Jaime Granados rechazó que se haya «libreteado» a testigos como Óscar Monsalve y cuestionó la legalidad de las grabaciones usadas por los denunciantes en el proceso judicial contra el expresidente.
En medio del proceso judicial que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, su abogado defensor, Jaime Granados, salió al paso de nuevas acusaciones que sugieren una supuesta manipulación de testimonios clave. En particular, Granados negó que el equipo legal de Uribe haya “libreteado” o direccionado a los testigos para favorecer la defensa del exmandatario.
Las declaraciones de Granados surgieron luego de que los abogados Miguel Ángel Del Río, Reinaldo Villalba y el senador Iván Cepeda —quienes actúan como víctimas en este proceso— presentaran fragmentos de una grabación donde se escucha a Óscar Monsalve Correa, padre del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hablar sobre temas relacionados con su declaración judicial. En dicho audio, Monsalve Correa hace referencias al contenido y enfoque de su testimonio, lo que ha sido interpretado como un indicio de coordinación indebida.
Ante esto, Granados sostuvo que se desconoce no solo el origen sino también la legalidad de dichos audios. “No se sabe de dónde proviene esa grabación, ni si fue obtenida dentro de los parámetros legales. Además, no contiene ninguna prueba de que se haya instruido a Monsalve sobre lo que debía decir”, indicó el abogado.
El jurista subrayó que el testigo Óscar Monsalve ha rendido declaraciones en múltiples ocasiones, específicamente en los años 2013, 2015 y 2016, siempre abordando los mismos temas: su conocimiento sobre los hermanos Uribe Vélez, los hechos acontecidos en la Hacienda Guacharacas y los supuestos ofrecimientos que dice haber recibido del senador Iván Cepeda.
“Tal aspecto no debía ser desconocido por Óscar Monsalve Correa, pues no sólo era un tema de dominio público, sino que al solicitar la prueba se especificaron claramente los asuntos que serían tratados”, explicó Granados, citando apartes del auto judicial que autorizó la recolección de esa prueba.
En esa línea, el abogado recalcó que el hecho de que un testigo conozca anticipadamente las preguntas a las que será sometido durante su testimonio no constituye una falta, ni mucho menos un acto ilegal. “La propia Corte Suprema de Justicia ha indicado que preparar a un testigo para que sepa a qué se enfrentará en un interrogatorio es parte del trabajo legítimo de un abogado defensor”, argumentó.
Lo que sería ilegal —añadió Granados— es que a Monsalve Correa se le hubiese dicho cuál debía ser el contenido de sus respuestas, hecho que, según él, nunca ocurrió y no puede deducirse de los fragmentos de audio presentados. “Ni a él ni a ningún otro testigo se le ha dicho qué debe declarar. Es una afirmación temeraria y carente de fundamento”, puntualizó.
Este nuevo capítulo en el juicio contra Álvaro Uribe pone en evidencia el alto grado de tensión entre las partes procesales. Mientras los denunciantes insisten en que existen maniobras para desvirtuar los testimonios en contra del exmandatario, la defensa sostiene que se trata de estrategias para desinformar a la opinión pública y empañar el desarrollo de un juicio que apenas inicia su fase más crítica.
Cabe recordar que este proceso judicial se originó a partir de una denuncia interpuesta en 2012 por el propio Uribe contra Cepeda, acusándolo de manipular testigos en su contra. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia concluyó en 2018 que no había mérito para investigar a Cepeda, y por el contrario abrió una investigación contra Uribe por presuntamente haber intentado torcer las declaraciones de varios exparamilitares, incluido Juan Guillermo Monsalve, testigo clave que ha vinculado al expresidente con estructuras paramilitares del Magdalena Medio.
El debate ahora se centra en si los elementos probatorios presentados por los denunciantes —como las grabaciones en cuestión— serán admitidos por el juzgado, y en qué medida podrían tener un impacto en el curso del juicio. Por lo pronto, la defensa de Uribe reafirma su posición de que las pruebas en su contra han sido manipuladas o carecen de legalidad y contexto.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue con atención un caso que no solo compromete al primer expresidente colombiano en afrontar un juicio penal, sino que además podría sentar un precedente histórico sobre la responsabilidad de los altos funcionarios en el ejercicio del poder.
Y.A.
