Por Amylkar David Acosta Medina
En respuesta a la férrea oposición al pago de peajes en algunas tramos carreteables, como el del Papiros situado en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena, situado en el Municipio de Puerto Colombia y en la Vía alterna de la Cordialidad entre Barranquilla y Cartagena, a la altura de Turbaco, ambos proyectos diseñados y ejecutados bajo la modalidad de concesiones, el Gobierno optó por la línea del menor esfuerzo y fue dejar de cobrar el valor de los peajes, lo cual le ha significado una deuda que debe cubrir la Nación con cargo al Presupuesto general de la Nación para pagarle a los concesionarios, suma que ya frisa el billón de pesos.
En vista de esta situación el actual gobierno William Camargo anunció que en lugar del cobro de peaje para financiar las vías 4G, que comprende 5.000 kilómetros, su financiamiento correría por cuenta del cobro de la contribución de la valorización a la cual da lugar la ejecución de dichos proyectos a los predios adyacentes al eje vial y se tomó como piloto la Vía al Mar. Para ello se apoyó en el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016.
La actual Ministra de Transporte Constanza García insiste en el cobro de la Valorización. Se plantea cobrar 2% del valor comercial de los predios urbanos y 3% de los predios ocupados por viviendas campestres.
Muchos han sido los reparos contra esta medida y crece la protesta y la oposición a esta medida, entre otras razones porque en el caso de la Vía al Mar la doble calzada, además de que se trata de un cobro retroactivo, la obra está inconclusa, aún faltan por construir 60 kilómetros. Se alega también que no todos los propietarios tienen la misma capacidad de pago para asumir este gravamen.
Además, con toda razón, se reclama que lo que se recaude por el pago de valorización se debe invertir en el mismo Departamento o departamentos en donde se origina, para lo cual, se me ocurre, se debe constituir un capital autónomo para tales ingresos tengan esa destinación específica.
En mi concepto, si bien se justifica que la valorización de los predios a los que da lugar la ejecución de una obra pública conlleve una contraprestación por parte de los propietarios de los predios, pero ello debería estar reglado y regulado previamente y no a posteriori. Debería existir un Estatuto de Valorización en el que se establezcan las reglas del juego y así los propietarios puedan saber a qué atenerse.
Además, me temo que, como lo anunció el entonces Ministro de Transporte, previo a la imposición de la contribución de valorización y para tasarla se hará una revisión que dará lugar a un re avalúo catastral y ello terminará por incrementar de paso lo que tendrá que pagar el propietario objeto de esta medida por concepto de impuesto predial. Recibirá, entonces, el resignado propietario dos golpes que van directamente a sus bolsillos.
Esta situación amerita la intervención del Congreso y de los congresistas, para evitar abusos y atropellos en la implementación de la contribución de la valorización. Además, me parece que no se debe descartar el cobro de peajes en las concesiones viales, dado el éxito que ha mostrado y demostrado esta modalidad durante tantos años, tanto más en la medida en que quien paga la obra ejecutada es quien trafica por ella y hace uso de la misma. Huelga decir que cuando un proyecto se espera financiar mediante el cobro de valorización y no del cobro de peaje o viceversa ello debe quedar establecido desde la formulación y estructuración del proyecto y no después de adjudicada su ejecución.
A propósito del fallo del Tribunal contencioso administrativo del Atlántico, fechado el 29 de mayo de este año, mediante el cual suspende temporalmente, como medida cautelar, ordenando la suspensión del cobro por concepto de valorización a los propietarios de los predios adyacentes a la vía Barranquilla – Cartagena – Circunvalar de la Prosperidad, te comparto mi pronunciamiento con ocasión del anuncio de esta, a mi juicio, atrabiliaria decisión.
