Douglas Gavras
México se prepara este domingo (1) para elegir a miles de jueces mediante voto popular, un cambio que, según el gobierno, pretende acabar con la corrupción, pero que los críticos temen que comprometa la independencia del poder judicial.
La elección es resultado de una reforma propuesta por el expresidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y apoyada por su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien llegó al poder en 2024.
Un grupo de personas, posiblemente trabajadores, involucrados en el proceso de descarga de cajas. Están vestidos con ropa de trabajo, predominantemente negra y gris. El medio ambiente es un almacén. La estructura del almacén de estanterías, con otros camiones o estructuras y mercancías
Miembros del Consejo Electoral de la Ciudad de México cargan un camión con material electoral que se utilizará en las próximas elecciones judiciales – Henry Romero/Reuters
Los dos políticos del partido Morena ya han criticado al poder judicial del país, acusándolo de servir a la élite y estar involucrado en corrupción. La oposición a Sheinbaum instó a los mexicanos a no votar, advirtiendo que la nueva práctica podría permitir a políticos y criminales influir en los jueces.
El modelo electoral que está implantando México se compara con el de Bolivia, algunos estados de Estados Unidos y Suiza.
El domingo se elegirán 881 puestos federales, incluidos nueve jueces de la Corte Suprema, y 1.800 puestos para tribunales locales. Los mexicanos también designarán a los jueces que conformarán el Tribunal Electoral y el recién creado Tribunal Disciplinario (que recibirá las quejas contra el Poder Judicial). La lista alcanza los 3.422 candidatos.
A diferencia de las elecciones tradicionales, los partidos políticos no pueden participar en las elecciones ni apoyar públicamente a los candidatos; Quien solicite un puesto también deberá financiar su propia campaña. Está prevista una segunda elección para cargos judiciales en 2027.
Mientras el partido de Gobierno critica al Poder Judicial por su impunidad y nepotismo, la oposición sostiene que unas elecciones de ese tipo podrían conducir a la creación de un régimen autoritario que controle todos los niveles de poder.
Entidades vinculadas al derecho también critican el proceso. La asociación Jufed (de jueces federales) afirma que los votantes no elegirán a personas con experiencia, sino a candidatos apoyados por el gobierno y el crimen organizado.
La directora nacional de la entidad, Juana Fuentes, dijo en un comunicado que transmitió a los observadores internacionales de la OEA (Organización de los Estados Americanos) su preocupación de que las elecciones puedan ser una maniobra para cooptar al Poder Judicial.
“[Se empleó una estrategia] sistemáticamente diseñada por Morena, con la complicidad del gobierno federal, para manipular y comprar votos”, señala la nota. «Se trata de desmantelar el único poder que actualmente actúa como contrapeso».
La ONG Defensorxs realizó una encuesta entre los candidatos y consideró a 21 de alto riesgo. Las acusaciones van desde sospechas de nepotismo, como la de un candidato con diez familiares en el Poder Judicial, hasta un candidato que fue arrestado en Estados Unidos por posesión y venta de drogas.
Una de las candidaturas más polémicas es la de Silvia Delgado, ex abogada defensora del notorio narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán y quien se postula para juez penal en Chihuahua, uno de los estados donde el cártel de Sinaloa aún es poderoso.
Al ser cuestionada sobre el asunto, dijo a la prensa internacional que simplemente estaba haciendo su trabajo y que le brindó a El Chapo «la misma defensa que le daría a cualquier otro acusado».
Organizaciones de derechos humanos también han expresado preocupación por una supuesta falta de buenas metodologías en la selección de jueces. Antes de la reforma, los jueces y magistrados eran elegidos mediante un proceso de selección realizado por el Consejo Federal de la Judicatura, que sometía a los candidatos a un examen para medir su idoneidad para el cargo.
También existe el temor de que la reforma judicial afecte las inversiones internacionales, debido a la posibilidad de politización del sistema de justicia.
Un juez electo puede decidir sobre cuestiones importantes como la custodia de menores, la extradición de narcotraficantes y la protección de los derechos individuales.
En México el voto no es obligatorio y las encuestadoras esperan una participación de hasta 20%, mientras que las últimas elecciones presidenciales, en las que salió victoriosa Sheinbaum, tuvieron una participación de 61%.
