Fenalco rechaza nuevo decreto de retención en la fuente: “Una reforma tributaria disfrazada que asfixia a las empresas”

El gremio califica el decreto 572 de 2025 como un golpe al capital de trabajo y a la planeación financiera del empresariado colombiano, acusando al Gobierno de mezclar irresponsabilidad fiscal con oportunismo político.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) lanzó una dura crítica al decreto 572 de 2025, expedido en la noche del jueves por el Gobierno Nacional, el cual modifica el esquema de retención en la fuente y obliga a las empresas a realizar pagos anticipados de impuestos correspondientes al año 2026. En palabras de Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, se trata de una “reforma tributaria disfrazada, desesperada y descarada” que pone en riesgo la salud financiera del sector productivo.

“El decreto es un verdadero ‘Frankenstein tributario’ que desnaturaliza la figura original de la retención en la fuente. Esta fue concebida como un mecanismo de control y recaudo de impuestos, no como una herramienta de recaudo anticipado para cubrir déficits generados por la mala gestión estatal”, afirmó Cabal. Según él, esta nueva disposición exige que las empresas, ya sobrecargadas por el peso fiscal, desembolsen recursos que aún no corresponden a su periodo contable, lo cual afecta gravemente su capital de trabajo y la planeación financiera a mediano y largo plazo.

Fenalco advierte que el decreto implica que los empresarios deberán adelantar pagos para cubrir una vigencia fiscal aún lejana, sin que haya claridad ni justificación técnica que sustente semejante medida. “Se exige pagar anticipadamente obligaciones que corresponderían al año 2026 para satisfacer el apetito de un Gobierno que se ha mostrado ineficiente en la ejecución del gasto público y muy efectivo para contratar burocracia”, sentenció el dirigente gremial.

La organización, que representa al comercio formal del país, considera que esta iniciativa se enmarca en una línea de decisiones erráticas por parte de una administración que, según Cabal, está “acosada por escándalos de corrupción, comprometida políticamente con una burocracia creciente y que confunde la técnica económica con la terquedad ideológica”.

Uno de los aspectos que más preocupa a Fenalco es la afectación directa sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que constituyen el grueso del tejido empresarial en Colombia. “Esta figura impuesta no solo desconoce la realidad financiera de las empresas, sino que además convierte al sector productivo en financiador forzoso del Estado, sin recibir nada a cambio. Es una fórmula peligrosa que combina irresponsabilidad fiscal con oportunismo político”, denunció Cabal.

Además del impacto financiero inmediato, Fenalco advierte que el decreto afectará de manera significativa los cálculos de ingresos proyectados para el año siguiente, lo que podría ocasionar un déficit fiscal incluso más grave que el que se prevé dejará la administración del presidente Gustavo Petro.

El gremio lamentó la forma en que fue expedido el decreto, calificándolo como una acción realizada “en la oscuridad de la noche”, sin el debido proceso de consulta ni análisis técnico. Para Fenalco, este proceder no solo vulnera la confianza empresarial, sino que también lanza un mensaje negativo al sector privado sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad del entorno económico.

“La caja de las empresas no puede ser la solución para un Estado que no ha sabido administrar sus recursos. Exigir pagos por ingresos que aún no se han devengado es no solo injusto, sino económicamente inviable. Se está hipotecando el presente y futuro de muchas compañías para tapar los errores del Gobierno”, concluyó el presidente de Fenalco.

La organización gremial reiteró su llamado a revisar urgentemente esta medida y a entablar un diálogo serio con el sector empresarial antes de continuar adoptando políticas que, lejos de estimular la economía, amenazan con debilitarla aún más. Para Fenalco, es imperativo que las decisiones fiscales se fundamenten en la técnica y no en necesidades políticas inmediatas que podrían tener efectos devastadores para la productividad, el empleo y el desarrollo del país.

Y.A.