A pesar de haberse cumplido el plazo constitucional para que el Senado de la República se pronunciara sobre la propuesta de consulta popular presentada por el presidente Gustavo Petro, hasta la fecha no ha habido un pronunciamiento formal conforme lo exigen la Constitución Política y la ley.
De acuerdo con el artículo 104 de la Constitución, es necesario un concepto previo del Senado para convocar una consulta popular nacional. Además, la Ley 1757 de 2015 establece que el Senado debe pronunciarse sobre la conveniencia de dicha convocatoria. Sin embargo, en la sesión correspondiente, el procedimiento seguido ha dejado múltiples dudas sobre la legalidad del trámite.
Durante la sesión en cuestión, ni el presidente del Senado ni el secretario utilizaron los términos clave «concepto» o «conveniencia». En su lugar, se procedió a una votación sin claridad sobre el sentido de la misma. Incluso, ante la confusión generalizada, el presidente del Senado solicitó en dos ocasiones al secretario que explicara el sentido del voto, sin obtener una respuesta clara.
El resultado final arrojó 47 votos por el sí y 49 por el no, sin especificar si se trataba de un pronunciamiento formal sobre el concepto favorable o desfavorable de la consulta popular. A raíz de esta ambigüedad, varios congresistas manifestaron confusión respecto a qué se estaba votando. El senador Edgar Díaz, por ejemplo, inicialmente dijo haber votado «sí», pero luego aclaró públicamente que su voto fue «no».
Esta situación contrasta con precedentes como el de la consulta popular anticorrupción de 2018, en la cual el Senado sí expresó explícitamente un «concepto favorable», con 84 votos a favor y ninguno en contra, conforme lo exige la normativa vigente.
Dado que el Senado no ha cumplido con su deber legal de pronunciarse formalmente dentro del plazo de un mes, algunos juristas sostienen que el presidente podría ahora convocar la consulta popular por decreto, como lo contempla la ley en ausencia de pronunciamiento del Congreso.
Esta omisión ha generado fuertes críticas, especialmente desde sectores que consideran que se está impidiendo la participación ciudadana sobre temas cruciales, como los derechos laborales. “Dicen querer al pueblo, pero le niegan el derecho a participar”, denunciaron voceros del Ejecutivo.
Con esta controversia en desarrollo, el país entra en un nuevo episodio de tensión institucional que podría llegar a la Corte Constitucional, mientras el presidente Petro evalúa sus próximas acciones.
