Una controversia política y administrativa sacude a Ciénaga. Ciudadanos, líderes sociales y sectores de oposición denuncian que el actual alcalde, Luis “Becho” Fernández, estaría bloqueando la ejecución de tres proyectos estratégicos ya financiados y contratados para el beneficio de miles de familias del municipio.
Se trata de la construcción de un colegio de educación media, una sede de universidad regional y un centro de vida para la atención integral de adultos mayores. Las tres obras cuentan con recursos aprobados por más de 62 mil millones de pesos, destinados a cerrar brechas sociales históricas en uno de los municipios con mayor índice de pobreza multidimensional del Caribe colombiano.
De acuerdo con información obtenida por este medio, las obras están debidamente financiadas y contratadas desde administraciones anteriores, pero no han podido avanzar por decisiones políticas de la actual administración que, según denunciantes, se niega a permitir la intervención de entidades departamentales o nacionales sin su control directo.
Los proyectos tenían previsto beneficiar a más de 15.000 hogares del municipio: jóvenes en busca de educación secundaria y superior, así como adultos mayores en situación de vulnerabilidad que requieren atención especializada y digna.
“El alcalde ha decidido frenar el desarrollo de estas obras por razones puramente políticas. No hay una justificación técnica o jurídica para detener proyectos ya aprobados, con impacto social directo y recursos asegurados”, afirmó una fuente cercana al proceso, que pidió reserva de su identidad por temor a represalias.
¿Politiquería por encima de las necesidades sociales?
El caso ha generado fuerte indignación en la comunidad educativa, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, quienes aseguran que la administración de Fernández estaría privilegiando intereses partidistas y personales por encima del bienestar colectivo.
“Ni hacen, ni dejan hacer. Esto es un acto claro de politiquería, donde el afán de protagonismo o el deseo de controlar la contratación pública está dejando sin oportunidades a miles de jóvenes y adultos mayores”, expresó un vocero ciudadano del sector sur del municipio.
Hasta el momento, el alcalde Luis Fernández no ha entregado un pronunciamiento público que aclare las razones detrás de la paralización de estas obras. Sin embargo, distintos sectores de la ciudadanía han comenzado a exigir explicaciones y a solicitar la intervención de entes de control como la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Los denunciantes insisten en que, si no hay voluntad política en el ejecutivo local, debería habilitarse una gestión directa desde el Gobierno Departamental o Nacional para garantizar que los recursos no se pierdan y las obras puedan ejecutarse, incluso sin intermediación del municipio.
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