfático en que la supuesta falta de pronunciamiento no exime al Gobierno de seguir el procedimiento legal establecido en la Constitución. “No se puede creer en lo que le están diciendo al ministro, que no hubo decisión. Al contrario, sí hubo decisión, a tal punto que si el ministro quiere decir que hubo alguna irregularidad, debe entrar a controvertir en el Consejo de Estado”, señaló.
El exregistrador también lanzó una advertencia contundente: “Si el Presidente llega a sacar un decreto, es un decreto abiertamente ilegal, expondría al Presidente a una denuncia de prevaricato en la Comisión de Acusación”. De acuerdo con Vega, cualquier mecanismo de participación debe contar con el concepto favorable del Senado para que la Registraduría esté habilitada a organizar la consulta.
Además, explicó que en caso de que el Ejecutivo avance con la convocatoria por decreto, la Registraduría debe abstenerse de emitir el calendario electoral, ya que no estarían dados los requisitos formales ni sustanciales exigidos por la ley.
“La Registraduría no podría sacar el calendario electoral para la consulta, porque le falta el concepto favorable del Senado. No se puede organizar una jornada electoral sin ese requisito”, puntualizó.
Vega también se refirió a la posibilidad de que el caso llegue a instancias judiciales. Consideró que la Sección Quinta del Consejo de Estado, competente en temas electorales, podría revisar lo ocurrido durante la votación de la consulta en la plenaria del Senado. “La Registraduría podría esperar la decisión de la Sección Quinta por si anula por alguna irregularidad ese concepto desfavorable, pero mientras eso no ocurra, está atada de manos”, sostuvo.
Estas declaraciones se suman a las voces críticas que han surgido en diversos sectores políticos. Por ejemplo, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, también advirtió que “la Registraduría no se va a prestar para una consulta espuria”, en un claro rechazo a la posibilidad de que el Gobierno actúe por fuera del marco legal.
Para Vega, lo que está en juego no es únicamente la validez de una consulta popular, sino el respeto por la institucionalidad. “No se trata de si uno está de acuerdo o no con la consulta, sino de que cualquier mecanismo de participación debe seguir el procedimiento establecido. De lo contrario, se abre la puerta a una ruptura del orden legal”, concluyó.
Mientras tanto, el país sigue pendiente del pronunciamiento del Consejo de Estado, que deberá dilucidar si hubo irregularidades en la votación del Senado y si es procedente o no la convocatoria de la consulta popular.
Y.A.
