La Contraloría General de la República ha puesto en marcha una profunda investigación para esclarecer las causas detrás de la significativa reducción en el recaudo de impuestos registrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para ello, ha implementado un nuevo laboratorio forense que ha recopilado más de 8 millones de datos, con el fin de analizar posibles irregularidades y detectar maniobras ilícitas.
Este descenso en el recaudo ha generado un importante impacto fiscal, con un déficit que algunos análisis estiman podría superar los 40 billones de pesos. Ante este panorama, la Contraloría ha enfocado sus esfuerzos en examinar especialmente a los grandes contribuyentes, donde se han identificado reportes inconsistentes y potenciales casos de evasión tributaria.
Juan Camilo Zuluaga, director de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría, señaló que esta iniciativa permitirá realizar análisis técnicos avanzados sobre evidencias digitales, reconstrucción de transacciones financieras y la identificación de patrones sospechosos, lo que facilitará la detección de posibles desvíos de recursos públicos.
Además, el Laboratorio Forense analizará el manejo de información en sistemas como el Modelo Operativo de Prospectiva y Seguimiento (MOPUS), para determinar riesgos y fallas en la gestión tributaria.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ha anunciado un aumento en la retención en la fuente, que pasará de 0.55% a 1.2% a partir del 1 de junio de 2025, como medida anticipada para mejorar el recaudo y equilibrar las finanzas públicas. Este pago adelantado se descontará de la retención correspondiente al próximo año, generando inquietud entre el sector empresarial.
La investigación de la Contraloría es parte de un plan integral que también evalúa la actuación del Ministerio de Hacienda y el Consejo Superior de la Política Fiscal, con el objetivo de fortalecer la gestión y evitar que las finanzas públicas se vean afectadas por la evasión y la falta de control.
Este esfuerzo demuestra el compromiso de las autoridades con la transparencia y la correcta administración de los recursos del Estado, en busca de garantizar una mayor eficiencia en el sistema tributario colombiano.
