El Decreto 033 de 2025 otorga a la Agencia Nacional de Tierras un derecho preferencial de compra sobre predios rurales en zonas priorizadas para la reforma agraria, desatando alarma por posibles vulneraciones a la propiedad privada.
Grave preocupación ha generado en diversos sectores del país la reciente expedición del Decreto 033 de 2025, una norma del Gobierno Nacional que establece que los propietarios de predios rurales ubicados en zonas priorizadas para la reforma agraria deberán informar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) antes de adelantar cualquier trámite de compraventa. La medida, que busca facilitar el acceso a la tierra para fines de utilidad pública, ha sido interpretada por algunos sectores como un intento encubierto de expropiación, lo que encendió el debate sobre el respeto al derecho fundamental a la propiedad privada.
Según la disposición oficial, la ANT contará con 15 días hábiles para decidir si hace uso o no de una opción de compra preferencial, lo que significa que podrá adquirir el predio bajo las mismas condiciones pactadas entre comprador y vendedor, siempre que el precio no supere el avalúo comercial. La medida aplicará a predios que superen las dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF) o que hayan sido adjudicados hace más de 15 años, ubicados en municipios priorizados por el Ministerio de Agricultura.
“Los ciudadanos deberán informar a la Agencia Nacional de Tierras, previo a iniciar el proceso de escrituración sobre los negocios jurídicos que dispongan o prometan disponer del derecho real de dominio sobre los predios (…) para que dicha entidad pueda ejercer la opción privilegiada de compra”, se lee en la circular remitida por la Superintendencia de Notariado y Registro a todos los notarios del país el pasado 29 de mayo.
La decisión ha sido calificada por algunos usuarios de redes sociales como un “zarpazo a la propiedad privada”, en particular del sector rural colombiano. En plataformas como X (antes Twitter), se ha viralizado un comentario que reza: “Ojo Colombia! Muy grave! Zarpazo a la propiedad privada en el país! (…) Este es el primer golpe a la propiedad privada rural! ¿Nos dejaremos meter la expropiación?”.
Si bien desde el Gobierno se insiste en que no se trata de una medida de expropiación, sino de una herramienta para agilizar la redistribución de tierras en zonas estratégicas para el desarrollo rural, la falta de una discusión pública previa y la forma en que se impone el deber de notificación han generado dudas jurídicas y sociales. Organizaciones gremiales, propietarios, e incluso expertos en derecho, temen que esta facultad pueda convertirse en una forma velada de intervencionismo estatal.
En entrevista con medios nacionales, abogados especialistas en derecho inmobiliario han advertido que este tipo de normas pueden sentar precedentes preocupantes. “Lo que estamos viendo es una intervención directa en el mercado de tierras que, aunque revestida de legalidad, puede llegar a afectar gravemente el principio de libertad contractual y el derecho a la libre disposición del patrimonio”, comentó uno de ellos.
Además, la circular establece que al momento de iniciar el proceso de escrituración será obligatorio presentar alguno de los documentos que prueben el cumplimiento del nuevo requisito. “Se deberá exigir a los ciudadanos que pretendan realizar actividades de transferencia de dominio sobre los inmuebles ubicados en los municipios señalados en esta circular (…) que se aporte cualquiera de los siguientes documentos (…) ya que son estos los que prueban que se cumplió el requisito de agotar la opción privilegiada de compra”, concluye el texto oficial.
Mientras tanto, asociaciones de ganaderos y agricultores ya han comenzado a movilizarse para exigir la revisión del decreto. Para muchos, el temor no es infundado: se trata del primer paso hacia un modelo de administración agraria en el que los derechos individuales puedan ceder ante objetivos colectivos sin el debido equilibrio.
Por ahora, la medida aplica únicamente a ciertas regiones catalogadas como estratégicas para la implementación de la reforma rural integral, pero los expertos temen que, si no se establecen salvaguardas claras, esta opción de compra preferencial pueda extenderse y consolidarse como una forma indirecta de restricción a la propiedad rural en Colombia.
Y.A.
