Judicializados cinco implicados en red de tráfico de especies marinas exóticas en el Caribe colombiano

La Fiscalía imputó delitos ambientales a presuntos responsables de extraer y comercializar ilegalmente corales y peces protegidos desde Santa Marta y Bocachica hacia Bogotá y el exterior.

Cinco personas fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación tras ser señaladas de pertenecer a una red dedicada al tráfico ilegal de especies marinas exóticas en el Caribe colombiano. Las especies eran extraídas en zonas protegidas de Santa Marta (Magdalena) y Bocachica (Bolívar), transportadas por vía terrestre hasta Bogotá y desde allí comercializadas a nivel nacional e internacional, con destinos como Estados Unidos y Perú.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los capturados los delitos de daño a los recursos naturales, pesca ilegal, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, concierto para delinquir y manejo ilícito de especies exóticas.

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Entre los procesados figura Raúl Alberto Cuellar Gaitán, señalado como cabecilla de la organización y presunto encargado de coordinar desde Bogotá la operación de transporte y venta. Según la investigación, Cuellar utilizaba redes sociales para ofrecer peces y corales a compradores dentro y fuera del país.

También fueron identificados Adalberto Antonio Fonseca Cantilla y Jimmy Caraballo Barrios, quienes habrían promovido la pesca de estas especies en zonas marítimas de Taganga y Bocachica, induciendo a buzos y pescadores a extraer fauna y flora marina mediante métodos prohibidos.

Los presuntos encargados de recibir y almacenar las especies en Bogotá eran Yaneth Carreazo Urbina y Miguel Ángel Torres Guerra, quienes supuestamente organizaban la logística del traslado desde la Costa Atlántica hasta la capital.

Entre las especies afectadas se encuentran el coral abanico, el coral flor, peces lorita azul, boquinete o doncella, caballitos de mar, anémonas, entre otros, todos extraídos con el uso de redes, mallas y trampas, técnicas que atentan contra la biodiversidad marina.

Los imputados no aceptaron los cargos y continuarán vinculados al proceso judicial mientras avanzan las investigaciones.

Y.A.