El ministro del Interior confirmó que el documento definitivo será firmado por el presidente Gustavo Petro a más tardar el 12 de junio. Señala que hubo fraude en la votación del Congreso que hundió la iniciativa.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este martes que ya está listo el borrador del decreto con el que el Gobierno nacional convocaría a una consulta popular, tras el hundimiento de la iniciativa en el Congreso de la República. Según el alto funcionario, la caída del proyecto no fue un acto democrático, sino el resultado de un fraude parlamentario.
Durante una rueda de prensa ofrecida desde el Ministerio del Interior, Benedetti indicó que el acto administrativo definitivo, con la firma del presidente Gustavo Petro, se publicará a más tardar el 12 de junio. La convocatoria tendría como propósito consultar al pueblo colombiano sobre una serie de reformas sociales que fueron archivadas por el Congreso.
“Ya hay un borrador. Nos vamos a reunir para seguir estudiando cómo debe hacerse el decreto. Hay una columna vertebral, lo único que falta es cómo debe hacerse o cómo se debe argumentar”, expresó Benedetti, anticipando una jornada de trabajo con expertos constitucionalistas, entre ellos los exmagistrados Eduardo Montealegre y Luis Ernesto Vargas, para ajustar los detalles jurídicos del documento.
El jefe de la cartera política explicó que, aunque aún no hay fecha oficial de votación, esta debería realizarse tres meses después de la firma del decreto, según lo estipulado por los procedimientos legales. “Por ahora estamos en la argumentación, y en eso llevamos varios días”, añadió el ministro.
Uno de los momentos más tensos de su intervención fue la respuesta a las recientes declaraciones del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien calificó la intención del Gobierno como un “exabrupto” y un “golpe contra el poder legislativo y judicial”.
“Cepeda no es ni constitucionalista ni fue presidente del Senado porque no dio ni la transparencia ni la tranquilidad para votar. Lo único a lo que se dedicó fue a hacer una cantidad de trampas, fraudes y jugaditas para no votar, porque había cinco votos más por el sí para aprobar la consulta”, replicó Benedetti con firmeza.
El ministro insiste en que el hundimiento de la iniciativa en el Congreso fue el resultado de una maniobra política orquestada para bloquear las reformas sociales del gobierno del presidente Petro. Según Benedetti, varios congresistas optaron por ausentarse o dilatar la votación a propósito, evitando así que el proyecto obtuviera los votos requeridos.
“El Congreso no se pronunció antes del primero de junio porque hubo fraude. No podemos permitir que este tipo de prácticas obstruyan la voluntad del pueblo”, aseguró Benedetti, quien reiteró que el Ejecutivo no renunciará a los mecanismos democráticos disponibles para avanzar con sus propuestas.
En ese sentido, el Gobierno seguirá apostando a varios frentes de acción simultáneos: la presentación de dos consultas populares y la continuación del trámite de la reforma laboral en la plenaria del Senado. Esta reforma también ha generado intensos debates en el legislativo, particularmente en lo que respecta a la modificación de horarios laborales, recargos dominicales y derechos sindicales.
El anuncio del ministro Benedetti ha desatado un amplio debate entre juristas, académicos y sectores políticos. Mientras algunos defienden la iniciativa como una vía legítima para superar la parálisis legislativa, otros advierten que no existe una norma clara que permita convocar consulta por decreto, como lo expresó recientemente la exmagistrada Cristina Pardo.
En respuesta, Benedetti afirmó que por eso se está trabajando con constitucionalistas reconocidos, para blindar jurídicamente el decreto y evitar cualquier tipo de nulidad posterior. «Queremos que esta consulta se base en argumentos sólidos, tanto sociales como jurídicos», subrayó.
A medida que se aproxima la fecha límite del 12 de junio, crece la expectativa sobre el contenido del decreto y la reacción de las altas cortes, que eventualmente podrían ser llamadas a pronunciarse sobre su legalidad. Lo cierto, por ahora, es que el Gobierno Nacional avanza con paso firme en su propósito de consultar al pueblo sobre su agenda de transformaciones estructurales.
Y.A.
