El famoso convenio de privatización de la solución del agua, suscrito vía Asociación Público-Privada (APP) entre la Alcaldía de Santa Marta D.T.C.H., el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Vivienda, se ha convertido en un verdadero enigma institucional.

Tan opaco ha sido el manejo del acuerdo que el Concejo Distrital se vio obligado a recurrir a la Proposición 145, con la cual busca abrir el debate y exigir al alcalde, a las entidades nacionales involucradas y al Gobierno detalles del contenido, los alcances y las implicaciones reales de dicho convenio.

¿Qué se está negociando a puerta cerrada?

¿Por qué tanto misterio?

La comunidad, líderes sociales y concejales han levantado la voz ante lo que consideran un proceso sin transparencia, que podría significar la entrega del manejo del agua a manos privadas sin consulta pública ni discusión técnica previa.

Y la pregunta llega directamente al presidente Gustavo Petro y al director de la ANI, Gustavo Bolívar: ¿Por qué no se ha socializado este convenio con los ciudadanos? ¿Por qué se firma a espaldas del Concejo y del pueblo samario?

Procuraduría, ¿y la vigilancia preventiva?

A la Procuraduría General de la Nación también se le exige intervenir de manera preventiva para revisar si se están vulnerando los principios de transparencia, participación ciudadana y control político, ya que el contrato se firmó sin pasar por revisión en el Concejo ni en espacios públicos de consulta.

La APP, presentada como la “solución definitiva” a la crisis hídrica de Santa Marta, podría esconder compromisos financieros y concesiones a largo plazo que afectarían directamente las tarifas y el acceso al servicio para miles de familias.