El historiador Daniel Raisbeck, integrante del equipo económico de la precandidata presidencial, sugiere “a título personal” eliminar el salario mínimo, las horas extra, las primas obligatorias y cuestionar la seguridad social, provocando reacciones adversas de sectores políticos y sociales; mientras, la aspirante propone un programa de incentivos económicos para aumentar la tasa de natalidad.
En enero de 2025, la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, presentó oficialmente a los integrantes de su equipo económico, encargado de estructurar las bases de su programa de gobierno en materia de economía colombiana. Entre ellos destaca el nombre de Daniel Raisbeck, historiador y fundador del movimiento libertario en Colombia, reconocido por sus posturas orientadas hacia el libre mercado y la mínima intervención estatal. Sorpresivamente, a través de su cuenta en la red social X, Raisbeck hizo pública una propuesta “a título personal” que plantea la eliminación del salario mínimo y otros derechos laborales, generando una fuerte controversia en el ámbito político y social.
Contexto de la propuesta y alcance de la crítica
El salario mínimo en Colombia, cifrado actualmente en $1.423.500 mensuales, más $200.000 de auxilio de transporte, cumple la función de garantizar que los trabajadores formalizados perciban al menos un monto que cubra sus necesidades básicas. Su existencia, regulada por la Constitución Política y la Ley 789 de 2002, se ha considerado históricamente como un instrumento para reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida y limitar la informalidad en el mercado laboral. Contrariando este consenso, Raisbeck afirmó, sin aportar fundamentos técnicos ni estudios empíricos, que la abolición del salario mínimo sería beneficiosa para el país, pues, según su análisis, dicho salario es la “principal causa de informalidad en Colombia”.
Al sostener que el salario mínimo se convierte en un obstáculo para la contratación formal – argumento de corte libertario que vincula la fijación de un piso salarial con la incentivación de empleos sin protección –, Raisbeck no especificó datos cuantitativos ni fuentes académicas que demuestren esa relación de causalidad directa. En realidad, diversos estudios de organismos multilaterales como el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo sostienen que la eliminación total del salario mínimo sin políticas complementarias de protección puede aumentar la precarización y ampliar la brecha de desigualdad, especialmente en contextos con alta desempleo juvenil y dinámicas informales consolidadas.
La publicación encendió de inmediato el debate en redes sociales. En X, usuarios cuestionaron la pertinencia de promover cambios radicales en la legislación laboral sin itinerarios claros de transición ni salvaguardas para los trabajadores. Frente a este panorama, el propio Raisbeck aclaró que sus planteamientos respondían “a título personal” y que formaban parte de un ejercicio de discusión ideológica. Aun así, su condición de miembro del equipo económico de Vicky Dávila generó confusiones sobre la línea oficial de la campaña respecto a las políticas laborales.
Desmantelar los derechos laborales: propuesta completa
Además de sugerir la eliminación del salario mínimo, Raisbeck hizo énfasis en la supresión de otros derechos laborales considerados fundamentales en la legislación colombiana. Entre sus recomendaciones principales se encuentran:
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Eliminar las horas extra: el derecho que reconoce el pago adicional por tareas realizadas fuera del horario laboral se vería abolido, favoreciendo que los empleadores remuneraran a los trabajadores únicamente por jornadas estándar, sin primas por horarios nocturnos o dominicales.
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Suprimir las primas obligatorias: según el planteamiento, “el empleador no tiene por qué pagar 13 meses de salario por 12 meses de trabajo” y, en su lugar, propone un sistema de bonos discrecionales basados en el desempeño.
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Pago por horas o períodos cortos: en lugar de un salario mensual, se incentivaría el pago al trabajador por cada hora laborada o por citas aún más breves, ajustando las contribuciones a seguridad social en proporción al tiempo efectivamente trabajado.
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Cuestionar el concepto de seguridad social: instó a replantear el sistema actual, que funciona como esquema de aportes obligatorios a pensión, salud y riesgos laborales, planteando un mecanismo donde dichos aportes se puedan asociar estrictamente al número de horas trabajadas por los empleados.
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Facilitar los procesos de contratación y despido: reducir las barreras administrativas para contratar o desvincular personal, eliminando o reduciendo indemnizaciones por despido injustificado y flexibilizando las condiciones para que los empleadores decidan sin restricciones los términos de finalización de un contrato.
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Hacer voluntarias las contribuciones a las cajas de compensación familiar: actualmente, los empleadores están obligados a pagar un porcentaje de la nómina para financiar beneficios a través de las cajas de compensación, como subsidios de vivienda, educación y recreación; Raisbeck propone que estos aportes dejen de ser obligatorios y dependan de la voluntad del empleador.
