El alcalde del municipio de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, enfrenta cuestionamientos por su intervención en un acto público con posible contenido proselitista, en el que mencionó a su hijo, el representante a la Cámara Andrés Calle Aguas, actualmente detenido por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En videos que circulan en redes sociales, se observa al mandatario local haciendo declaraciones con posibles fines políticos, lo que podría constituir una infracción a la Ley 996 de 2005, que prohíbe expresamente a funcionarios públicos participar en actividades electorales durante el ejercicio de sus funciones.
Contexto judicial y político
El hecho adquiere mayor relevancia debido a la relación directa entre el alcalde y el congresista involucrado en un proceso judicial. Andrés Calle Aguas, según declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, habría recibido una coima cercana a los $1.000 millones como parte de un esquema de desvío de recursos.
El congresista era considerado una figura cercana al gobierno nacional y un actor clave en el Congreso para la agenda legislativa del presidente Gustavo Petro.
¿Posibles consecuencias disciplinarias?
Hasta el momento, la Procuraduría General de la Nación no ha emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, fuentes jurídicas no descartan que en las próximas horas se inicie una indagación disciplinaria para determinar si hubo una vulneración al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos.
Este episodio pone en evidencia los riesgos del uso de la institucionalidad para favorecer intereses políticos o familiares y abre una nueva discusión sobre la transparencia en el ejercicio del poder local.
