Daniel Rodríguez, al frente de la Penitenciaría El Bosque, fue intimidado por presuntos miembros del Clan del Golfo que le dieron 24 horas para abandonar la ciudad. El funcionario no cuenta con esquema de seguridad y teme por su vida y la de su familia.
La Penitenciaría El Bosque, ubicada en la ciudad de Barranquilla, vuelve a estar en el centro de la atención nacional tras conocerse una amenaza directa contra su actual director, Daniel Rodríguez. El funcionario denunció haber recibido un mensaje intimidatorio, supuestamente firmado por integrantes del Clan del Golfo, en el que le dan un plazo de 24 horas para abandonar la ciudad o enfrentar posibles atentados que podrían afectar su vida o la de su familia.
La advertencia llegó a través de redes sociales y estuvo acompañada de un video en el que se muestra un arsenal de armas de fuego. El mensaje, firmado por un perfil identificado como “África”, contiene dos párrafos cargados de amenazas, en los que se deja claro que el grupo conoce los desplazamientos tanto del director como los de sus hijos. Además, se señala que Rodríguez ha sido declarado “objetivo militar”.
Vulnerabilidad total
Lo que agrava aún más la situación es la falta de protección institucional. Rodríguez afirmó que actualmente no cuenta con un esquema de seguridad, ni vehículo oficial, por lo que debe desplazarse en transporte público, situación que lo hace más vulnerable. “Me siento completamente expuesto. No tengo protección alguna y, aun así, debo seguir cumpliendo con mis responsabilidades”, manifestó.
A pesar de que las amenazas son frecuentes contra quienes lideran centros carcelarios en Colombia, el director expresó que este episodio supera los límites tolerables y que la amenaza tiene un carácter especialmente alarmante. Rodríguez ya notificó el hecho a la Policía Metropolitana de Barranquilla, que ha iniciado las indagaciones para establecer el origen del mensaje y su conexión con redes criminales.
Una estructura con largo historial de intimidación
El Clan del Golfo es una de las estructuras armadas más activas y peligrosas del país, y ha sido vinculado con múltiples hechos violentos contra funcionarios públicos y autoridades penitenciarias. No es la primera vez que se intenta intimidar a un director de cárcel para forzar decisiones internas o castigar acciones que afecten los intereses de las redes criminales.
La amenaza contra Rodríguez podría estar relacionada con medidas tomadas recientemente al interior del penal, como traslados disciplinarios o restricciones a privilegios ilegales, acciones que suelen desencadenar represalias de parte de los grupos que controlan actividades ilícitas desde dentro de las cárceles.
Panorama nacional: cárceles bajo presión
El caso de la cárcel El Bosque no es único. A lo largo del territorio colombiano, los centros penitenciarios se han convertido en territorios disputados por bandas criminales, que usan estos espacios para mantener operativas sus redes de extorsión, tráfico de drogas y uso de celulares ilegales. Estas organizaciones, con apoyo desde el exterior, presionan a los funcionarios para que faciliten su control interno.
En Barranquilla, esta situación ha encendido las alarmas dentro del INPEC y de entidades defensoras de derechos humanos, que han denunciado reiteradamente la falta de condiciones mínimas de seguridad para quienes desempeñan cargos de alto riesgo en el sistema penitenciario.
Un vocero sindical de los funcionarios del Inpec, que pidió mantener su identidad en reserva, fue enfático:
“Esto es inaceptable. El Estado no puede permitir que quienes enfrentan a los grupos ilegales estén más desprotegidos que los mismos criminales. Es una falla estructural que se repite y sigue cobrando víctimas”.
Medidas esperadas
Tras los hechos, se espera que el director Rodríguez interponga formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y solicite a la Unidad Nacional de Protección (UNP) una evaluación urgente de su nivel de riesgo. El objetivo es que se le brinden las garantías necesarias para proteger su vida y la de sus allegados, sin tener que abandonar su cargo de forma forzada.
Por ahora, el funcionario permanece en estado de alerta máxima, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas que permitan identificar a los responsables de esta amenaza, que no solo pone en peligro su integridad sino que también representa un desafío directo al sistema de justicia y orden público del país.
Y.A.
