El Decreto 072 impone una retención anticipada de renta a la venta de viviendas superiores a 498 millones de pesos, afectando directamente a la clase media, 34 industrias encadenadas y más de 1,6 millones de empleos vinculados al sector.
El gremio de los constructores, representado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se unió al creciente coro de voces del sector productivo que ha manifestado su preocupación y rechazo al Decreto 072, expedido por el Gobierno Nacional, que establece el pago anticipado del impuesto de renta a partir del 1.º de junio.
Según advierte Camacol, la medida impone una carga desproporcionada que va más allá del recaudo tributario esperado y representa un obstáculo para la inversión y la reactivación económica. “El nuevo decreto impone una carga desproporcionada que excede el recaudo tributario esperado del sector constructor. Se trata de una medida sin beneficios para la inversión, sino que también prolongará el mal momento que vive el sector”, afirmó Guillermo Herrera Castaño, presidente del gremio.
El impacto no solo recaerá sobre las empresas constructoras, sino también sobre unas 34 industrias encadenadas, advirtió el gremio. Esto se debe a que el decreto incrementa la autorretención del impuesto de renta del 1,1 al 3,5 por ciento y establece una mayor retención para la venta de viviendas cuyo valor supere las 10.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a 498 millones de pesos.
Esta medida afectará especialmente al segmento de clase media, que representa el 40 por ciento de las ventas del sector, actualmente sumido en una de las coyunturas más críticas de los últimos años. De hecho, la construcción fue uno de los sectores más golpeados en 2024, con una contracción del 7 por ciento anual y una caída del 28 por ciento frente a 2022, lo que demuestra la fragilidad del momento actual.
“Estamos hablando de un mercado que le aporta 17 billones de pesos a la economía. Limitar su recuperación es poner en riesgo un motor clave del crecimiento económico y con ello seguir las fuentes de ingresos de la Nación”, advirtió el presidente de Camacol.
La situación se ha agravado en lo corrido de 2025. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó una nueva caída del 7 por ciento en el PIB de edificaciones al cierre del primer trimestre, lo que representa siete trimestres consecutivos en negativo. A esto se suma una reducción sostenida en la producción de vivienda durante los dos últimos años, lo cual limita aún más las posibilidades de recuperación del sector.
Según el gremio, el incremento de la autorretención al 3,5 por ciento supera la capacidad razonable de contribución del sector para este año y podría incluso comprometer el recaudo tributario en 2026. Las proyecciones apuntan a que esta medida podría traducirse en una caída de inversión cercana al medio billón de pesos.
Por esta razón, Camacol ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para revisar la viabilidad del decreto y garantizar un entorno fiscal estable y coherente con la necesidad de reactivar la economía.
A juicio del gremio, decisiones como la contenida en el Decreto 072 profundizan la incertidumbre, deterioran la confianza del sector privado y afectan la inversión, en un momento en que la economía necesita señales claras de recuperación.
“El sector constructor ha sido históricamente uno de los principales motores de crecimiento y generación de empleo formal en el país. Debilitarlo con medidas improvisadas es ir en sentido contrario a lo que el país necesita”, concluyó Herrera.
Actualmente, el sector genera empleo para cerca de 1,6 millones de personas, pero esa cifra ya se encuentra aproximadamente un 2 por ciento por debajo del nivel registrado hace un año, según cifras del Dane, lo que confirma el deterioro del empleo en esta rama estratégica de la economía nacional.
Y.A.