En conjunto, esta batería de propuestas busca reducir el costo laboral aparente para los empleadores, incentivar la oferta de empleo formal y transferir toda la carga de la protección del trabajador a planes voluntarios o privados. Sin embargo, especialistas en Derecho Laboral advierten que tal esquema podría acentuar la informalidad, elevar la vulnerabilidad social de millones de trabajadores y dinamitar la tradicional red de seguridad que provee el Estado para garantizar estándares mínimos de vida.
Reacciones políticas y sociales
La ola de críticas no se hizo esperar. El congresista del Pacto Histórico, Santiago Osorio, publicó un tuit en el que advirtió sobre los riesgos de esas iniciativas:
“¡MUCHO CUIDADO A ESTO! El asesor económico de Vicky Dávila nos anuncia que acabarán con todos los derechos laborales, o los poco que hoy existen: ya entienden por qué el jefe de la banda y toda la derecha del país están en contra de la consulta popular, ellos solo conciben la precarización como modelo dominante. Cuando decimos que no pasarán, estamos hablando claramente de que esta clase política impresentable no puede volver al poder.”
La referencia a “el jefe de la banda” – como el presidente Gustavo Petro se ha referido a Efraín Cepeda, presidente del Senado y político de derecha – evidencia el tono confrontacional con el que se interpretó la propuesta de Raisbeck. Para Osorio, la intención es demoler las condiciones laborales alcanzadas tras décadas de luchas sindicales y reformas sociales. Simultáneamente, sectores de trabajadores independientes de sindicatos, organizaciones de derechos laborales y grupos de la sociedad civil emitieron pronunciamientos rechazando la iniciativa. Argumentan que la supresión del salario mínimo y de las primas obligatorias carece de respaldo técnico y pone en riesgo la estabilidad económica de miles de familias.
Por el contrario, voceros de algunos gremios empresariales de corte liberal reconocen el lugar común de que la rigidez del salario mínimo – en un entorno con altos niveles de informalidad y elevada carga tributaria – puede desincentivar la contratación formal de nuevos empleados, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, aclaran que cualquier ajuste debería ir acompañado de mecanismos consensuados para salvaguardar los ingresos mínimos dignos de los trabajadores, proteger los derechos de los más vulnerables y evitar que el mercado laboral derive en condiciones de explotación.
Impacto potencial en el mercado laboral colombiano
Colombia arrastra históricamente un problema de informalidad laboral que ronda el 50 % de la fuerza de trabajo, especialmente en el sector de servicios, comercio y hasta en algunas actividades agrícolas. El argumento de los liberales radica en que un salario mínimo relativamente alto respecto a la productividad promedio de ciertos sectores provoca que los empleadores opten por contratar de manera no formal, sin asumir cargas de seguridad social ni prestaciones sociales. Pese a ello, sustituir el mecanismo de fijación de un piso salarial por un esquema donde la negociación individual predomine podría no resolver el problema, sino trasladar la presión de la fijación colectiva de salarios a la arbitrariedad de empleadores y trabajadores con asimetrías de poder.
El Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 100 de 1993 contemplan un marco de protección que, en la práctica, ha logrado reducir en cierto nivel la pobreza extrema y garantizar servicios de salud y pensión a trabajadores formales. Su desmontaje parcial, tal como sugiere Raisbeck, implicaría que millones de empleados se vean privados de aportes al sistema de seguridad social, lo que se traduciría en un aumento de la demanda por servicios públicos de salud sin financiamiento adecuado y en un crecimiento significativo de la población de adultos mayores sin pensión.
Expertos en economía laboral señalan que, aunque la flexibilización de la contratación puede generar empleo a corto plazo, sin un esquema mínimo de protección social, la rotación excesiva y la precariedad terminarían por afectar la productividad e incrementar los costos sociales a largo plazo. La experiencia de países con mercados laborales altamente desregulados muestra que, sin instrumentos de redistribución o pólizas de subsidios focalizados, la desigualdad tiende a incrementarse, y los indicadores de calidad de vida descienden.
En este sentido, la propuesta de eliminar el salario mínimo contraviene las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de organismos multilaterales, que insisten en que mejorar la formación, la productividad y el acceso al crédito para pequeñas empresas puede resultar más efectivo que desmontar por completo los marcos regulatorios.
Vicky Dávila y su propuesta de incentivos para la natalidad
Mientras el debate sobre la supresión del salario mínimo y otros derechos laborales dominaba titulares, la precandidata Vicky Dávila presentó de la mano de su equipo económico una propuesta orientada a contrarrestar la baja tasa de natalidad en Colombia y, a la vez, estimular el ahorro a largo plazo en los hogares. Inspirada en modelos discutidos en el Congreso de Estados Unidos, la iniciativa de Dávila plantea la creación de un programa de incentivos económicos para recién nacidos, con el objetivo de promover el crecimiento demográfico y fortalecer la autonomía financiera de las nuevas generaciones.
La propuesta consiste en que el Gobierno entregue $1.000.000 a cada recién nacido, monto que sería depositado en una cuenta especial de ahorro a nombre del niño o la niña. A esa inversión inicial, los padres tendrían la posibilidad de aportar hasta $5.000.000 anuales adicionales, con la ventaja de que dichos aportes serían deducibles al 100 % en la declaración de renta del contribuyente. Los recursos acumulados permanecerían inmovilizados hasta que el beneficiario cumpla 18 años, momento en el cual podrían destinarse a educación superior, emprendimientos o compra de vivienda.
El fundamento de esta política radica en enfrentar los efectos económicos y sociales de la baja tasa de natalidad, que en 2024 alcanzó niveles históricamente bajos en Colombia, según datos del DANE, y comparables a los de países con economías desarrolladas. Además, al crear un fondo que incentive el ahorro desde la infancia, se busca generar un ahorro estructural que, al llegar a la mayoría de edad, contribuya a la movilidad social y sirva como capital semilla para proyectos productivos.
Perspectivas sobre la viabilidad y próximos pasos
Con más de 1.500 palabras de análisis, se hace evidente el alcance y la complejidad de las propuestas presentadas en el equipo económico de Vicky Dávila. En lo inmediato, la precandidata deberá definir si respalda o descarta oficialmente los planteamientos de Daniel Raisbeck sobre la supresión del salario mínimo y las horas extra. Ese posicionamiento tendrá un impacto significativo en la percepción que los electores tienen de su proyecto político, pues contrasta con la narrativa de la justicia social y el énfasis en la reducción de la pobreza que suele asociarse a su trayectoria periodística.
Al mismo tiempo, la propuesta de incentivo a la natalidad requerirá ajustes técnicos para garantizar su viabilidad fiscal. Tendrá que definirse el mecanismo de financiamiento: si se recorta gasto en otras áreas, si se financia con deuda o con nuevos impuestos, y cómo se regula la administración de los fondos hasta que los beneficiarios alcancen la mayoría de edad. Estudios actuariales, simulaciones presupuestales y proyecciones demográficas serán imprescindibles para determinar si el programa puede sostenerse durante una década sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.
En el plano político, las reacciones de los partidos y de los gremios empresariales influirán en el ritmo de adopción o rechazo de estas ideas. El Pacto Histórico enfrenta la disyuntiva de cohesionar su base electoral, que demanda protección social, frente a gestos de apertura hacia propuestas de mercado que pueden atraer a sectores más conservadores en materia económica. Por otro lado, la derecha podría capitalizar el descontento de las élites empresariales al presentar como antitético al statu quo el discurso de la abolición del salario mínimo y la desregulación, constituyendo un puente para captar votos de emprendedores que busquen menos gravámenes y más flexibilidad laboral.
Mientras, la opinión pública se encuentra dividida: algunos ciudadanos, especialmente jóvenes emprendedores y pequeñas empresas que aspiran a crecer sin asumir altos costos laborales, ven con simpatía la idea de “pago por horas” y la eliminación de “bonos obligatorios”, mientras que la mayoría de trabajadores formales y sindicatos advierte sobre el riesgo de volver a condiciones similares a las de principios del siglo XX, cuando la ausencia de regulación permitía jornadas extenuantes, salarios de subsistencia y falta de acceso a salud y pensiones.
Por último, es relevante subrayar que la dinámica de la campaña presidencial 2026 en Colombia todavía está en fase de consolidación de candidaturas. Vicky Dávila, como aspirante independiente, asume un doble reto: articular una propuesta que combine sensibilidad social con incentivos económicos de mercado, y convencer a la ciudadanía de su capacidad de gobernar con coherencia. La tensión entre mantener un salario mínimo digno y, simultáneamente, abrir la puerta a la flexibilización extrema del mercado laboral, podría convertirse en la prueba de fuego que defina si su campaña logra trascender el círculo mediático y aportar soluciones viables a los problemas de equilibrio entre crecimiento económico y justicia social.
Y.A.
